Por Miguel Ángel Cristiani González
Hasta la fecha, se han venido cumpliendo los principales riesgos que Integralia Consultores, presentaron a principio de año, los cuales pueden afectar el entorno de negocios y gobernabilidad del país en este 2023.
La mayoría de los riesgos políticos que visualizamos se relacionan, de algún u otro modo, con el principal riesgo político hacia el final del sexenio: la creciente radicalización del presidente López Obrador, cuyos principales objetivos son asegurar el triunfo de su partido en 2024 y, con ello, garantizar la continuidad de su proyecto político. Para alcanzar estos propósitos, prevemos que el oficialismo pondrá en marcha acciones para debilitar a los contrapesos del Ejecutivo, a las autoridades electorales y a las oposiciones, al tiempo de exacerbar la polarización e intensificar las movilizaciones sociales con fines político-electorales. En consecuencia, será un año de riesgo político alto.
El oficialismo intensifica los embates contra la autonomía y eficacia del Instituto Nacional Electoral, desde tres frentes: i) intento del gobierno y de Morena para sesgar el proceso de nombramiento de cuatro consejeros electorales con perfiles afines (en el primer trimestre del año), ii) problemas operativos y de gestión tras la aprobación de la reforma legal que reduce y modifica su estructura, y iii) litigios por la implementación de la reforma (ante la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y tribunales laborales), lo cual aumenta los riesgos de ineficacia gubernamental, concentración de poder e incertidumbre jurídica.
Los grupos criminales aprovechan los procesos electorales para imponer o extender acuerdos con las nuevas administraciones a fin de operar con impunidad. Los actores locales son especialmente vulnerables, pues detentan el poder a nivel territorial. Ante la debilidad del Estado de derecho, las elecciones de 2023 y el inicio del proceso electoral de 2024 aumentan la probabilidad de violencia política y electoral contra actores políticos y funcionarios públicos. Esto puede agravar la inseguridad pública y la ineficacia gubernamental.
Las tensiones comerciales con EE.UU. y Canadá, por diversas disputas en el marco del T-MEC, derivan en deterioro económico e incertidumbre jurídica, particularmente por la política energética y la prohibición de importación de maíz transgénico. De instalarse paneles de controversias en 2023, México tendría altas probabilidades de perder en ambos temas, lo que resultaría en afectaciones y riesgos para la inversión privada.
La hegemonía regional del partido mayoritario se agudiza con el triunfo electoral en al menos una de dos entidades federativas en disputa, con lo que aumenta el riesgo de concentración de poder e ineficacia gubernamental.
El presidente López Obrador continúa promoviendo la militarización de tareas y responsabilidades civiles, lo que acrecienta la dependencia del gobierno hacia las Fuerzas Armadas y propicia más su empoderamiento político y económico. En los hechos, los militares incidirán con mayor frecuencia en la toma de decisiones político-administrativas, lo que aumenta la ineficacia gubernamental, la prevalencia de la corrupción y el desbalance de la relación cívico-militar.
En el quinto año de gobierno, continúa aumento de percepción y de ocurrencia de corrupción, así como la omisión de fortalecer las capacidades institucionales para combatirla, lo que aumenta los riesgos de incertidumbre jurídica e ineficacia gubernamental. Asimismo, la impunidad por la falta de sanciones penales propicia que las prácticas ilícitas sean recurrentes.
Se intensifican los actos anticipados de precampaña de los aspirantes de Morena a la presidencia de la República con autopromociones fuera del marco legal y celebración de eventos masivos, generando: a) incertidumbre jurídica por la falta de apego a las normas electorales; b) ineficacia gubernamental por la desatención de asuntos centrales de los gobiernos federal y locales y c) divisiones internas en Morena. En cuanto a la oposición, prevemos que sus procesos de selección pueden contribuir al aumento de la polarización y los ataques reputacionales.
El Ejecutivo federal mantiene los ataques contra el Poder Judicial de la Federación con el fin de asegurar que no se revoquen leyes, decretos y políticas de dudosa constitucionalidad que son clave para el presidente, como la reforma electoral, la militarización, las políticas de “austeridad”, el magisterio educativo, entre otros. Esto aumenta los riesgos de concentración de poder e incertidumbre jurídica.
Una recesión en EE.UU. incrementa el riesgo de deterioro económico en México. Los efectos de una recesión se reflejarán en el sector exportador de México y en las remesas que recibe el país. Ante este panorama, el gobierno federal tendrá un margen bajo de maniobra para mitigar el impacto debido al poco espacio fiscal con el que cuenta.
Las finanzas públicas se tornan más vulnerables por: a) menores ingresos a los estimados, b) aumento de los costos de las obras de infraestructura insignia del presidente y la presión para concluirlas a tiempo, y c) ampliación de programas sociales, d) necesidad de otorgar apoyos a Pemex y CFE, lo cual aumenta los riesgos de deterioro económico.
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