NO DESEAMOS ser especulativos y menos apóstoles de utopías, pero Baja California, a como se están presentado los hechos políticos más recientes, podría convertirse en el laboratorio de futuros experimentos, prácticas y trabajos de carácter político que prolonguen el mandato del Presidente Andrés Manuel López Obrador, sobre todo porque los organismos autónomos como el Instituto Nacional Electoral, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Acceso a la Información no merecen al Jefe de las Instituciones Federales ninguna importancia. Por ello en Baja California se realizó una encuesta sin tomar en consideración al INE, pues lo que pretendían era una tendencia favorable a Jaime Bonilla Valdez para ampliar su periodo de dos años –ganado en las urnas- a cinco años –por obra y gracia de una imposición muy propia de los regímenes autoritarios, dictatoriales o autócratas. Es violentar la ley “porque me da la gana y el pueblo bueno así lo quiere”; es pasarse por los entrecejos la democracia o el remedo de República que tenemos, y que no ha sido consolidada por los afanes monárquicos de gobernantes pasados y presentes, sobre todo de quienes han ocupado el Ejecutivo, mareados por tanto y semejante poder, creyendo ciegamente que un montón de gente es una República, algo que desechaba Aristóteles por incongruente, ya que una República contiene al menos seis definiciones superiores para serlo: 1.-La periodicidad en los cargos de los Gobernantes –que en Baja California no se está cumpliendo, ya que se eligió Gobernador por dos años y no por cinco-. 2.-La primacía de la ley, esto es, los ordenamientos establecidos en la Constitución por encima de cualquier ambición personal o de grupo. 3.-La igualdad ante la ley, en suma, no porque haya un partido mayoritario en estos momentos, con un Presidente de la República fuerte se pueden violentar las normas para beneficiar a uno de los suyos. 4.-La publicidad de los actos de gobierno: no es posible el secreto de Estado, o que se traten de ocultar verdaderas intenciones como está ocurriendo en el Estado fronterizo con Estados Unidos. 5.-La responsabilidad de políticos y funcionarios públicos de asumir la ley como un principio básico que fortalece la legalidad, pues si los gobernantes violentan la ley, qué se espera de la población cuando asume esos ejemplos y, 6.-El ejercicio de la ciudadanía, quien pone y depone, aunque en este caso, los MoReNos movidos por el dinero gratuito que reciben de López Obrador, vía programas sociales, le aprueban todo, aunque ellos no son, únicamente, el pueblo, como corresponde a un término propio del derecho constitucional.
BAJA CALIFORNIA es, ahora, el laboratorio político de lo que podría ocurrir en el 2023, luego de que en el 2022 el Presidente Andrés Manuel López Obrador sea ratificado por mayoría –toda vez que grupos, exprofeso pidan, a valores entendidos, la revocación de mandato-. Si AMLO logra una votación similar o superior a la que le dio el triunfo en 2018, tenga por seguro que un año después comenzarán a darse manifestaciones reeleccionistas mediante consultas sin valor legal, pero que para el caso es lo de menos, como ocurre, actualmente en el Estado norteño. Bastaría que organizaciones sociales –que necesitan de apoyo o respaldo político- sugieran una encuesta para determinar qué quiere el pueblo: ¿fin del sexenio o prolongación de mandato?, para que esto se convierta en una locura y nadie en sano juico se atrevería a contravenir al Presidente en funciones que, para entonces, ya tendrá el control absoluto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, seguramente, del Congreso de la Unión –en sus dos cámaras: diputados y Senadores-, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y hasta, por qué no, el Instituto Nacional Electoral, además de haber desaparecido al Instituto Nacional de Acceso a la Información (para que no quede huella que no, que no).
TAL VEZ, alguien debería atender la preocupación del consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova cuando descalifica la consulta realizada el domingo en Baja California sobre la extensión del mandato del gobernador electo, Jaime Bonilla, de dos a cinco años, ejercicio que considera un atropello a la democracia, además de ser “un laboratorio de las peores prácticas democráticas”, y vaya que tiene razón, porque en el remedo de consulta no pidieron, en todos los casos, credencial para votar; no se impregnaba el dedo de tinta indeleble como debería ser, y de hecho, varios periodistas lo corroboraron al pasar una y otra vez a sufragar para demostrar lo endeble, poco serio y técnicamente deficiente procedimiento, por lo que Córdoba ha dejado en claro que el INE ya busca la manera legal de involucrar a la Suprema Corte de Justicia para que se pronuncie sobre el tema, aunque a decir verdad, esa instancia lo que menos quiere en estos momentos es confrontarse con el Presidente que tiene de su lado a la Fiscalía General de la Republica por lo que pudiera ofrecerse, y si no que le pregunten al ex ministro Eduardo Medina Mora.
EL ASUNTO no es ligero ni simplista; hay, aunque se diga lo contrario, un deseo reeleccionista, y las evidencias son más que contundentes: 1.-El Presidente no desea declarar la guerra a la delincuencia organizada, no por miedo sino porque quiere garantizarse la seguridad en sus recorridos por el País, sobre todo ahora que no hay un Estado Mayor Presidencial que lo cuide. Si AMLO reprime podría encontrase con algún atravesado que lo agreda y ponga en riesgo su seguridad y evidencia el supuesto cariño que le tiene el “pueblo bueno”. 2.-Muchos Estados están incurriendo en subejercicio, incluido Veracruz, recursos que al no ser ejercidos para lo que fueron etiquetados deben ser devueltos a la Federación, y el Presidente tendría la libertad de usarlos en sus programas sociales clientelares –electorales-, lo que le garantizará el voto de millones de jóvenes que ni estudian ni trabajan, pero que reciben becas mensuales o bimestrales, hombres y mujeres de la tercera edad a quienes les llega una pensión con cargo a las contribuciones, campesinos que ya no son manipulados o rasurados por los dirigentes, sino que reciben su mesada directamente. AMLO trabaja en su propio proyecto y, mientras tanto, niega alguna intención de perpetuarse en el poder, aunque el sistema que está utilizando se encuentra muy inclinado al socialismo de Venezuela, Bolivia o Nicaragua.
POR LO pronto, ya se experimentó en Baja California, y si Jaime Bonilla se sale con la suya y su periodo, aunque fue electo por dos años se prolonga a cinco, la decisión de prolongar el periodo presidencial sería inevitable. El Presidente se apodera, mientras tanto, del resto de los poderes que renuncian a su facultad de ser contrapeso, todo en aras de seguir disfrutando del placer de ser Gobierno y, por qué no, con alternativas nuevas para asegurar el futuro de su parentela. Porque mecanismos para enriquecerse hay muchos, y sería el precio para seguir impulsando a la Cuarta. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
|
|