AUNQUE SU ambición era erigirse en candidato a la diputación local en la próxima elección de 2024, pese a ejercer un violento cacicazgo en la zona acelerado por el tesorero Juan Pablo Becerra Hernández que añora ser su reemplazo en la alcaldía, al Presidente Municipal de Jalacingo, Roberto Perdomo Chino el Tribunal Electoral de Veracruz le ha frustrado los “sueños guajiros” al suspenderle, por 24 meses, los derechos políticos luego de ser encontrado culpable de violencia política en razón de género en contra de la Síndica Única, Conchita Bandala Martínez, una mujer que no se ha plegado a los caprichos del munícipe que maneja los recursos a su total arbitrio, lo mismo que la obra pública confiado en de que al formar parte del Partido Verde Ecologista de México, aliado de MoReNa y PT nada podrían hacerle –haga lo que haga-, pues está demostrado que los militantes de esa coalición gozan de total impunidad como ha quedado evidenciado en otros casos que más adelante citaremos. Pero el TEV, presionado por las evidencias y las circunstancias determinó que es responsable de ejercer violencia política en razón de género en contra de la síndica y representante legal del ayuntamiento, a la que en represalia por sus denuncias y cuestionamientos le redujeron no solo el salario, a tal grado que es mucho menor al que perciben otros funcionarios de ese municipio enclavado en la zona centro del Estado, donde Perdomo amenaza a otros alcaldes en aras de someterlos, argumentando que cuenta con todo el apoyo de un poderoso mandamás de Palacio de Gobierno que ya le dio luz verde para ser el abanderado a la diputación local en un afán de restarle poder al PRI que sigue controlando la zona, sino que la confinó a asuntos sin importancia cancelándole su legítimo derecho de participar en las sesiones de cabildo, además de prohibirle firmar documentos que son de su responsabilidad, en tanto sigue manejando la jugosa obra pública junto con el tesorero y la protección del Órgano de Fiscalización Superior que cobija a quien le ordena el segundo de a bordo de Cuitláhuac García Jiménez.
POR LO pronto, el TEV ordenó a Perdomo Chino realizar ajustes al presupuesto de este año para igualar el sueldo originalmente asignado a la síndica, y reponerle además la parte proporcional que dejó de percibir durante el lapso en que fue violentada, y de paso queda notificado el alcalde agresor que no podrá participar en ningún proceso electoral durante los próximos dos años –esto es, hasta 2025- ya que fue inscrito en el Catálogo Nacional de Sujetos Sancionados por Violencia Política en Razón de Género. Y es que en Jalacingo los recursos se manejan al arbitrio del alcalde, el tesorero Juan Pablo Becerra y los ediles “maiceados” por el Presidente Municipal, lo que fue denunciado por la
síndica Conchita Bandala que no quiso prestarse a esos enjuagues, y menos cuando es, ante la ley, la representante legal del ayuntamiento. En Xalapa, la edil denunció en conferencia de prensa haber sido víctima de amenazas de muerte, por lo que pidió la intervención del Gobierno del Estado que al no hacerle caso, presentó una denuncia en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra del alcalde, el tesorero y ediles, por la compra irregular de un terreno, así como una denuncia en la Fiscalía contra Delitos Electorales y Delitos contra la Libertad de Expresión por violencia política en su contra. Conchita se había negado a participar en la compra-venta opaca de un terreno que no tiene legítimo dueño, y que el alcalde y su comuna buscaron adjudicarse por 327 mil pesos. El predio es de una persona que ya falleció, pero Perdomo y la comuna, de forma marrullera, pidieron a una persona de la tercera edad que se presentara como legítimo propietario para concretar la compra-venta, pero luego apareció un sobrino del auténtico dueño que tampoco acreditó legalmente la propiedad. Con todo y ello, revela Conchita, se enviaron los documentos con un notario que intentó hacerla firmar una escritura de compra-venta, dado que en los estados financieros aparecen 327 mil pesos como venta concretada, “y aunque yo como síndica debo firmar, no lo he hecho”, lo que motivo el malestar. “La supuesta dueña lo vendió en 150 mil pesos pero solo le dieron 40 mil y no ha recibido más; ellos tienen reportado al ORFIS (Órgano de Fiscalización Superior) que se hizo un pago por 327 mil pesos”. Por esa razón, y otros casos de corrupción y abuso de autoridad en los que no ha estado de acuerdo, Bandala Martínez ha recibido amenazas, le han coartado su libertad de expresión y de trabajo, y ha recibido humillaciones y ataques del alcalde y regidores. Incluso, dice haber sufrido acoso sexual, por lo que teme por su seguridad, ya que reveló haber sido sacada de la carretera en varias ocasiones por parte de vehículos que la perseguían.
PERO ESE es solo un caso de alcaldes que andan en líos por abusos de poder. El otro corresponde al munícipe de Nautla,
Miguel Vergel Vázquez detenido el miércoles al interior de un autolavado de la avenida Miguel Alemán del puerto de Veracruz por portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, y junto con él, tambien, fue detenido su secretario particular, Marcia Rodiz. Vergel tomó posesión como alcalde el 31 de diciembre de 2021, pues ganó las elecciones cobijado por el Partido de la Revolución Democrática, pero apenas el 3 de Junio de este año, el Presidente Municipal y su esposa, Karina Martínez, presidenta del DIF, sostuvieron un altercado con la exalcaldesa de Nautla, Daysi Fabre Montoya, quien exhibió que la habían golpeado e incluso subió a sus redes sociales un video en donde se observa una gresca, por lo que los malquerientes suponen que ese podría ser el verdadero motivo de la detención, ya que a la ex alcaldesa la protege un poderoso funcionario de Palacio de Gobierno paladín de la defensa de la negritud, aun cuando en el reporte, los oficiales de seguridad pública dijeron haber encontrado por lo menos dos armas de fuego y cartuchos útiles, y al proceder con el interrogatorio, uno de ellos se identificó con el nombre de Miguel Vergel Vázquez, alcalde de Nautla, Veracruz. Al secretario Marcia Rodiz también le solicitaron el permiso para portar las armas y al no contar con este los pusieron a disposición de las autoridades correspondientes.
AUN SE recuerda cuando en Febrero del año en curso el alcalde morenista de Río Blanco, Ricardo Pérez García fue detenido por los delitos de portación ilegal de arma de fuego y contra la salud. El munícipe fue aprehendido en la colonia Nuevo San José, frente a la Universidad del Golfo, en el municipio de Córdoba, cuando viajaba en una camioneta Mazda C3, color gris con placas del estado de Veracruz. Luego de una revisión al vehículo, la policía aseguró un arma larga, una corta, cargadores, cartuchos, cuatro chalecos tácticos y un equipo de radiocomunicación, siendo puesto a disposición de la subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR), pero al tercer día fue puesto en libertad gracias a que es morenista y amigo del poderoso Secretario de Educacion de Veracruz, Zenyazen Roberto Escobar García. Así se las gastan los morenos en tierra de nadie, aunque en el caso de Jalacingo, bien merecido lo tiene el fanfarrón alcalde. OPINA carjesus30@hotmail.com
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