Durante la administración Duartista, la falta de pago oportuno a los jubilados y pensionados
motivó que la sociedad pusiera su atención en el Instituto de Pensiones del Estado,
generando una campaña de descrédito para sus directivos en funciones, y el ataque frontal
a los integrantes del Consejo Directivo –compuesto por siete representantes del Gobierno
y seis representantes de los trabajadores-.
Uno de los principales detractores del Consejo y de su Director, fue el docente universitario
Dr. Hilario Barcelata Chávez, quien incluso generó su propio proyecto académico para
resolver el problema económico del IPE. La vida le otorgó la oportunidad al Dr. Barcelata de
comprobar que la realidad rebasa por mucho la doctrina que se imparte en clases. El actual
Director General del Instituto de Pensiones del Estado, ya debió de darse cuenta que ni los
consejeros manejan dinero como se les acusaba, y que la situación financiera del IPE tiene
que ver más por un problema estructural generacional que por malos manejos
administrativos, tomando en consideración que el gobierno del Estado le debe miles de
millones de pesos.
Esto viene a colación porque el pasado día 26 de julio, el H. Congreso del Estado aprobó el
Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley no. 287 de Pensiones del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Este Decreto tiene sus orígenes en una comisión
especial para atender la situación del IPE, que encabezó la Diputada Morenista Daniela
Griego y que pretende resolver, a juicio de los Diputados, la problemática del Instituto; por
ello entre otros aspectos, reforman la integración del Consejo Directivo –ya que parten de
la premisa que esa es la instancia de todas las desgracias de los pensionados-; crean un
Comité Financiero donde incluyen a dos expertos financieros; incorporan como prestación
social los préstamos hipotecarios, y otorgan reconocimiento de derechos a las generaciones
de derechohabientes que ingresaron al amparo de la Ley No. 5 y de la Ley No. 20, ambas de
Pensiones del Estado.
Si bien no son todos los tópicos normativos que se reforman, representan a mi criterio los
más interesantes porque, como exlegislador, tengo muy claro que cuando una ley se debe
modificar, es para resolver claramente una situación social; sin embargo, observo que este
Decreto es más populista, incluso hasta electorero (porque si bien se aprobó después de las
elecciones, el proyecto se anunció en pleno proceso electoral), tendiente a darle gusto a
grupos de pensionados y jubilados y, lo grave, es que no resuelve la situación económica
real del IPE, que no es otra más que la diferencia entre el número de derechohabientes
activos con el número de jubilados y pensionados, que en comparación es de 3 activos y
medio por un pensionado, cuando el último estudio actuarial efectuado en 2016
recomendaba de 8 a 10 trabajadores activos por un pensionado, siendo lo óptimo una
proporción de 12 a 1.
En la propia exposición de motivos de dicho Decreto, se prevé que existen 10,632
trabajadores con derecho a pensión, lo que implica que, si entra en vigor la reforma legal,
éstos podrían ejercer su derecho y generaría que el déficit que existe mensualmente para
el pago de pensiones se incremente de manera alarmante.
No sé qué decisión asumirá el Gobernador del Estado, si la de promulgar el Decreto o
ejercerá su derecho constitucional de veto; lo que sí puedo vislumbrar es que, a partir del
primero de diciembre de este año, cuando entre la nueva administración Morenista, se dará
cuenta del impacto económico que tendrá en el IPE esta reforma legal y ojalá, por el bien
de todos los derechohabientes, no resulte como la frase popular: “no es lo mismo ser
borracho que cantinero”. |
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