El panorama nacional y estatal para la elección concurrente de éste 2018 se vislumbra competitivo, enmarcado en un contexto de violencia, sobre todo en las regiones donde asola el narcotráfico y predomina la corrupción.
Definida como la madre de todas las batallas -por algunos-, el 1 de Julio se definirá en Veracruz al próximo gobernador por seis años, diputados locales por tres años, además de que se podrá votar por las diputaciones federales, senadurías y la Presidencia. Sin duda será un evento histórico en el que los grupos políticos y sociales se disputan el poder.
Regina Martínez, corresponsal de Proceso asesinada en el proceso comicial de 2012, tenía la teoría de que aumentaba la violencia en época electoral. Y son los periodistas, defensores de derechos humanos y observadores ciudadanos quienes integran un grupo vulnerable.
Para prevenir posibles riesgos y dar un seguimiento puntual a cada uno de los sucesos que afecte a este sector, a partir de esta semana se ha constituido una red de apoyo denominada Rompe el Miedo. Aunque ya se había actividado en las elecciones de 2015, 2016 y 2017. En conjunto se contabilizaron 131 agresiones a comunicadores en esos procesos y los principales perpetradores de la violencia fueron funcionarios públicos y representantes de partidos políticos.
Primero iniciaron como una campaña y ahora se trata de toda una red que se extenderá en el país con un Centro de Monitoreo Nacional y 10 centros estatales, con protocolos activados para atender agresiones de periodistas y activistas de derechos humanos.
Entre los hechos que documentarán y tratarán de atender a tiempo se encuentran detenciones arbitrarias, amenazas de muerte, lesiones, ataques físicos, bloqueo informativo, intervención de comunicaciones y vigilancia digital, espionaje y hakeo de cuentas y páginas informativas, robo de equipo. También tratarán de identificar otro tipo de violencia que pudiera registrarse en línea o en redes sociales.
Los representantes de las organizaciones que convocan a “romper el miedo” admitieron que tienen que realizar este ejercicio porque el Estado no ha dado respuesta; por el contrario, se sigue violentando la libertad de expresión y la integridad física de periodistas y activistas.
Desde ahora, dijeron, se han percatado ya de estrategias de comunicación que buscan afectar el flujo informativo con datos falsos y campañas negras. Por eso también tendrán una red de verificación de información, orden y sistematización.
Es la primera vez que se activa a gran escala en casi todo el país y Veracruz les preocupa; entre mayor participación ciudadana y organización exista, estoy segura que predominará una jornada en paz.
Publicidad oficial en riesgo
Una vez más los partidos políticos quieren echar a perder una iniciativa de ley que surge tras la presión y un largo recorrido legal de organizaciones ciudadanas: la regulación de la publicidad oficial para lo cual se destinan millones de pesos de recursos públicos. Tan solo del gobierno federal se estima que destinó 40 mil millones de pesos de enero 2013 a diciembre de 2017.
Fue la organización Artículo 19 la que interpuso una demanda de amparo y en la sentencia a su favor, la SCJN ordenó expedir la ley reglamentaria del artículo 134 de la Constitución antes del 30 de abril de 2018.
Ahora los diputados federales pretenden dar albazo legislativo sin contemplar la iniciativa presentada por las asociaciones.
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“Y yo creo que lo que importa es la honestidad del narrador. Que eso es lo qué hay que buscar: ese compromiso que lo lleve a utilizar todos los recursos para trasmitir ese lugar, esa situación, ese personaje de la mejor manera posible. Ahí está -si es qué tal cosa existe- la verdad”: Martín Caparrós en Lacrónica.
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