Pues por lo pronto, ya no se cumplirá con lo prometido en campaña por los diputados, senadores y hasta el mismísimo presidente de la república, respecto a eliminar la figura del fuero que protege a funcionarios públicos para que no puedan ser juzgados y encarcelados por algún delito que cometan.
En la sesión de la Cámara de Diputados federal el dictamen para eliminar el fuero al presidente de la república, senadores, diputados, gobernadores y hasta presidentes municipales, se atoró cuando era discutido para su aprobación en lo particular.
Todo iba muy bien en la aprobación para desaparecer el fuero en lo general, pero cuando se tenía que discutir y aprobar determinados artículos en lo particular, los diputados de MORENA que aunque tienen mayoría, no alcanzaron la llamada mayoría calificada, es decir las dos terceras partes de los y las diputadas en la Cámara, para poder aprobar la eliminación del fuero.
En lo general, el dictamen pasó con 469 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, pero en lo particular la votación fue con 280 votos a favor, 171 en contra y 4 abstenciones.
Así, se enviaron al Senado los artículos aprobados en lo general y particular, pero se desecharon los que no lograron la mayoría calificada, como los del fuero.
El grupo parlamentario de Morena acusó al PRI, PAN y Movimiento Ciudadano de impedir la aprobación de la eliminación del fuero, y señalaron que volverán a presentar una iniciativa al respecto en febrero próximo.
Pero resulta que el nuevo dictamen, aunque hablaba de desaparecer la figura del fuero a funcionarios, en realidad lo estaba cambiando por otra figura protectora, llamada “inmunidad constitucional”.
En consecuencia, se estaba tratando de hacer aparecer como que se estaba haciendo un cambio, cuando en el fondo lo que se estaba haciendo era crear otra figura para proteger a los funcionarios públicos que ahora tienen el fuero constitucional.
El cambio de nombre del fuero se aprecia en uno de los artículos rechazados en el que se señalaba que: “El presidente o la presidenta de la República, las y los diputados y senadores, las y los ministros de la Suprema Corte, las y los magistrados del Tribunal Electoral, la o el Fiscal General de la República, las y los consejeros del INE, gozan de inmunidad y, por tanto, no pueden ser privados de su libertad durante el tiempo en que ejercen su cargo, salvo que exista una sentencia condenatoria en su contra…”.
Entonces ahora ningún funcionario público podría ser detenido por la acusación de algún delito, y a través de la también llamada “inmunidad procesal” podría seguir todo el proceso en libertad, “como mecanismo para evitar la persecución política y evitar el riesgo de inestabilidad en la función pública”.
También se precisaba que las y los gobernadores y la o el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, quienes también gozan de inmunidad, serían sujetos de proceso penal por la comisión de delitos federales. Cuando se dicta sentencia condenatoria, el juez comunica a la Legislatura respectiva el retiro de la inmunidad y la separación de cargo.
“Los diputados y los magistrados de los tribunales superiores de justicia de las entidades federativas gozan de inmunidad. Cuando el juez dicta sentencia condenatoria por delitos federales, este mismo comunica al órgano respectivo el retiro de la inmunidad y la separación del cargo del sentenciado”.
Además, la reforma retiraba de la Constitución el fuero que protege a los funcionarios públicos y permitirá juzgar al presidente, gobernadores, funcionarios públicos y legisladores por cualquier delito, “sin necesidad de autorización del Congreso de la Unión o los congresos estatales”.
El fuero permite hasta ahora que ningún funcionario público federal pueda ser juzgado si la Cámara de Diputados no inicia un juicio de procedencia para el retiro de esa protección, lo que se ha constituido en un mecanismo que favorece la impunidad.
La diputada María Alemán Muñoz del PRI, desde la tribuna afirmó que esta reforma era “solo una simulación y un engaño a 30 millones de mexicanos que dieron su confianza a Morena, porque los funcionarios seguirán gozando de privilegios”.
Por su parte el controversial diputado Gerardo Fernández Noroña, del PT-Morena, anunció su voto en contra de la reforma, y argumentó que con esta “vamos a entregar atado de pies y manos al presidente electo a la oligarquía, al Poder Judicial y a los adversarios del pueblo”.
Criticó a la mayoría de Morena por su “irresponsabilidad” y los llamó a que “con esa misma fuerza defiendan la pensión a los adultos mayores a los 65 años” y que no la suba a los 68.
El panista guanajuatense Ricardo Villarreal pidió a Morena que “ojalá y el presidente electo recapacite y deje de decir que perdonará a los corruptos. Eso no solamente es ilegal sino también es inmoral”.
Por lo pronto, el dictamen se regresó a comisiones para su modificación, para que el año entrante, vuelva a ser presentado ante el pleno y sea discutido por los diputados, a ver si ahora si desaparecen finalmente el fuero a funcionarios.
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