En un plazo no mayor de dos años, el estado mexicano, es decir, el presidente Andrés Manuel López Obrador, tendrá que dar cumplimiento pleno a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en contra del estado mexicano por el caso del aeropuerto de Atenco, -conflicto generado por el presidente Fox Quesada-, por violaciones graves a los derechos humanos, en contra de once mujeres que fueron ultrajadas por la policía federal -hoy en proceso de desaparecer- y la policía del Estado de México; la primera dirigida por el hoy ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Medina Mora, en tanto la segunda , bajo la responsabilidad del gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, expresidente de la república, que consiste en castigar a los culpables , de lo contrario, caerá en desacato e incumplimiento de un deber legal como es el tratado internacional sobre los derechos humanos firmado con la Organización de Estados Americanos.
Si bien la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos involucra a los tres poderes ,- presidente de la República, Congreso de la Unión y Suprema Corte de Justicia- , su cumplimiento la realiza el primero de los señalados, por ser el jefe de estado y de gobierno , misma que se encuentra en vía de cumplimiento, pues la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, junto con el subsecretario de derechos humanos, Alejandro Encinas, en un acto público y en presencia de las víctimas aceptaron su responsabilidad, pidieron perdón ante ellas , con el compromiso de realizar investigaciones amplias para sancionar a los responsables por ese grave y escandaloso incidente que se inicia con la compra de tierras a los ejidatarios,- salvo la resistencia de los de Atenco, que se niegan a que esa faraónica obra aeroportuaria se construyera- y si aún no se sabe nada de las acciones penales en contra de los responsables directos e indirectos, sin duda que se llegará al fondo y como en el caso de Lydia Cacho, con el prófugo gobernador Mario Marín, por lo que, los días están contados para los involucrados en Atenco.
La sentencia del caso Atenco es de una profundidad, como las que esa sede internacional ha dictado en contra de los países, incluyendo el nuestro, en lo referente a Rosendo Radilla, Castañeda , las mujeres desaparecidas de Chihuahua que no da margen de tolerancia o de impunidad, porque el seguimiento para su cumplimiento lleva incluso, a reformar las leyes internas que se contraponen a las disposiciones contenidas en esos tratados internacionales que tienen el mismo rango que la constitución política del país, como está previsto en su artículo 133 constitucional.
Si de esa envergadura son las decisiones, el estado condenado no puede ni debe acudir a argucias, comunes o burdas chicaneadas jurídicas, pues se le exhibe internacionalmente, aislándolo por su actitud reticente . En una apretada síntesis de la resolución que tiene en el filo de la navaja al exgobernador y expresidente Peña Nieto, así como al ministro de la corte Medina Mora, propuesto para ese cargo de manera fraudulenta ,- violando el artículo 94 de la constitución – y otros servidores públicos que participaron en esos actos que tendrán que ser enjuiciados por acción u omisión , es del tenor siguiente:
“El Estado debe continuar e iniciar las investigaciones amplias, sistemáticas y minuciosas que sean necesarias para determinar, juzgar, y, en su caso, sancionar a todos los responsables de la
violencia y tortura sexual sufrida por las once mujeres víctimas de este caso, en los términos de los párrafos 338 a 339 de la presente sentencia, además, debe brindar de forma gratuita e inmediata, el tratamiento médico y psicológico o psiquiátrico, según corresponda, a las víctimas del presente caso que así lo soliciten, de conformidad con lo establecido en el párrafo 341 de la presente sentencia.
Por otro lado, “el Estado debe realizar en un plazo de seis meses a partir de la notificación de la presente sentencia, las publicaciones indicadas en los párrafos 344 a 345 de la sentencia, en los términos dispuestos en el mismo, así como,” debe realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpas publicas en relación con los hechos del presente caso, y, en un plazo de dos años, crear un plan de capacitación de oficiales de la Policía Federal y del estado de México, y establecer un mecanismo de monitoreo y fiscalización para medir y evaluar la efectividad de las políticas e instituciones existentes en materia de rendición de cuentas y monitoreo del uso de la fuerza de la Policía Federal y la policía del estado de México, en los términos de los párrafos 355 a 356 de la presente Sentencia. El Estado debe pagar, dentro del plazo de un año a partir de la notificación de esta Sentencia, las cantidades fijadas en los párrafos 371, 373 y 375 a 376 de la misma por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, y el reintegro de costas y gastos, en los términos de los párrafos 378 a 380 de esta S. El Estado debe reintegrar al Fondo de Asistencia Legal de Víctimas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos la cantidad erogada durante la tramitación del presente caso, en los términos de lo establecido en los párrafos 381 a 383 de esta Sentencia. 18. El Estado debe rendir al Tribunal un informe, dentro del plazo de un año contado a partir de la notificación de esta Sentencia, sobre las medidas adoptadas para cumplir con la misma. 19. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de esta Sentencia, en ejercicio de sus atribuciones y en cumplimiento de sus deberes conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, para darla por concluida.
En concreto, mucho se cuestiona la cancelación de la obra aeroportuaria cuyo propósito era descapitalizar y que una minoría rapaz hiciera grandes negocios, pero poco se habla de que esa obra estaba condenada al fracaso, porque la oposición era determinante y esta sentencia de la corte interamericana , habla del gran riesgo que estaba en puerta, como se ha visto con el robo a la industria petrolera que está en bancarrota o bien el rescate carretero y bancario con Zedillo que tiene al país hundido en una deuda que pasarán 30 años medio paliar la situación crediticia del país.
Todo esto es el comienzo de lo mucho que nos falta por hacer , sin embargo, con el combate a la corrupción e impunidad, en seis años de gobierno de López Obrador, se comenzará a sentir el cambio que se exige por los treinta millones que votaron el 1 de julio del año pasado, pero en vías de mientras, el presidente vive en Palacio nacional, y las fastuosas habitaciones de los Pinos, dejaron de ser una carga para el país y forman parte de un centro cultural.
Atenco y Ayotzinapa, pondrá a prueba a la autonomía de la fiscalía de la nación que tendrá que rendir cuentas claras y precisas con resultados que no han de identificarse con los organismos autónomos creados para hundir a PEMEX y la CFE. limacobos@hotmail.com
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