El Día de Reyes, día de esperanzas y sueños cumplidos para muchas niñas y niños, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) informó que
México es el primer lugar mundial en abuso sexual infantil con 4.5 millones de casos en sólo un año.
Esa cifra, dijo el Colectivo contra el Maltrato y Abuso Sexual infantil, es inferior a la realidad, pues solo uno de 10 casos se denuncian. En Veracruz, de 2011 a 2018 (hasta octubre) se abrieron 1831 carpetas de investigación, y por violación 8 mil 832 en la última década, según datos oficiales de la Fiscalía General del Estado.
En contraparte, el Poder Judicial de Veracruz reporta que en los últimos 10 años solo fueron imputadas 3 mil 300 personas por el delito de violación; más 109 procesadas bajo el nuevo penal acusatorio en los últimos cinco años.
Aunque también se tienen algunos casos registrados de varones, la mayoría de las víctimas son mujeres y un alto porcentaje (casi el 50 por ciento de la estadística de la Fiscalía) se trata de menores de edad y jóvenes (menores de 20 años de edad).
La madre de una adolescente víctima del delito de abuso sexual, me contaba que durante el proceso penal se sintió desvalida ante el sistema. “Este nuevo modelo acusatorio parece estar diseñado para proteger al criminal”.
Aunque el victimario recibió una sentencia condenatoria: 12 años de prisión y 4 mil 200 pesos como reparación del daño, no se siente satisfecha. Y es cierto, no hubo reparación integral del daño como señala la jurisprudencia internacional a la que esta adherida México. Esa cantidad, solo equivale a las consultas psicológicas que la menor llevó de manera privada en los primeros meses.
“Mi única prioridad era la condena, que se castigará, que alguien más no pasara por esto porque todo cambia. El día de la sentencia fue la primera vez en un año que mi hija durmió una noche completa”, confesó.
Restitución, rehabilitación, satisfacción, garantías de no repetición medida de derecho interno, deber de investigar e indemnizar, incluso costas y gastos que se generen para ejercer, establece el nuevo paradigma mexicano en derechos humanos y reparaciones.
Como este caso se habrían presentado al menos mil 79 más (donde estuvieron involucrados menores de 10 años años de edad) y 4 mil casos corresponden a víctimas entre 11 y 20 años de edad. Y de abuso erótico sexual, tipificado así en el Código Penal de Veracruz, al menos 239 más (donde estuvieron involucrados menores de 10 años de edad), hay otros 633 que tenían entre 11 y 20 años.
Madres de familia y profesionistas preocupadas por las víctimas y en busca de justicia, han conformado un Colectivo. Una de sus primeras acciones es denunciar públicamente el grave problema que existe en Veracruz y la violación de derechos humanos por la falta de atención de las instituciones públicas y la revictimización que se da.
Alertan que los “abusadores sexuales se encuentran en el seno de nuestras familias, la mayor parte de los abusos sexuales son cometidos en las familias y son perpetrados por los abuelos, los tíos, o padres y padrastros”.
Acusaron al fiscal Jorge Winckler de violencia institucional pues dejó acéfala por ocho meses la fiscalía especializada para atender Delitos de Violencia contra la Familia,
Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas y despidió a 20 personas en esa área, por lo que las carpetas de investigación quedaron detenidas durante meses.
También han detectado irregularidades en los procesos de juicios penales y civiles en los casos que han litigado ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.
Ambas instancias, señalan, omiten el ejercicio de los Protocolos, lo que genera afectaciones a las víctimas, al mismo proceso penal y da elementos a los abusadores para esgrimir afectaciones a los derechos humanos.
Y Alzan la voz a pesar del miedo, a pesar del estigma que pesa sobre las víctimas y familiares de abuso sexual, a pesar de la apatía de un gran sector de la sociedad y de la indolencia de las autoridades encargadas de impartir justicia.
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