Por Eros Ortega Ramos
Recapitulando. El 05 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora, ocurrió una desgracia que cobró la vida de 49 niños, dejando a otros 106 con serias heridas a consecuencia de un siniestro que pudo haberse evitado en la Guardería ABC. Ninguno de los heridos rebasaba los cinco años de edad. Todo comenzó cuando se propagó un incendio en una bodega aledaña a la mencionada guardería, propiedad en ese entonces del gobierno del Estado de Sonora. En ese tiempo, Eduardo Bours Castelo fungía como gobernador de la entidad, durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, mismo que acaba de fundar un nuevo partido político junto con su esposa, Margarita Zavala quien, por cierto, terminó por enterrar al Partido Acción Nacional (PAN) en sus desesperados intentos por ganar la presidencia de este país en las últimas elecciones federales. De eso hablaré más adelante.
Respecto al funcionamiento del inmueble, su operatividad era posible debido al modelo de subrogación concedido por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) desde el 06 de agosto del 2001. Meses después de que esta desgracia conmocionara al país, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pese a que se identificaron un total de 19 funcionarios involucrados, no había persona alguna bajo investigación ni proceso penal para deslindar de responsabilidades, ya que bajo sospechas de influyentismo y amiguismo, todos ellos habían sido exonerados.
Todo parecía haber quedado atrás hasta que, en el 2009, el propio ministro de la SCJN, Arturo Fernando Zaldívar Lelo de Larrea, presentó ante dicha Corte un proyecto en el que señaló responsabilidad constitucional de altos servidores públicos en el polémico caso: “El 16 de junio de ese año, la Primera Sala de la Suprema Corte llevó a cabo la discusión final respecto al caso de la Guardería ABC: concluyó que, en efecto, se cometieron violaciones graves, pero rechazó el proyecto de Arturo Zaldívar, por lo que en el documento de resolución no solo se omitió a los funcionarios de alto nivel, sino que los nombres de los señalados como responsables fueron sustituidos con asteriscos” (ExpansiónPolítica, 05/VI/19).
Los servidores públicos del gobierno señalados en dicho proyecto como responsables o corresponsables de violaciones graves en el caso de la Guardería ABC fueron:
1) Eduardo Bours Castelo: Gobernador de Sonora del 2003 al 2009
2) Willebaldo Alatriste Candiani: Entonces titular de la Unidad de Protección Civil
3) Ernesto Vargas Gaytán: Secretario de Hacienda del 2007 al 2009
4) Fausto Salazar Gómez: Director General de Recaudación de la Secretaría de Hacienda del 2008 al 2009
5) Jorge Luis Melchor Islas: Entonces subdirector de Control Vehicular de la Secretaria de Hacienda.
Por otra parte, las autoridades del IMSS señaladas fueron:
1) Daniel Karam Toumeh: Entonces Director General del Instituto
2) Juan Francisco Molinar Horcasitas: Entonces director del IMSS del 2006 a marzo del 2009, periodo en el que fueron otorgados los permisos para la subrogación de cientos de guarderías
3) Sergio Antonio Salazar Salazar: Director de Prestaciones Económicas y Sociales del 2007 al 2009
4) Carla Rochín Nieto: Coordinadora de Guarderías del 2007 al 2009
5) Arturo Leyva Lizárraga: Delegado Estatal en Sonora del 2006 al 2009
6) Noemí López Sánchez: Titular del Departamento Delegacional de Guarderías del 2001 al 2009.
Y los servidores públicos del Ayuntamiento de Hermosillo que aparecieron en el proyecto fueron:
1) Ernesto Gándara Camou: Presidente Municipal del 2006 al 2009
2) Jesús David Osuna: Entonces Director de Inspección y Vigilancia Municipal
3) Roberto Copado Gutiérrez: Entonces titular de la Unidad Municipal de Protección Civil del 2006 al 2009 (ExpansiónPolítica, 05/VI/19).
Pero hasta este punto es muy probable que usted se esté preguntando: ¿Todo esto qué tiene que ver con México Libre? Permítame explicarle. En primer lugar, estamos hablando de graves irregularidades en las averiguaciones y posteriores resoluciones durante el periodo de Felipe Calderón Hinojosa como presidente de México, relacionadas con la identificación de responsables hacia todos y cada uno de los servidores públicos que claramente, directa o indirectamente, tuvieron responsabilidad en el caso. En segundo lugar, pese a que en el proyecto presentado por Zaldívar Lelo de Larrea se expone toda una lista de implicados en el caso, hay un nombre que lamentablemente se omite, pero que es igual de responsable que los otros acusados: Marcia Altagracia Gómez del Campo, quien es familiar de la entonces Primera Dama, Margarita Ester Zavala Gómez del Campo.
Por eso me resulta irrisorio que ahora la pareja de la impunidad, bajo el estandarte de un movimiento social tan poderoso como lo es el de la lucha feminista hoy en día, pretenda hacer de cuenta que nada pasó, ofendiendo la memoria de todos esos infantes que nunca pudieron encontrar una justicia verdadera. Pero lo que es más bajo y lamentable es que utilicen el combate al feminicidio como arma política en contra de López Obrador, juzgándolo de indiferente e incompetente ante la problemática. Y ojo, no estoy analizando aquí la actuación del presidente tabasqueño respecto al homicidio de mujeres por cuestiones de género, ni mucho menos estoy afirmando que haya resultado eficaz para su combate. No es el asunto que nos atañe en esta ocasión.
Lo que pretendo dar a entender es que nos encontramos ante un descarado oportunismo por parte de la derecha reaccionaria que, camuflajeado en la bandera del feminismo, pretende hacernos creer que la solución está en votar por una opción
diferente en las próximas elecciones presidenciales, desprestigiando al gobierno en turno. Por ahora, es demasiado pronto para saber la respuesta a eso, porque, aunque haya gente que se empeñe en culpar de las mujeres asesinadas única y exclusivamente a la actual administración, jamás se podrá dejar de lado el hecho de que somos víctimas de un legado de impunidad e injusticia que, irónicamente, Calderón y su esposa permitieron.
Gracias por la lectura.
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Correo electrónico: sociologia_uameros@hotmail.com
*El autor es licenciado en Sociología por parte de la Universidad Autónoma Metropolitana y actual estudiante de la Maestría en Estudios Políticos y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México |
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