Veracruz, con una dependencia superior del 90 por ciento de los recursos federales, aún tiene varias cuentas pendientes del año pasado y la Auditoria Superior de la Federación (ASF) ya dio algunos avances.
En el gasto federalizado ejercido por el gobierno anterior en materia de cultura y educación aún siguen volando casi 19 millones de pesos, pero también salta a la luz un pliego de observaciones por la aplicación opaca de los recursos públicos.
Se trata de observaciones realizadas por la ASF del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), en su componente de Infraestructura Física de los niveles de educación básica, media superior y superior en su modalidad universitaria, para el Ejercicio Fiscal 2018 .
Solo por ese concepto, la entidad recibió mil 125 millones de pesos, recursos transferidos a las arcas estatales, de los cuales se tomó una muestra para auditar que llegó casi al 70 por ciento.
Y debido a que al 31 de diciembre de 2018, las autoridades estatales encabezadas por Miguel Ángel Yunes y Enrique Pérez , este último al frente de la Secretaría de Educación de Veracruz, no habían ejercido el 14.8% de los recursos transferidos, pero tampoco los reintegraron. Se repuso en el primer trimestre de 2019, de acuerdo al reporte presentado por la ASF hace unos días antes el Congreso de la Unión.
Tampoco entregaron ni publicaron el formato de ficha de indicadores del tercero y cuarto trimestres del año pasado y los que presentaron no mostraron calidad ni congruencia; ni integraron los expedientes de obra como lo indica la normativa.
Además de las irregularidades observadas a las ex autoridades estatales, el avance de la revisión de los recursos federales de 2018, señala que la Universidad Veracruzana careció de una cuenta bancaria específica para la recepción de los recursos del fondo.
Mientras que el DIF Estatal, que estuvo a cargo de María Laura García Beltrán, y que le soy honesta ni siquiera recordaba a la funcionaria en cuestión, no integró el padrón de beneficiarios de conformidad con el Sistema Integral de Información de Padrones de Programas Gubernamentales, conocido como SIIP-G, según revela el informe.
No resulta extraño este resultado de la ASF, cuando uno de los pocos secretarios de despacho que ha presentado denuncias públicas por probable daño patrimonial o desvío de recursos es el de Educación, Zenyazen Escobar. Apenas a finales de mayo se presentó en la delegación de la Fiscalía General de la República con varias cajas con documentación que avalaría irregularidades por 600 millones de pesos en espacios educativos, con recursos etiquetados entre el 2012 y el 2018.
Ahora, habrá que esperar a ver el curso que toman esas denuncias y las acciones legales que emprenderá la Auditoría Superior de la Federación derivado de la revisión del ejercicio 2018.
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