SE CUMPLIERON siete años de la agresión y desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, y en un hecho que solo suele ocurrir en el “México mágico y surrealista” de nuestros tiempos, los delincuentes, los que entregaron a los jóvenes a grupos de la delincuencia organizada para que los mataran e incineraran ahora son “testigos colaboradores” de la FGR, mientras que los investigadores, quienes los llevaron a prisión se volvieron “peligrosos malhechores perseguidos”, y casi casi los ejecutores de unos jóvenes que no aparecen por ninguna parte, y todo porque el Gobierno en funciones se comprometió a encontrarlos, y a tres años de no poderlo hacer ha decidido buscar culpables donde sea, desviando la atención de lo elemental que es entregarlos a sus familiares vivos o muertos, aun cuando se ha dicho hasta el cansancio que fueron consumidos por el fuego. Llama la atención que de 130 detenidos en su momento como presuntos responsables de la desaparición, solo quedan en prisión 37 que ahora se dicen torturados tratando de alcanzar la amnistía que prometió el Presidente Andrés Manuel López Obrador a todos los presos cuyas confesiones fueron arrancadas a base de tortura. A eso le apuestan, incluso, el ahora ex Presidente Municipal de Iguala, José Luis Abarca y su esposa, esposa María de los Ángeles Pineda, vinculados aquellos hechos y detenidos desde el pasado 4 de Noviembre de 2014, en Iztapalapa, un suburbio de la Ciudad de México durante fuerte operativo desplegado por la antigua Policía Federal.
Y MIENTRAS tanto el caso se sigue viciando, a tal grado que en un afán de darle carpetazo ante la incapacidad de encontrarlos vivos o muertos –tal como lo prometiera el actual Gobierno Federal en una acción por demás irresponsable y solo para ganar adeptos-, desde Julio de 2020 el Ministerio Público Federal –a cuya cabeza se encuentra Alejandro Gertz Manero-, obtuvo 46 nuevas órdenes de aprehensión por el caso en contra de servidores públicos de Guerrero, presuntamente, relacionados con la desaparición de los 43 estudiantes en Septiembre de 2014, al tiempo que envió nuevos restos óseos a la Universidad de Innsbruck para su identificación, y solicitó la colaboración de la Interpol con el fin de localizar y detener al que fue titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio a quien acreditan el delito de tortura contra quienes ahora son “testigos protegidos o colaboradores”, por lo que el ex funcionario huyó de México y se refugió en Israel aprovechando que México no tiene acuerdo de extradición con aquella Nación considerada la Tierra Santa bíblica según los judíos, cristianos y musulmanes.
Y ES que la Fiscalía General de la República (FGR) imputa a los 46 funcionarios de diversos municipios guerrerenses los delitos de desaparición forzada y delincuencia organizada, por hechos que no habían sido investigados ni judicializados en las diligencias que en su momento realizó la entonces Procuraduría General de la República (PGR), es decir, entre 2014 y hasta antes del primero de diciembre de 2018 –cuando asumió el poder López Obrador-. Las 46 órdenes de aprehensión se unen a las ya obtenidas el pasado 10 de Marzo del mismo 2020 en contra de funcionarios de la PGR, entre ellos, Tomás Zerón de Lucio, quien cuenta con ficha roja de Interpol para su localización a nivel internacional y su extradición correspondiente.
DE LOS pocos que ha logrado detener el Ministerio Público Federal en la era amlista relacionados con el caso, se encuentra José Ángel Casarrubias, El Mochomo, integrante de la organización delictiva Guerreros Unidos, grupo al que se imputa la desaparición de los 43 normalistas, y a quien se le señaló como un participante de gran notoriedad en ese hecho, y eso ocurrió desde Junio de 2020 sin que a la fecha se conozca el paradero de los estudiantes; también por aquellas fechas se detuvo y vinculó a proceso a Arturo “N”, abogado de “El Mochomo”, quien fungía como prestanombres del líder delincuencial, siendo señalado por la Fiscalía General de la República de participar en un presunto soborno pero, caso curioso: José Ángel Casarrubias, El Mochomo, tras permanecer en el Penal Federal del Altiplano fue dejado en libertad luego que junto con su abogado, sobornaron a personal del juzgado para salir libre, aunque por fortuna tenía otra orden de aprehensión por delincuencia organizada que lo retuvo en la prisión. El Mochomo es señalado en participar en la desaparición de los 43 normalistas el 26 y 27 de septiembre en Iguala Guerrero, y su abogado Arturo, es acusado por la FGR de cooptar autoridades, ser prestanombres en la compra y venta de propiedades, y fungir como intermediario entre Sidronio Casarrubias para transmitir sus órdenes.
EN POCAS palabras, lo único que ha cambiado en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa es la narrativa, porque el caso sigue tan estancado como en tiempos de Enrique Peña Nieto o peor, porque ahora van contra ex funcionarios que investigaban el caso, y a los que son capaces de endilgarle, incluso, la desaparición y asesinato de los jóvenes aunque esto no sea así, que al fin y al cabo los seguidores de AMLO todo le creen, como comienza a ocurrir con los padres de los muchachos víctimas del poder que ahora exigen la repatriación de ex funcionarios, olvidando que lo medular es encontrar ya sea vivos o muertos a sus seres queridos sin desviar la atención de ello, ya que los ahora ex servidores públicos con órdenes de aprehensión no detuvieron –haiga sido como haiga sido- a madres de la caridad sino a delincuentes señalados por la población de la comisión de diversos delitos. Pero las nuevas autoridades, en un afán de ocultar su inutilidad, ahora dicen que hubo servidores públicos de la extinta PGR que ocultaron pruebas suficientes que hubieran permitido conocer, de manera fehaciente, el destino de las víctimas. Vaya salida tan infantil solo vomitada por manipuladores de consciencias.
LO CIERTO es que el próximo año y hasta el final del sexenio seguirá la misma cantaleta, y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, Guerrero seguirán marchando en cada aniversario para exigir justicia a las autoridades, y nuevamente un nuevo fiscal especial saldrá a la palestra a seguir contando otras historias, poniendo cara de honestos, de incorruptible, y de que ¡ahora si! no permitirán que los jóvenes queden en el olvido y sin que se les haga justicia, lo que demuestra que sea Cuarta Transformación o conservadores, todo es lo mismo, salvo la narración, el relato o cuento de los acontecimientos, y otra vez se echará abajo la supuesta verdad histórica por los siglos de los siglos. OPINA carjesus30@hotmail.com
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