Después de 14 expedientes reincidiendo en la conducta: omitir dar respuesta a una solicitud, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) ordenó sanciones para el encargado de la Unidad de Transparencia y un analista jurídico de Comunicación Social del Estado.
Lo bueno es que finalmente habrá “consecuencias” -como les dicen a mis hijas en la escuela- de las omisiones que existen en materia de transparencia. Solo es el inicio porque de no atenderse podrán aplicarse al superior jerárquico.
Lo malo es que para imponer la sanción tuvieron que pasar al menos 14 expedientes documentados donde exhortaron a los funcionarios, especialmente al titular de la Unidad de Transparencia, José de Jesús Rosales Romero (padre de Indira Rosales San Román, ex secretaria de Desarrollo Social), quien también es el Director Jurídico de la dependencia y tiene como Jefe de Recursos Financieros a su sobrino político, Guillermo Manuel Castañeda San Román.
En esta caso, la gotita que derramó el vaso fueron tres solicitudes en las que Elías Assad no quiso dar respuesta a las solicitudes o el supuesto analista jurídico, Pablo Alejandro González Rodríguez, contestó solicitudes sin tener la atribución. En realidad el analista sí había fungido como encargado de la unidad de transparencia y está en esa dependencia desde Alberto Silva.
Las solicitudes de información se relacionaban con el gasto público que realiza esa dependencia para difundir obras y acciones del gobierno en Facebook, pero sobre todo la imagen del mandatario veracruzano, pero también con salarios y prestaciones de los funcionarios en esa dependencia.
Al menos hay 12 hipótesis para imponer una sanción de este tipo, la mayoría de ellas relacionadas a la actuación “dolosa” de un servidor público. Y se determinarán de manera subjetiva, pero considerando elementos como la gravedad de la responsabilidad, los antecedentes del infractor, la reincidencia hasta considerar el nivel social y cultural del servidor público, o el carácter intencional o la omisión en el actuar.
Si bien hay plazos fatales para que se cumplan las sanciones, la ley local no establece términos para dar vista a la autoridad competente e interponer la denuncia correspondiente.
La propia ley estatal señala que las responsabilidades que resulten de los procedimientos administrativos correspondientes, derivados de la violación de las obligaciones de transparencia, son independientes de las del orden civil, penal o de cualquier otro tipo que se puedan derivar de los mismos hechos.
Por cierto que el IVAI tampoco está revisando que las dependencias cumplan con sus obligaciones mínimas de transparencia en sus portales. Intenté buscar el organigrama y lista de trabajadores de Comunicación Social y ni siquiera aparece la dependencia de manera virtual.
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Rubén Pabello Rojas y Calos Ferrraez Matus traen en la vena el periodismo, pero fue su esfuerzo, talento y agudeza para analizar el entorno político y social lo que les ha permitido ser ejemplo en los medios de comunicación.
En el Conversatario organizado por Veracruzanas Líderes de Opinión y Acción (Veloa), asociación que preside Billie Parker, los dos protagonistas de la historia reciente del periodismo veracruzano coincidieron en que la libertad de expresión es un derecho fundamental “sometido”, pues la censura ha existo pero persiste con renovadas formas de control.
“Saber lo que es justo y no hacerlo es la peor de las cobardías”, expresó Carlos Ferráez, citando a Confucio. Mientras que Pabello Rojas conminó a las nuevas generaciones de periodistas a regresar a las prácticas honestas, en valores y con ética.
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