Por Miguel Ángel Cristiani G
Hay gestos políticos que parecen meramente protocolarios, pero que, leídos con lupa, revelan intenciones, prioridades y, a veces, advertencias. La decisión de la gobernadora Rocío Nahle García de acudir personalmente a cuatro tomas de protesta municipales no es un asunto menor ni una simple agenda de fin de año. Es, en realidad, un mensaje político cuidadosamente calculado, dirigido tanto hacia dentro de su partido como hacia el resto del mapa político veracruzano.
Xalapa, Veracruz puerto, Coatzacoalcos y Poza Rica. No son municipios cualesquiera. Son nodos de poder económico, político y simbólico. Capital administrativa, principal puerto del estado, bastión histórico del sur petrolero y una ciudad marcada por la conflictividad política y social. Ahí estará la gobernadora. No en todos. No de manera indiscriminada. En los estratégicos. En los que importan.
La narrativa oficial habla de “representación institucional” y “respeto al mandato ciudadano”. Suena correcto, casi impecable. Pero la política no se explica solo con boletines. Se explica con contexto, antecedentes y memoria histórica. Y en Veracruz, la memoria pesa.
Desde hace décadas, los gobernadores han utilizado las tomas de protesta municipales como termómetro de control político. Quien acompaña, respalda. Quien no, observa desde la distancia. En este caso, la presencia directa de la titular del Ejecutivo estatal en municipios gobernados por Morena no solo confirma una afinidad partidista obvia; refuerza una línea de conducción política: unidad interna, disciplina y mensaje de respaldo a cuadros considerados clave para el proyecto en curso.
El caso de Coatzacoalcos es revelador. Pedro Miguel Rosaldo García no es un alcalde más. Es un hombre formado en la administración estatal, cercano a la gobernadora, con experiencia en el manejo de recursos públicos. Su triunfo electoral, con cerca de 40 mil votos, le da legitimidad de origen; la presencia de Nahle le otorga legitimidad política. El mensaje es claro: aquí hay confianza, pero también expectativa. Coatzacoalcos ha sido históricamente un municipio complejo, golpeado por la inseguridad, la crisis económica y el desgaste institucional. No hay margen para improvisaciones.
Xalapa representa otra dimensión. La capital del estado ha sido, durante años, un laboratorio político. Daniela Griego Ceballos llega con un perfil técnico, formación académica sólida y experiencia en una de las áreas más sensibles del aparato estatal: las pensiones. Su cabildo plural —con presencia de Morena, MC, PRI, PAN y PVEM— anticipa una administración que deberá negociar, conciliar y gobernar sin mayorías automáticas. La gobernadora, al acompañarla, no solo respalda a la alcaldesa electa; se coloca como garante de gobernabilidad en una ciudad donde el desgaste político suele ser rápido y costoso.
El puerto de Veracruz merece un capítulo aparte. Que Morena gobierne por primera vez el municipio de mayor presupuesto y padrón electoral del estado no es un dato anecdótico: es un parteaguas. Rosa María Hernández Espejo ganó con contundencia, duplicando a su rival más cercana. Su perfil periodístico y legislativo contrasta con la tradición política del puerto, históricamente dominado por el PAN. La presencia de la gobernadora ahí es un mensaje de conquista política, pero también de responsabilidad. Gobernar el puerto no admite errores ni frivolidades: cada decisión tiene impacto estatal.
Poza Rica, en cambio, simboliza la fragilidad del sistema electoral y la complejidad de la gobernabilidad local. Una elección impugnada, resuelta en tribunales, deja heridas abiertas. Janet Adanely Rodríguez encabezará un cabildo plural, diverso y potencialmente conflictivo. La gobernadora acude no solo a una toma de protesta, sino a una zona de riesgo político. Ahí, su presencia es un intento de cierre, de legitimación y de contención.
¿Y el resto de los municipios? Serán atendidos por secretarios de despacho. Formalmente correcto. Políticamente revelador. No todos pesan lo mismo. No todos envían el mismo mensaje. En política, la agenda también jerarquiza.
Nada de esto es ilegal ni ilegítimo. Es política en estado puro. Lo cuestionable no es la asistencia, sino lo que vendrá después. Veracruz no necesita solo fotos, discursos y cortesías institucionales. Necesita resultados. Seguridad, servicios públicos eficientes, transparencia, respeto a la legalidad y gobiernos municipales que entiendan que el poder no es patrimonio partidista, sino mandato ciudadano.
La gobernadora tiene derecho a acompañar, pero también la obligación de exigir. Porque el verdadero acto de protesta no ocurre el 30 o 31 de diciembre, sino cada día que un ciudadano exige que su gobierno funcione. Ahí, en la gestión cotidiana, se medirá si estas ceremonias fueron el inicio de una nueva etapa o solo otro ritual del poder.
El protocolo pasa. Los problemas se quedan. Y la historia, siempre implacable, termina pasando factura.
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