LOS ASESINATOS –tipo fusilamiento- de los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales, de 79 años, y Joaquín César Mora Salazar, de 80 años –además de un guía de turistas que era perseguido-, ocurridos el lunes 20 de este mes al interior de la parroquia Francisco Xavier en Cerocahui, Chihuahua a manos de integrantes de la delincuencia organizada, ha tocado las fibras más sensibles de la sociedad, desde la ONU hasta el Papa Francisco que conmovido lamentó “la cantidad de asesinatos que se registran en México”, más aun cuando los cuerpos de los prelados acribillados fueron secuestrados por los maleantes tras cometer su fechoría, desconociéndose donde se encuentran. No es la primera vez que el sumo pontífice censura la violencia en el País, ahora expresando su tristeza y consternación por los asesinatos de dos integrantes de la orden religiosa a la que pertenece. Y esto ocurre a unas horas de que la Arquidiócesis Primada de México advirtiera el domingo que las autoridades municipales, estatales y federales se encuentran rebasadas, pues carecen de la capacidad humana, logística, económica, técnica, e incluso moral para enfrentar a la delincuencia. Fue a través de un editorial en el semanario Desde la fe que la iglesia católica reconoce, sin embargo, que, “todos somos responsables de este infierno”, pues asevera que las raíces sociales se han pervertido, al grado de que algunas autoridades -cuya obligación constitucional es proteger la vida, dar seguridad a la sociedad y salvaguardar los bienes de sus gobernados- “están profundamente coludidas con los criminales, y las que aún no lo están, temen aplicar la ley, pues está de por medio su vida y la de su familia. ¡Vivimos un infierno!”. El editorial recordó que la pasada fue una semana “de terror en México. La violencia crece como la espuma, y parece que no hay forma de detenerla: balaceras, secuestros, asesinatos de líderes sociales, amedrentamientos y terror en comunidades, desapariciones, extorsiones y otros males que lastiman en lo más profundo a nuestro pueblo”, y reiteró que hoy, ante la violencia desatada en el País “resultan estériles y hasta vergonzosos los ataques entre la clase política, las descalificaciones, la repartición de culpas y las justificaciones irracionales”. El editorial que refleja el sentir de la curia dice que basta con ver lo ocurrido en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, donde un grupo criminal generó pánico en la comunidad durante varias horas con la intención de hacerse de una plaza, sin que las autoridades actuaran de manera rápida.
ASUME QUE, ante este problema, todos son responsables: “los padres de familia que han dejado de educar a sus hijos en los valores y el amor a la vida; son responsables las escuelas, que desde hace años son un botín político y hoy se han convertido en espacios de adoctrinamiento ideológico (ahí le hablan a Morena), más que de conocimiento y, por supuesto, el Estado y los partidos políticos, que son la cuna de la corrupción y la impunidad. “La Iglesia tampoco está libre de culpas: no hemos sabido responder a esta realidad que todos los días cobra vidas, bajo la mirada cada vez más indiferente de muchos fieles que, por desgracia, han ido perdiendo la capacidad de distinguir entre el bien y el mal. Insiste en que “esta descomposición social exige un fortalecimiento urgente y decidido de la educación para vivir los valores que pueden sustentar una sociedad donde haya justicia, respeto, solidaridad y compromiso con el bien común, pues de lo contrario será imposible reconstruir el país, una tarea a largo plazo que debemos empezar ya, juntos, por el bien nuestra patria amada, que tanto anhela la paz”.
Y ES que la semana pasada, la delincuencia intocable “porque tambien son humanos”, según la percepción presidencial, cobró la vida de otro sacerdote, en este caso de José Guadalupe Rivas y una persona sin identificar, quienes fueron encontrados muertos en un rancho de Tecate, Baja California, donde el prelado solía pasar sus días de descanso. El hecho causó indignación entre los residentes de la zona, pues el padre dirigía la Casa del Migrante de Nuestra Señora de Guadalupe y era asesor del Movimiento de Renovación Carismática Católica de la Diócesis de Tijuana. En torno al caso, la organización Scalabrinianas Misión con Migrantes y Refugiados lanzó un comunicado en el que exigió a las autoridades esclarecer la muerte del religioso y se condene a los responsables. “Sabemos que las personas que defienden los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas están expuestas a contextos de mucha adversidad y violencia, por lo que se hace imprescindible que el Estado garantice la protección de las personas que ejercen este compromiso.
AHORA BIEN, con los asesinatos de los dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, Chihuahua, suman siete los ministros del culto religioso católico asesinados durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador de acuerdo al registro del sacerdote Omar Sotelo, director del Centro Católico Multimedial (CCM), institución eclesiástica que lleva el recuento de estos casos, y quien lamenta que “México sigue siendo uno de los países más peligrosos para ejercer el sacerdocio. Y esta cruda realidad nos la vuelve a confirmar ahora estos dos asesinatos”. De acuerdo a la información del CCM, apenas el mes pasado fue asesinado el sacerdote José Guadalupe Rivas Saldaña, quien, luego de estar desaparecido, su cuerpo fue localizado en un rancho cercano a la Hacienda Santa Verónica, en Tecate, Baja California. El 30 de agosto de 2021 fue acribillado José Guadalupe Popoca Soto, párroco del templo de San Nicolás de Bari, perteneciente al municipio de Zacatepec, Morelos. El 12 de junio de 2021, el religioso franciscano Juan Antonio Orozco Alvarado cayó víctima de un fuego cruzado entre dos carteles rivales, en la comunidad tepehuana de Mezquital, Durango, casi en los límites con el estado de Zacatecas.
PARA EL 28 de Marzo de 2021 se reportó el hallazgo del cuerpo sin vida del sacerdote Gumersindo Cortés González, quien laboraba en la diócesis de Celaya, Guanajuato. Su cuerpo presentaba rastros de violencia, mientras que el 23 de agosto de 2019, fue asesinado el sacerdote José Martín Guzmán Vega, en la comunidad de Cristo Rey de la Paz, ejido Santa Adelaida, perteneciente a la diócesis de Matamoros, Tamaulipas. En varios de sus informes sobre prelados asesinados, el CCM ha venido recalcando que el sacerdocio es una actividad de alto riesgo en México, puesto que las prédicas de la Iglesia van en contra de la actividad del narcotráfico, lo cual provoca represalias por parte del crimen organizado. Y esto sucede mientras el Presidente Andrés Manuel López Obrador sigue enarbolando su fallida política de abrazos no balazos. OPINA carjesus30@hotmail.com
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