Por Miguel Angel Cristiani Gonzalez
Una de las obras estandarte de la administración federal de la Cuatro T es la construcción del llamado Tren Maya, que desde que se anunció su realización, han surgido voces en contra por los impactos que tendrá en la naturaleza de la región, pero ahora hay que agregar nuevos datos, con el informe de la Auditoría Superior de la Federación a la Cuenta Pública del año 2020, ya que tiene más de 267 millones de pesos sin aclarar su destino y podría, además, no estar listo para el año
En el Informe de la Cuenta Pública entregada este fin de semana en la Cámara de Diputados, la Auditoría Superior de la Federación advirtió que un retraso en los estudios de preinversión demoraría el inicio de operaciones del proyecto, previsto para 2023.
Además, la obra se encareció casi 38,000 millones de pesos entre 2019 y 2021.
Entre los señalamientos de la ASF hay varias duplicidades de costos, e incluso el cobro de gastos por licitaciones en contratos que fueron adjudicados de manera directa.
La entrada en operaciones del Tren Maya podría retrasarse más allá de su inauguración oficial, prevista para 2023, de acuerdo con la Cuenta Pública 2020, elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La construcción también acumula montos pendientes por aclarar por más de 267.8 millones de pesos.
Además, el apartado dedicado a los avances en el desarrollo del Tren Maya, a cargo del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), señala que el monto total de inversión para el proyecto aumentó 26.8% entre 2019 y 2021, al pasar de 141,020 millones de pesos a 178,984 millones de pesos, lo que se traduce en un encarecimiento de casi 38,000 millones de pesos y un avance financiero de 18.5% de la inversión total estimada.
Roberto Jiménez Pons, director general del Fonatur, había advertido en 2021 que el costo del proyecto podría elevarse hasta los 230,000 millones de pesos.
Hasta la fecha, en su tercer informe sobre la Cuenta Pública 2020, la Auditoría Superior de la Federación advierte que los responsables del proyecto no cuentan con un análisis de sus daños potenciales ni de cuánto implicará mitigar esos efectos.
Además, en los tramos 2 y 3 del proyecto, las obras del tren arrancaron sin contar antes con la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) que detallara tanto los daños ecológicos previstos con la construcción como las medidas de mitigación y restauración.
Estas son algunas de las principales observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación (ASF) al Fondo Nacional de Turismo (Fonatur), la dependencia federal encargada de las obras del Tren Maya, el mayor proyecto de infraestructura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en el que se prevé una inversión de casi 180 mil millones de pesos.
En esta tercera entrega sobre la Cuenta Pública 2020, la ASF hizo hasta ocho auditorías de diferente tipo al Tren Maya, entre las cuales dedicó una revisión a la vertiente ambiental del megaproyecto.
“El Fonatur no contó con registros estadísticos sobre la ejecución de las actividades y obras relacionadas con las medidas de mitigación, prevención y/o compensación de los factores ambientales, flora, fauna, aire, e hidrología subterránea”, añadió la Auditoría, que también apuntó que el Fonatur, al menos hasta 2020, no había tampoco establecido una instancia que coordine de manera integral el desarrollo del proyecto, “a fin de que este se realice con criterios de sustentabilidad”.
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