En el más reciente informe de la organización civil ARTICLE 19 MX-CA se asegura que en la primera mitad del sexenio, persisten las malas prácticas de contratación en la publicidad oficial, por lo que urge que el Congreso legisle sobre este tema.
El informe de ARTICLE 19 MX-CA revela que en la primera mitad del gobierno de AMLO se han ejercido 8 mil 648 millones de pesos.
Otro dato interesante del documento es que a pesar de todo lo que se dice, persisten las malas prácticas en la asignación de la publicidad oficial, casi la mitad de los recursos los concentran 10 medios de comunicación.
Por eso, entre otros puntos más es que se está exigiendo al Congreso de la Unión que regule la publicidad oficial apegándose a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
En los tres primeros años de este sexenio se han gastado 8 mil 648 millones de pesos en publicidad oficial, de acuerdo con el Sistema de Comunicación Social (COMSOC), de la Secretaría de la Función Pública. Si bien, el gasto realizado por la actual administración es un monto considerablemente menor a la anterior, persisten las malas prácticas de asignación y distribución de la pauta.
En el 2021 el gobierno federal ejerció 2 mil 459 millones de pesos en publicidad oficial, de un total de 3 mil 50 millones de pesos que se aprobaron, es decir, dejaron de gastar el 19% de los recursos autorizados por el Congreso. Lo anterior no necesariamente es positivo, pues son recursos que se destinaron para comunicar cuestiones relevantes a la población, y que posiblemente debido a la falta de una adecuada planeación, dejaron de ejercerse.
En cuanto al gasto en publicidad oficial ejercido por instituciones del gobierno federal, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Gobernación (SEGOB) y Pronósticos para la Asistencia Pública son las dependencias que más recursos han ejercido en los tres primeros años de este gobierno. El IMSS ha gastado 2 mil 286 millones; SEGOB mil 440 millones; y Pronósticos 891 millones de pesos. Es importante señalar que las 10 instituciones, de un total de 137, que más recursos ejercieron en publicidad oficial en la mitad del sexenio concentran el 80.92% (6 mil 998 millones) del total general. Mientras que las 127 instituciones restantes agrupan el 19.08% (mil 650 millones).
Particularmente en 2021 las dos instituciones que más gastaron en publicidad oficial son el IMSS con 733 millones y la Lotería Nacional (LOTENAL) con 518 millones. De las 107 instituciones que ejercieron publicidad oficial, 10 de ellas concentran el 82.84% (2 mil 37 millones), mientras que las 97 restantes el 17.16% (422 millones de pesos).
Respecto a los medios de comunicación, Televisa, TV Azteca y La Jornada son los que más recursos recibieron en la primera mitad del sexenio. Entre los tres suman 2 mil 552 millones de pesos, es decir el 29.52% del total general. Televisa ha recibido 933 millones; TV Azteca 848 millones; y La Jornada 771 millones.
De 778 medios que recibieron publicidad oficial de 2019 a 2021, 10 de ellos concentran el 50.01% (4 mil 325 millones) de los recursos. Mientras que los 768 restantes el 49.99% (4 mil 323 millones). Lo cual refleja la persistencia en la concentración de los recursos en unos cuantos medios de comunicación, tal como lo hemos señalado en anteriores ocasiones.
Por todo lo expuesto anteriormente, es importante continuar en la exigencia al Congreso de la Unión de regular debidamente la publicidad oficial, obligación que ha incumplido desde el 2014. Recordemos que con la reforma constitucional en materia político electoral aprobada aquel año, el artículo TERCERO transitorio ordenaba al Congreso regular el párrafo octavo del artículo 134 constitucional en lo que respecta al gasto de comunicación social. Ello ha dado lugar a un largo litigio ante los tribunales federales. A la fecha, a pesar de dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que ordenan la debida regulación de la publicidad oficial, ésta no se ha llevado a cabo.
Recordamos que ha pasado casi un año de la última sentencia del Máximo Tribunal del país en la que ordenaba establecer criterios claros y objetivos de asignación dentro de la vigente Ley General de Comunicación Social. El Congreso de la Unión ha incurrido en incumplimiento.
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