El financiamiento de Partidos Políticos es uno de los temas que suscita mayor indignación en la opinión pública, por la millonaria cantidad de recursos del erario, que año con año son entregados a los partidos políticos nacionales y locales para el sostenimiento de sus estructuras y la obtención del voto.
El Estado mexicano destina, cada año, alrededor más de 11,000 millones de pesos en subsidios públicos destinados a las actividades ordinarias de los partidos políticos (plantilla laboral y bienes muebles e inmuebles), es decir, a la manutención de aparatos burocráticos.
Adicionales a los 11,000 millones del presupuesto anual, ahora están solicitando en el INE una partida adicional de 4,000 millones de pesos, para “en caso” de que haya otra consulta, como la que se hizo este año sobre el castigo a los ex presidentes de la república, que finalmente no sirvió para nada.
Cuando se introdujo el sistema de financiamiento anual de los partidos, se buscaba detener las transferencias subrepticias de dinero público a favor del partido oficial, principal elemento de inequidad respecto de otras expresiones políticas.
El financiamiento público a los partidos políticos para su aplicación en campañas electorales y actos tendientes a la obtención del voto se convirtió en un requisito indispensable para garantizar contiendas justas y equitativas. Sin embargo, el sostenimiento de su estructura burocrática durante tiempos no electorales nunca ha terminado de justificarse socialmente, dada la proliferación de élites partidistas ajenas al interés público y representatividad ciudadana. De acuerdo con la Encuesta Cívica realizada cada cuatro años por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en 2020 los partidos políticos fueron la institución pública más desacreditada, entre otras razones por el costo económico que significan para la sociedad mexicana.
Un sistema de partidos democrático se funda en partidos políticos cuya legitimidad y capacidad de acción política se basan en el apoyo social, producto de sus propuestas programáticas, es decir, de su capacidad de obtener el apoyo ciudadano como única condición viable para el ejercicio del poder.
Por esta razón, la presente iniciativa propone eliminar el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y plantea que cubran dichos gastos mediante el financiamiento de sus simpatizantes y militantes. El objetivo es reducir el alto costo que los partidos políticos representan al erario y obligarlos a convertirse en instituciones autosostenibles mediante esas aportaciones, legalmente vigiladas. El financiamiento público se mantendría solamente para el gasto de campañas durante la contienda electoral.
Asimismo, se propone mantener la fórmula actual de distribución del financiamiento público a los partidos políticos; sin embargo, dichos recursos serán entregados únicamente durante tiempos de campaña. Esto representa una disminución de más del 66% del financiamiento público respecto de lo que actualmente se gasta. Lo anterior obedece a la necesidad de que nuestro régimen de partidos no genere costos injustificados ni incongruentes.
En cuanto a la obtención de recursos privados, tanto para el sostenimiento de sus actividades ordinarias, como para sufragar gastos de campaña durante los procesos electorales, se establecen reglas precisas, ordenando que los partidos políticos identifiquen y reporten la fuente de todo recurso obtenido, sin exceder los topes señalados en la legislación; los recursos provistos no serán deducibles de impuestos; se prohíbe que una misma persona física done en un año calendario a más de un partido o candidatura independiente y que se apliquen recursos obtenidos para el sostenimiento de actividades ordinarias en gastos de campaña o al pago de deudas contraídas para cubrir procesos electorales anteriores.
A lo anterior hay que sumar el financiamiento ordinario a los partidos políticos locales, que afortunadamente en el Estado de Veracruz ya se aprobó una reforma para que se disminuya en un 50 por ciento, el presupuesto que se les entrega mensualmente a las dirigencias como las llamadas prerrogativas electorales que en realidad son subsidios, que se manejan al libre albedrio y beneficio de los líderes.
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