Despistados o aviesa perversidad de jueces, magistrados y ministros en obstaculizar las reformas constitucionales, es signo deleznables de quienes afirman que imparten justicia y son custodios de la constitución que rigen a un país y , sin pudor alguno hacer alarde de prepotencia y arrogancia, pues solo se puede hacer lo que la ley autoriza y más allá es la arbitrariedad plena que solo queda el camino de la sanción más severa que pueda aplicarse, porque más tolerancia en este aspecto, es claro un desprecio por el Estado de Derecho, pues siendo facultad exclusiva del pueblo que , por medio de la democracia cambie su gobierno o bien cuando la revolución , que se hace con sangre se empodera.
El artículo 135 constitucional señala el camino de manera clara y el 29 precisa que reside en el pueblo la soberanía que , puede, en cualquier momento cambiar lo que exige que se realice, luego entonces, cualquier acto en contrario, conlleva a que se actúe, sin miramiento alguno contra quienes pretenden trastocar el sistema de tranquilidad que tiene normas que horman la conducta de todos y más en los que aplican las leyes que incurren en grave y peligrosa impunidad.
Asi ha venido sucediendo desde hace quince o más años en que el artículo 127 constitucional señala que nadie debe percibir más emolumentos que lo que tiene el jefe de Estado que es el presidente de la república que se han violado de manera ostensible por los ministros de la corte, jueces y magistrados, con la complicidad o complacencia del poder legislativo y sobre todo de la ley de disciplina financiera y responsabilidad hacendaria, por ello, ahora que ha surgido un conflicto estimulado por quien preside el consejo de la judicatura federal al actuar al margen dem la ley, ya basta de impunidad y se exige que se revisen las pensiones que se ha adjudicado y se devuelva lo que ilícitamente se han agandallado, sin que exista pretexto de que ha existido consentimiento por parte del Estado, porque , siendo acto de corrupción que raya en delito de lesa humanidad, no puede darse la prescripción.
Si como se ha observado que la próxima presidenta de la republica tiene las agallas que no se utilizaron en el gobierno que termina en unos días más, ello vendrá a demostrar que se dejara de lado la simulación para, desde adentro del gobierno, actuar con rigor, porque es inadmisible lo que hemos observado recientemente, que los jueces, magistrados y ministros, obstaculizan las funciones del poder legislativo y del tribunal del poder judicial de la federación, al dictar suspensiones donde no se tienen facultades para que existan elecciones en los plazos constitucionales fijados para renovar al poder judicial cuando, el amparo no procede por así estar establecida en la ley de amparo que señala que existe improcedencia contra la adicciones o reformas a la constitución y, por otro lado, cuando la suprema Corte de Justicia ha establecido, además, como jurisprudencia del pleno que cuando en la constitución existen restricciones, los tratados internacionales no se aplica, según estableció en la jurisprudencia 392/2022 que es de observancia obligada.
Se tendrá que actuar enérgicamente contra los jueces que se extralimitaron en sus decisiones de suspensión y lo más grave que la presidenta de la corte y de la judicatura federal han convocado a consultas para ver si se aplican las reformas constitucionales y, si bien el hecho de que la conserjería jurídica haya hecho este anuncio , deja entrever que el poder legislativo tendrá que, respetando la constitución se inicie el juicio político para fincarlas sanciones que están previstas en los artículos constitucionales 100,109,110 y demás relativos de la ley administrativas de servidores públicos.
Si ayer se aplicó con Diaz Serrano , Méndez de Ocurro , López Obrador y otros, las consecuencias han sido pírricas, ahora queremos ver que vaya a fondo, para que ,auténticamente, la corrupción se vea sepultada para siempre jamás o, que de la chistera se saque el cuento de la suprema corte de justicia de Estados Unidos que en el caso de Trump que puso en peligro la democracia norteamericana con el asalto al capitolio, que no puede ser juzgado por crímenes de esos actos porque está sujeto al fuero constitucional, o el caso del ministro González en México que echó abajo la orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca.
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