DICEN QUIENES lo han vivido que el dolor por un familiar desaparecido es tan grande, que la muerte parecería envidiable, pues en ese tipo de duelo la persona no puede aceptar el sufrimiento de la pérdida procesando la muerte de un familiar, y tampoco tiene la certeza de qué ocurrirá con él, lo que genera estados de angustia y ansiedad. Por ello expertos como el jefe de Psicología Básica del campus de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara (UdeG), Francisco Gutiérrez, refieren que “para familiares y amigos de una persona desaparecida es difícil hablar de lo que ocurre dentro de sí. Hay una serie de reacciones psicológicas de dolor, depresión, ansiedad, irritabilidad, sentimientos de culpa, sobre todo porque no tienen la certeza de si su familiar ha fallecido o no”, y lo peor es que instituciones gubernamentales encargadas de dar seguimiento a esos casos “contribuyen en algunas ocasiones” a fomentar que los familiares tengan crisis o recaídas emocionales, ya que no están capacitadas para el tratamiento adecuado de estos temas. “A veces les entregan las pertenencias en una bolsa de plástico de basura, o hay impacto psicológico por entrar a reconocer el cuerpo en una fosa clandestina o donde no hay una adecuada clasificación”. Por ello, los trastornos mentales que llegan a desarrollar los familiares los aíslan de su propia familia y de su entorno social, causándoles conflictos laborales y sociales.
LO LAMENTABLE es que en México, el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, asume que 106 mil 780 personas han desaparecido en México desde 1964, pero como a la Cuarta Transformación le gusta culpar al pasado antes que asumir sus propias responsabilidades, justifica que “es la herencia más dolorosa que recibió este gobierno, derivado de la guerra contra el narcotráfico y las violaciones sistemáticas a los derechos humanos que generaron una crisis humanitaria en el país. El Estado fue omiso en su responsabilidad en la búsqueda de personas y en la protección de derechos fundamentales”, dice.
PERO LAS cifras que no mienten –como si miente el subsecretario de Gobernación, aunque su tapadera, el Presidente Andrés Manuel López Obrador diga que Alejandro Encinas es incapaz de mentir: por sexenios, el de Enrique Peña Nieto es el que más reportes de desaparecidos ha tenido. Durante los seis años de su administración se reportaron 109 mil 250 desapariciones: 72 mil 525 (66 por ciento) fueron localizadas; 36 mil 725 (34 por ciento) no, mientras que en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador (al que le faltan dos años), 103 mil 833 personas han sido reportadas como desaparecidas, no localizadas y localizadas, de ellas, 59 mil 709 (57 por ciento) ya fueron localizada y del resto, 44 mil 124 (43 por ciento) se desconoce su paradero.
GRAVE, TAMBIÉN, sin duda, el hecho de que México –por falta de inversión en mecanismos científicos- atraviese por una crisis forense, pues hay más de 52 mil cuerpos humanos sin identificar. Además, comenta, se han identificado 2 mil 386 fosas clandestinas y hasta ahora se han exhumado 4 mil 180 cuerpos desde diciembre de 2018. Por ello la importancia de que los familiares de desaparecidos tengan un acompañamiento de tipo psicológico durante el proceso de búsqueda y cuando encuentran a su ser querido, ya que se trata de hacer una contención emocional donde primero se fomenta la calma, realizar actividades proactivas para la búsqueda, la orientación legal es de suma importancia, al igual que un proceso de psicoterapia para hablar sobre las emociones, ideas irracionales y de ampliar su red social de apoyo, que es algo de suma importancia en esos momentos.
SEGÚN EXPERTOS, los impactos psicológicos, sociales y económicos que ha dejado el conflicto, sin duda han traído consecuencias personales, familiares y colectivas, como es el caso de la desaparición, donde no solamente es un hecho traumático para las personas afectadas, sino que genera un gran dolor a sus familiares y seres queridos, viviendo en un limbo al desconocer el paradero, las circunstancias de sus familiares desaparecidos, un duelo irresuelto con problemas emocionales y psicológicos profundos que afectan los proyectos de vida de las personas y sus familias, dañando los vínculos humanos, las relaciones comunitarias y sociales no sólo en un corto y mediano plazo, en muchas ocasiones pasan décadas buscando el saber la verdad y justicia para su familia.
Y ES que para analizar los restos humanos de las más de 52 mil personas fallecidas que permanecen sin identificar en el País, sin contar los que se van sumando cada día, serían necesarios 120 años o más, debido a que los servicios forenses son insuficientes, no hay una política pública de identificación humana en relación con la desaparición de personas y varios instrumentos previstos en la ley no han sido creados desde hace más de cuatro años. Por esa razón, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) destaca ese cálculo de los expertos en el informe de su reciente visita a México, externando su “profunda preocupación ante la crisis forense a la que se enfrenta el país”. Karla Quintana, titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, explica que, desde su llegada al cargo, una de las grandes limitaciones encontradas en la ley en la materia es que no da capacidades de identificación humana a las comisiones de búsqueda del país, que quedan supeditadas al trabajo de otras instancias.
De acuerdo con el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED, Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Chihuahua, Tamaulipas y Nuevo León concentran el 71.7 por ciento de los cuerpos no identificados, mientras que los estados que acumulan el número mayor de fosas clandestinas son: Veracruz, con 608; Tamaulipas, 528 y Guerrero con 459. Mientras que las entidades federativas en las que fueron exhumados más cuerpos son Jalisco, con 1 mil 388; Sinaloa, con 728 y Chihuahua, con 605. Ahora que, lo que vemos en el día a día, y lo que viven las familias de las personas desaparecidas, es que hay una apuesta de varias comisiones locales, y de varios colectivos de hacer búsquedas de exhumación en distintas partes del País, pero después el gran problema es qué se hace con estos restos, con los cuerpos que se rescatan, quién los procesa, a dónde va la información genética y forense, y por ello la importancia de contar con un Banco Nacional de Datos Forenses, cuya operación requeriría, además, de una coordinación clara entre fiscalías locales, entre estas con la Fiscalía General de la República (FGR) y los órganos autónomos de búsqueda. Así de simple…OPINA carjesus30@hotmail.com
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