La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el aborto con atención urgente en casos de violación después de que a una adolescente le negaron practicárselo en un hospital público del país. El caso ocurrió en Cuernavaca, la vida de la menor estaba en riesgo y el producto tenía un mal congénito.
La menor denunció el acto de violación desde que ocurrió, posteriormente notificó al Ministerio Público que producto de esos aberrantes hechos había quedado embarazada, y en el hospital se negaron a atenderla “menoscabando, sin justificación alguna, la personalidad o la integridad física y mental” de la niña.
Casi tres años después de que ocurrió la violación y revictimización de la menor de edad, pero también de sus padres, quienes la acompañaron en todo el proceso legal, llegó ésta sentencia. En la misma se expone el daño ocasionado por las autoridades de salud y de las propias instituciones de justicia, las cuales negaron la autorización para que se practicara el aborto.
Ahora los ministros de la SCJN ordenaron al estado y a otros actores involucrados implementar de manera rápida medidas de rehabilitación, compensación, de satisfacción y de no repetición, entre ellas una disculpa pública. Bastante tarde llega la justicia para la joven, porque es evidente que después de la violación sexual, la cual es equiparable a tortura, se vulneraron otros derechos: a la salud, a la integridad física, al libre desarrollo de su personalidad.
“La menor de edad, víctima de una violación, fue revictimizada por el Estado al no otorgarle la interrupción del embarazo al cual tenía derecho”, advirtieron los magistrados por unanimidad.
En Veracruz, las integrantes de Equifonía tuvieron que dar acompañamiento –en diciembre de 2016- a una joven de 20 años víctima de violación para que pudiera tener acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). Se trató del primer caso documentado en el estado, y gracias a la asesoría de ésta asociación civil se le dio seguimiento.
De acuerdo con la fundación Mexicana para la Planeación Familiar (Mexfam), en el hospital regional de Veracruz y en otras clínicas del estado se niegan a atender a mujeres víctimas de abuso sexual hasta que pongan la denuncia penal correspondiente.
Hace algunas semanas, la directora del hospital Civil "Luis F. Nachón" de la ciudad de Xalapa, Norma Patricia López Pretelín, reveló que en lo que va de éste 2018 al menos 350 menores de edad han tenido un parto. Suena escalofriante la cifra si pensamos que se trata de niñas y adolescentes entre 11 y 17 años de edad y que sólo estamos hablando de una clínica.
Reveló que la incidencia de partos en menores de edad –en el hospital Nachón- representan el 20 por ciento del número total que han atendido en el año (iban mil 800 hasta septiembre). Además de tratarse de embarazos de alto riesgo con una tasa de mortalidad del 50 al 60 por ciento de los casos –no especifico de la mujer o del neonato- por complicaciones en el parto o puerperio.
“Se presentan hemorragias, puede ser que pierda su útero porque este no se contrajo de manera correcta y es necesario una histerectomía, y eso es si no se complica con algo más grave como desgarros, desprendimientos prematuros”, detalló.
Con esta declaración se quedó corta la estadística presentada por organizaciones no gubernamentales, la cual señalaba que en el 2015, durante ese año, 500 niñas de 10 a 14 años de edad fueron “obligadas a parir” en el estado de Veracruz.
No me hubiera practicado un aborto, es por mi mapa (sí, ese cúmulo de ideas, creencias, valores y sentimientos que arrastramos), una decisión muy personal, pero defiendo el derecho de otra persona a poder decidir y ejercer sus derechos –que en el caso de una violación sexual sí podrían recurrir a la ILE-.
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