JOSE LIMA COBOS*
Ahora que un jurado en Estados Unidos ha condenado al presidente Trump a pagar 83.3 millones de dólares por difamación,” daño nominales”, reparación y que su actuar maliciosamente, por “odio, mala voluntad, o rencor, vengativamente, o en indiferencia imprudente o deliberada” contra la escritora E. Jean Carroll y ha arremetido contra el sistema judicial que está al señalarlo que esta “ fuera de control” y en claro símil con lo que se observa con los ministros de la suprema Corte de Justicia de la nación que quieren enmendarle la plana al congreso de la unión , lo procedente,- antes que sea demasiado tarde-, es que se ponga a funcionar lo que establecen los artículos 108,109 y 110 constitucionales que en lo esencial postulan” se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, lealtad , imparcialidad y eficiencia “que no observen” aplicando las sanciones de amonestación, suspensión, destitución e inhabilitación “ por los daños y perjuicios patrimoniales causados”.
Es evidente que los ministros de la suprema Corte, con excepción de Lenia Batrés Guaderrama, “ministra que vino aguar la fiesta- han incurrido en violaciones graves a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos,- artículo 127 . en cuanto a que perciben remuneraciónes y canonjías, no permitidas en las leyes que reglamentan las percepciones, luego entonces, se impone a que el Estado mexicano- Ejecutivo, Legislativo y Judicial-hagan lo que se ordena legalmente, de lo contrario, se incurre en complicidad y en el delito de corrupción, considerado grave en el artículo 20 constitucional y ante su omisión, amerita el accionar de los órganos responsables.
No es cuestión menor que durante 14 años - en que se reformó el artículo 127 constitucional para que nadie perciba más remuneración ni privilegios que el presidente de la república - y que los responsables de hacer cumplir la ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria y la ley de remuneraciones de los servidores públicos, sea letra muerta siga siendo desdeñada, más ahora que sabemos de los privilegios que se esconde entre los ministros de la suprema corte, y si hasta la fecha los once ministros se han agandallado con no menos de 2, 700 millones de pesos, si, como se demuestra , con la llegada incómoda de Lenia Batrés al ocupar un espacio vacante, de ninguna manera se excluye a nadie, de ahí, los ministros propuestos por Caderón, Peña Nieto y López Obrador, tienen que responder ante la justicia que ha sido lacerada por la ambición y voracidad del dinero, en claro asalto y atraco a los bienes de la nación como son los casos de los ministros en retiro :Olga Sánchez Correo, Cosio, Franco, Zaldívar, Luna Ramos y Medina Mora , además, en funciones Norma Piña ,Aguilar, Pérez Dayan, Laynez, Pardo y los nombrados por López Obrador como son Esquivel, Loreta Ortiz, Margarita Ortiz y González Carranca , que
obviamente , en clara simulación hicieron mutis para , en la complicidad y corrupción , esconder lo que constitucionalmente era atentatorio.
De los anterior expuesto, ahora se sabe que cuatro de los ministros: Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Margarita ríos y Jorge Mario Pardo pretenden en, dizque por falta de deliberación efectiva e indebida dispensa de trámite- que está previsto el reglamento del congreso-, o bien por cambio de lugar para sesionar, en fin con el afán de paralizar la actividad legislativa, los proyectos que se presenten deben estar a la vista anticipada de la población para su análisis y si el fondo es paralizar la vida política, económica y social de la nación, en clara traición a la patria y la paz pública, que nadie se quede callado , sin que ello se óbvice -antes que nada- que se les exija , de manera pública, que devuelvan lo malhabido, ello para estar en concordancia con lo previsto en el artículo 1º constitucional que es claro” Todas las autoridades , en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar ,proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad , interdependencia, indivisibilidad y progresividad .En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos”.
limacobos@hotmail.com
X:@limacobos1 |
|
