LUEGO DE que grupos delincuenciales –aliados con algunos personajes políticos de la zona-, balearon la vivienda del alcalde de Banderilla, José Antonio Sangabriel Fernández –quien no ganó la elección de Junio de 2025, sino que rindió protesta tras la muerte repentina del propietario electo, Arnulfo Rodríguez González la tarde-noche del viernes 18 de julio de aquel año, víctima de un infarto cuando conducía su vehículo por la Avenida Lázaro Cárdenas de Xalapa-, queda claro para el resto de los munícipes o para quienes aspiren a un cargo de elección popular, que no deben hacer acuerdos subrepticios a priori con grupos de poder, incluidos los fácticos –que son los más peligrosos-.. Y es que, tras la muerte de Rodríguez González –según reflejan las indagatorias judiciales-, ciertos grupos exigieron al sucesor –que era el suplente-, el cumplimiento de compromisos, y este les ha respondido que con él no fue el trato y, por tanto, no tiene por qué ceder a presiones y hasta amenazas. No es secreto que los acuerdos a priori entre candidatos a alcaldes y grupos de poder (fácticos) en México, particularmente de cara a procesos electorales como los de 2024 y 2025, se han consolidado como un factor estructural que debilita la democracia local y subordina las instituciones municipales a intereses particulares. Estos pactos, muchas veces coercitivos, buscan controlar tesorerías, direcciones de obra pública, proveedurías y la seguridad municipal. Y eso, según las indagatorias ocurrió en Banderilla a la media noche del lunes, cuando la vivienda del munícipe, José Antonio Sangabriel Fernández, fue baleada por desconocidos, recibiendo dos impactos de bala procedentes de un presunto coche gris en movimiento, reportándose daños en la puerta de la vivienda y en el cristal, acción no pasó a mayores. Y aunque algunos buscan ligar la agresión con grupos de la delincuencia organizada, lo cierto es que los balazos pudieron proceder de particulares a quienes la nueva autoridad no les ha concedido propuestas que habrían pactado, entre otras la comandancia municipal de policía o, incluso, la tesorería u obras públicas.
LO CIERTO es que de haber sido la delincuencia organizada quienes cometieron la agresión, seguramente el Presidente Municipal habría sido herido o, incluso, asesinado, como ha ocurrido con otros tantos alcaldes a los que han segado la vida en un momento de descuido o en cualquier sitio donde se tornan vulnerables. En el caso que nos ocupa, se trató acaso de darle un susto mediante advertencia armada, a la luz de las sombras para no ser identificados los autores que no eran tiradores con experiencia. Tampoco es secreto que los grupos de la delincuencia organizada buscan incidir directamente en las elecciones, a menudo mediante amenazas o alianzas, imponiendo candidatos afines a sus intereses. En estados como Veracruz, por ejemplo, se ha documentado que entre cinco y siete cárteles compiten por el control territorial, presionando a candidatos a renunciar o pactar, pero difícilmente los asesinan, sino que en muchos casos son revanchas políticas las que terminan con sus vidas, como ha quedado demostrado en varias partes de la Entidad. Es verdad, también, que el crimen organizado financia campañas a cambio de control futuro en las administraciones municipales, de tal suerte que se acuerda la entrega de la policía municipal, tesorería y la dirección de obras públicas a personas de confianza impuestas por los grupos de poder.
SIN EMBARGO, la violencia política registra asesinatos de candidatos, aspirantes y dirigentes, siendo las elecciones recientes de las más violentas con reportes de más de 400 candidatos a puestos municipales en la Entidad, expresando temor o amenazas en 2025. Se destaca que la debilidad de los gobiernos municipales frente a la violencia y la corrupción facilita que estos grupos dominen las alcaldías y, en ese sentido se han detectado e impugnado candidaturas ligadas al crimen organizado o con perfiles cuestionables, incluyendo casos de personas con antecedentes de tráfico de drogas o vinculadas a organizaciones criminales impulsadas por grupos políticos regionales. En ese tenor, se observan focos rojos de seguridad en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Guerrero y Chiapas, donde los grupos fácticos intervienen de manera crítica. En Veracruz, se reportaron decenas de candidatos amenazados o que renunciaron debido a la inseguridad. La ineficacia en la lucha contra esos poderes fácticos, que incluyen caciques, sindicatos y crimen organizado resulta en la ruptura de normas democráticas, y la consolidación de modelos de gobierno subordinados a la delincuencia. La agresión contra la vivienda del alcalde, suponen los investigadores, fue orquestada por grupos políticos desplazados por la nueva administración, aliados acaso a poderes fácticos. Muchas cosas habrán de verse en la otrora tranquila Banderilla en los días por venir…
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PAN, PRI y PT (este último aliado nacionalmente, aunque desaliado de MoReNa en la Entidad), son los tres partidos más afectados por el instituto guinda tras las elecciones de Junio de 2025, quien fue rebasado en las urnas por Movimiento Ciudadano. En ese tenor, aunque los dirigentes estatales del PRI, PAN y PT califican a los dirigentes estatales de Morena y PVEM, Esteban Ramírez Zepeta y Edgar Herrera Lendechi, de carroñeros, lo cierto es que al menos diez alcaldes veracruzanos que fueron postulados por fuerzas políticas de oposición abandonaron sus partidos tras las elecciones de junio de 2025, para integrarse al Movimiento de Regeneración Nacional y a su aliado el Partido Verde, y entre estos se encuentran Ranferi Plata Rodríguez, de Jesús Carranza, que llegó por el PAN y posteriormente se sumó a Morena, así como Reyna Lorenzo Cruz, de Santiago Sochiapan, que se integró al PVEM. Al respecto, Ramírez Zepeta confirmó que en junio también se incorporó Josué Sánchez Salazar, alcalde electo de Chumatlán, que renunció al PAN el 26 de junio de 2025, días después de ganar la elección. Ese mismo día se informó que Miguel Ángel Grajales Mateo, que compitió como independiente en Zaragoza, se sumó al proyecto de la Cuarta Transformación. En julio se reportó la adhesión a Morena de la entonces alcaldesa electa de Lerdo de Tejada, Flor María Sosa Zamudio, así como de Martín Meraz Argüelles, de Tempoal, y Vicente Cuéllar Contreras, de Jalacingo, quienes habían sido abanderados por el Partido del Trabajo (PT). A ellos se agregan Jorge Luis del Ángel Delgado, de Ozuluama que ganó por el PRI, y José Luis González Hernández, de Pajapan, postulado por el PT, ambos ahora en Morena. También dejó el PRI el alcalde de Cosautlán de Carvajal, Pablo Martínez Ortiz para incorporarse a la 4T. Sobre estos hechos, las dirigencias opositoras han reaccionado con críticas, como el dirigente estatal del PAN, Federico Salomón Molina que calificó a Morena y sus aliados como “carroñeros”. Lo cierto es que los Morenos se quejan del famoso PRIAN, y ahora están reciclando alcaldes del PAN a quienes ningunearon y patearon, y eso, se quiera o no aceptar, es muy carroñero y sadomasoquista”. Desde el PT, su coordinador estatal, Vicente Aguilar reclamó la salida de sus ex abanderados. Ciertamente, la política es ingrata, pero también demuestra que los partidos agarran lo que sea con tal de ganar, y ahí están las consecuencias, y lo que está por venir, pues sin recursos nadie sobrevive, y eso los saben los Presidentes Municipales que prefieren ser ingratos antes que arriesgar su futuro. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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