El sistema de compras públicas de medicamentos en México se ha convertido, durante los últimos siete años, en un laboratorio de experimentos fallidos. Lo que comenzó como una cruzada moral para erradicar la corrupción terminó siendo un proceso de improvisaciones, decisiones políticas sin sustento técnico y una cadena interminable de errores administrativos. El resultado es un sistema sanitario debilitado, donde los pacientes han sido los grandes perdedores de una estrategia que confundió transparencia con burocracia y eficiencia con control absoluto.
Todo comenzó en 2019, cuando Raquel Buenrostro, al frente de la Oficialía Mayor de Hacienda, decidió centralizar todas las compras del gobierno federal. Su objetivo era acabar con los intermediarios y las prácticas corruptas en las licitaciones. Sin embargo, el nuevo esquema no contaba con una estructura operativa capaz de reemplazar al sistema anterior. Se cortó de tajo a los distribuidores privados sin prever cómo sustituir su función logística. El resultado fue inmediato: desabasto en hospitales, cirugías suspendidas, tratamientos interrumpidos y un caos administrativo sin precedentes.
Ante el desastre, el gobierno optó por delegar las compras a la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), convencido de que un organismo internacional traería transparencia y eficiencia. Pero la UNOPS, acostumbrada a proyectos de infraestructura y cooperación, no logró adaptarse a la complejidad del sistema de salud mexicano. Los tiempos se alargaron, los costos aumentaron y el desabasto continuó. El remedio fue peor que la enfermedad: la burocracia internacional resultó más lenta y costosa que la nacional.
Después llegó el turno del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), creado con la promesa de garantizar atención médica gratuita y medicamentos para todos. Le dieron poder absoluto sobre las compras, pero sin controles ni capacidades técnicas. Las licitaciones se retrasaron, los contratos se asignaron a empresas sin experiencia, y los escándalos por sobreprecios e incumplimientos se multiplicaron. El Insabi terminó ahogado en denuncias, irregularidades y promesas rotas.
Cuando el IMSS intentó recuperar la coordinación de las compras consolidadas, el panorama ya era crítico. Los conflictos internos y la intromisión política impidieron cualquier intento serio de reestructuración.
En ese momento aparecieron actores como Fernando Padilla Farfán, empresario cercano a Adán Augusto López, quien se convirtió en operador clave de contratos y proveedor preferente de algunas dependencias. La politización del abasto fue total: las decisiones técnicas pasaron a segundo plano frente a los intereses partidistas.
Ante el derrumbe, el gobierno apostó por una nueva carta: Birmex, una empresa paraestatal con experiencia en vacunas, pero sin trayectoria en compras públicas masivas. La encomienda fue monumental: centralizar de nuevo el sistema, garantizar el abasto nacional y demostrar que el Estado podía ser eficiente. Sin embargo, desde su arranque, los resultados fueron parciales y los errores estructurales se repitieron. Birmex heredó los vicios de sus antecesores: lentitud, falta de planeación y opacidad.
La presidenta Claudia Sheinbaum, consciente del desastre heredado, intenta ahora reconstruir ese sistema. En su primer informe aseguró que el abasto de medicamentos en el IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar supera el 90%. Pero ese número esconde una realidad más compleja: pasivos financieros por más de 14 mil millones de pesos, una lista de 32 empresas incumplidas y una red de proveedores que continúan participando en licitaciones sin sanción alguna. El discurso del “abasto garantizado” se sostiene en cifras optimistas, no en hechos comprobables.
El fracaso de las compras públicas no es un episodio aislado, sino la consecuencia de una política que sacrificó la gestión técnica en nombre del control político. Centralizar sin planeación, sustituir especialistas por improvisados y confundir austeridad con desmantelamiento institucional fue la receta perfecta para la crisis que hoy persiste.
El corazón del problema está en la falta de planeación y rendición de cuentas. Las licitaciones se publican con retraso, los hospitales envían sus requerimientos fuera de plazo y los contratos se adjudican sin evaluar la capacidad real de los proveedores. En el primer ejercicio de compra consolidada de Birmex solo se adjudicaron 399 de 575 claves; en el segundo, 269 de 280. Las cifras evidencian un sistema que opera a medias, con vacíos que repercuten directamente en farmacias hospitalarias.
El modelo de subasta inversa, diseñado para obtener mejores precios, terminó premiando las ofertas más baratas sin considerar su viabilidad. Varias empresas ganaron licitaciones con costos irreales que después no pudieron sostener. Los contratos se incumplieron, las entregas se retrasaron y los pacientes quedaron atrapados entre el discurso del ahorro y la realidad del desabasto.
En septiembre, el gobierno federal publicó una lista de 32 empresas que no cumplieron con sus entregas. Algunas, como Bioxintegral, registraron un 100% de incumplimiento; otras —Productos Farmacéuticos Serral, Comercializadora UCIN o Eurofarma de México— superaron el 50%. Se dio plazo hasta el 30 de septiembre para regularizarse, pero a la fecha no hay información pública sobre quiénes cumplieron ni qué sanciones se aplicaron. La impunidad sigue siendo la constante.
El subsecretario de Salud, Eduardo Clark, asegura que “el abasto se está normalizando” y que las irregularidades son menores. Pero no existen reportes públicos que respalden esa afirmación: sin auditorías disponibles ni inventarios actualizados, el discurso oficial se sostiene más en percepciones que en evidencia.
A la opacidad se suma una paradoja financiera: el Estado presume eficiencia mientras acumula deudas con proveedores. La presión de caja expulsó a pequeños laboratorios y distribuidores, redujo la base de oferta y concentró riesgos. En los hospitales públicos, la falta de medicamentos obliga a los médicos a improvisar tratamientos o cancelar cirugías. El derecho a la salud se diluye frente a la incapacidad administrativa.
En medio de este panorama, llega un giro que reconfigura de nuevo el tablero: a partir del próximo año no participarán distribuidores; solo concursarán fabricantes. La decisión de Birmex, comunicada a la industria para su agenda 2026–2027, ha encendido todas las alertas. No es un simple ajuste técnico: implica desmontar la red logística que —con sus claroscuros— sostuvo la última milla del abasto en todo el país.
El calendario ya está trazado: prebases el 1 de noviembre de 2025; periodo de observaciones entre noviembre y enero de 2026; fallo en mayo de 2026. En paralelo, Birmex asumirá un papel aún más central: comprador único, operador logístico y administrador de contratos, con partidas presupuestales propias a partir de 2026 y facturación adelantada bajo la promesa de pagos más ágiles.
Pero la realidad financiera choca con el plan. Los adeudos acumulados en salud suman 19,615 millones de pesos: IMSS-Bienestar concentra ~72%, ISSSTE ~12%, IMSS ~2% y el resto corresponde a hospitales estatales y dependencias federales. Entre 2023 y 2025, la deuda se multiplicó por 15 —de 789 millones a más de 11,800 millones—. Sin saneamiento de pasivos, cualquier promesa de “flujo rápido” luce endeble.
Hay además un riesgo regulatorio internacional que podría convertirse en “tormenta perfecta”: observaciones recientes de la FDA a una planta de Hetero Labs (India), matriz de Amarox Pharma S.A. de C.V. —proveedora clave de genéricos en el sector público mexicano—. Si esas observaciones derivaran en suspensión temporal, el impacto sería inmediato en México, justo cuando el gobierno busca excluir a distribuidoras locales como Proquigama y Proquímica, canales mediante los cuales Amarox comercializa hoy. El nuevo esquema sin distribuidores, combinado con un shock de producción en origen, pondría en jaque antibióticos, oncológicos y otras terapias esenciales.
La relación Amarox–Hetero está documentada en registros de importación y presencia industrial (Civac, Morelos), y su peso en claves estratégicas explica la inquietud de mercado. Por eso, Canifarma ha convocado un encuentro con autoridades del sector para intentar mitigar riesgos: pagos puntuales, certidumbre regulatoria, reglas claras y —sobre todo— una discusión franca sobre si eliminar a los distribuidores en este momento es prudente o suicida.
Quitar a los distribuidores puede sonar atractivo en PowerPoint: menos “intermediarios”, más márgenes, cadena “simplificada”. En la práctica, equivale a asumir —de golpe— toda la logística de última milla: rutas capilares a zonas rurales, entregas fraccionadas, gestión de temperatura en cadena fría, sustituciones emergentes y trazabilidad. Eso es experiencia, flota, almacenes, sistemas y personal. No se improvisa.
Si Birmex quiere ser comprador único y operador logístico nacional, primero debe cumplir condiciones mínimas: 1) sanear pasivos y establecer un régimen de pagos en 30–45 días; 2) publicar inventarios y tableros de abasto por institución y por clave; 3) firmar acuerdos de continuidad con fabricantes para cobertura ante shocks (calidad, regulatorios, fuerza mayor); 4) incorporar criterios de capacidad y rendimiento histórico en la adjudicación (no solo precio); 5) desplegar contratos marco con cláusulas de penalización y garantías de suministro; 6) mantener, al menos transitoriamente, operadores logísticos certificados donde no exista capacidad pública.
Un rediseño serio distingue entre intermediación rentista (que debe erradicarse) y operación logística especializada (que debe aprovecharse bajo reglas y auditorías). Eliminar por decreto a todos los distribuidores ignora esa diferencia y confunde el problema: no es quién entrega, sino con qué estándares, métricas y consecuencias.
El laboratorio de las compras públicas dejó una lección dolorosa: la improvisación y la ideología no sustituyen la técnica. El Estado quiso reinventar el sistema sin entenderlo, y terminó desmantelando lo poco que funcionaba. En nombre de la honestidad, se perdió la eficiencia; en nombre del control, se destruyó la capacidad operativa.
Hoy, el reto no es menor. Claudia Sheinbaum debe enfrentar la herencia de un modelo agotado, pero también resistir la tentación de repetir sus errores. La salud no puede seguir siendo rehén de la política ni de la propaganda. La transparencia no se mide con discursos, sino con resultados tangibles: medicamentos en los hospitales y pacientes atendidos a tiempo.
Reconstruir el sistema exige decisiones valientes: sancionar a los proveedores incumplidos, auditar los procesos de punta a punta, eliminar el centralismo improductivo y devolver a las instituciones su autonomía técnica. La corrupción no se combate con ocurrencias, sino con planeación, control y responsabilidad pública.
México necesita un Estado que garantice medicamentos como garantía de vida, no como bandera política. Un sistema que funcione con rigor, transparencia y humanidad. Porque un país que no puede abastecer sus hospitales no puede llamarse justo, ni mucho menos sano.
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