DESDE LA llegada de Cuitláhuac García Jiménez al gobierno del Estado, la crisis provocada por las desapariciones forzadas se ha elevado a niveles insospechados, peor aún que en la administración del inefable Javier Duarte de Ochoa –que es hablar de cosas terribles-, esto a pesar de la declaratoria de emergencia humanitaria que promovió el actual mandatario al inicio de su gestión. Es tan grave lo que está ocurriendo en Veracruz, que la cifra de desaparecidos y no localizados rebasa la de los tres gobiernos anteriores: Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes Linares, y eso que todavía le falta casi un año al frente del Ejecutivo del Estado. El tema es tan delicado, que Mayra Ledesma Arronte, académica de la Universidad Veracruzana que ocupó la dirección de Cultura de Paz y Derechos Humanos desde el inicio de la actual administración hasta enero del 2022, aclara que, “una cosa es poner más presupuesto, que es algo básico qué había que hacer, pero no se pueden seguir llenando la boca diciendo que se atiende como nunca antes. Cuitláhuac García está por terminar su periodo, y el cumplimiento de la Declaratoria del Programa Emergente en materia de Desaparición de Personas no se ha cumplido, ni siquiera en un 30 por ciento”. Su postura tiene un sustento: la cifra de desaparecidos era de 2 mil 340 personas hasta mayo de 2023, mientras que en el periodo de Miguel Ángel Yunes Linares (2017-2018) sumaron 849 desaparecidos, con Javier Duarte (2011-2016) 2 mil 311 no localizados, y con Fidel Herrera (2006-2010) se tuvo un registro de 266 personas esfumadas como por arte de magia, pero el conflicto sigue creciendo, de tal manera que a la fecha se habla de más de 7 mil 200 personas desaparecidas en el Estado, y solo para rubricar, basta señalar que en la primera semana de enero de este año, la Comisión Estatal de Búsqueda reportó la desaparición de cinco personas en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río-Medellín de Bravo de las cuales dos son menores de edad, y apenas el viernes se informó en torno a la no localización de una adolescente de 15 años en Xalapa de nombre Valentina García Hernández, y otros dos casos. Por ello Ledesma Arronte, respaldada en información de la Comisión Nacional de Personas Desaparecidas con base en datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, asume que Cuitláhuac García tiene en el olvido toda la política de Derechos Humanos que se construyó al inicio de su gobierno, de tal suerte que, “ningún programa pasa la prueba de los indicadores que se construyeron y que se supone debería estar muy ocupado y preocupado por cumplir”. Y tiene razón, porque las familias de las personas desaparecidas merecen respuestas y acciones que ataquen el problema de raíz, no que se "administre" la problemática. Ellas, tienen todo el derecho y la legitimidad para protestar, cerrar calles, tomar Palacio y lo que sea necesario para ser escuchadas.
AHORA QUE, si la crisis de desparecidos es gravísima, la forense no tiene desperdicio. Y es que una investigación documental del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia A.C, identificó que la Fiscalía General del Estado tenía hasta el 2018 más de 45 mil restos humanos sin identificar, por lo que muchos cuerpos han ido a parar a fosas clandestinas. Anais Palacios Pérez, integrante del Instituto y acompañante de Colectivos de Búsqueda de Personas Desaparecidas, atribuye lo anterior al grave rezago que existe en la Fiscalía General del Estado (FGE) en la materia. El registro obtenido ya fue entregado
al Registro Nacional de Fosas Clandestinas y contiene información del 2006 al 2018, por lo que, considera que el número de restos se disparó en los últimos años sin que las autoridades den cifras actualizadas por el escándalo que ello provocaría.
EL INFORME refiere que 29 municipios veracruzanos registran más desapariciones, y la principal exigencia de las familias es que se pueda asignar un presupuesto únicamente para trabajos de identificación humana de restos que han sido exhumados de fosas clandestinas. “Hay cientos de millones de pesos, pero no hay presupuesto para la investigación de delitos de desaparición y más importante, para la identificación humana; hicimos una investigación documental y encontramos que de 2006 al 2018, por el informe que se remite para el Registro Nacional de Fosas, hay más de 45 mil restos sin identificar, eso hasta 2018, y de 2018 para acá ¿cuántos más se suman a esta cantidad tan horrible?”, insiste. Lamentable y preocupante es el hecho de que autoridades de la Fiscalía han reconocido que el Centro de Identificación Humana de Nogales, que se construyó en la actual administración, ya está saturado de cuerpos, lo que pone en evidencia la gravísima violencia que se está viviendo en el Estado. Por ello, familias y colectivos plantean a legisladores de todos los partidos poder retomar la creación de la Comisión especial para la Desaparición de Personas en Veracruz, la cual daba seguimiento y acompañamiento a los Colectivos. De igual manera piden a legisladores que se emita la convocatoria para renovar a las personas que son integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda, pues quienes están ahora ya cumplieron su periodo de consejeras, además de sacar de la congeladora una propuesta para reformar la Ley de Desaparición de Personas en Veracruz, con la cual se busca ampliar de tres a cinco años el periodo de los integrantes del Consejo Ciudadano.
EL ASUNTO de las desapariciones y de las fosas clandestinas en el Estado no debería tomarse a la ligera, pues hasta el propio asesor forense del Comité Internacional de la Cruz Roja, Luis Espinoza Muñoz sostiene que en el tema de las desapariciones forzadas, en México falta voluntad del Estado para fortalecer a las instituciones y promover la formación de especialistas en materia de seguridad. El experto, expone que el principal reto al que se enfrentan los buscadores de personas es la falta de capacitación especializada, pues quienes incursionan en la actividad requieren de una formación inicial amplia sobre procesos de identificación. Al realizar esa labor son fundamentales la conformación de equipos para integrar información, el acceso a recursos e insumos, además de la infraestructura adecuada a fin de llevar a cabo los procedimientos necesarios.
PORQUE LEA usted: integrantes del colectivo Familiares en Búsqueda “María Herrera” de la zona norte de Veracruz, expresaron que 2023 cerró con mucha violencia y que el número de desaparecidos creció al doble. La organización habló de al menos 600 personas desaparecidas de manera forzada, pues las búsquedas se intensificaron durante el año pasado, ante la omisión del gobierno, en donde no existen fiscalías especializadas ni personal que investiguen y coordinen una búsqueda efectiva, aun cuando el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (Rnpdno) de la Secretaría de Gobernación (Segob), solo tiene registro de 305 desaparecidos en 29 municipios de Veracruz en 2023, lo cual niegan los colectivos que viven en carne propia la ausencia de un familiar. A ver que candidato retoma el tema y da un aliento de esperanza a parientes de las víctimas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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