ASEGURAN EXPERTOS que la ira, tristeza, angustia, miedo y ansiedad, entre otras emociones que nos alteran negativamente, generan respuestas neurológicas a través de neurotransmisores que afectan directamente el sistema nervioso parasimpático y simpático, el cual controla nuestro corazón, y si esas emociones desencadenan en episodios de estrés –por amenazas u otras presiones psíquicas-, esto suele ser factor de riesgo para padecer enfermedades cardiovasculares como el infarto fulminante, que fue lo que le costó la vida a Carlos Manuel Urzúa Macías, el primer secretario de Hacienda y Crédito Público del Presidente Andrés Manuel López Obrador, quien apenas el domingo pasado había participado en la llamada Marcha por la Democracia, y el lunes, en su domicilio, cayó sorpresivamente, golpeándose la cabeza a cuatro meses de cumplir 69 años. Quizá Urzúa no fue asesinado materialmente como muchos especulan, pero moralmente fue objeto de críticas, presiones y hasta agresiones verbales que pudieron hacer mella en su ánimo, sobre todo a partir de Julio de 2019, cuando presentó su renuncia con carácter de irrevocable al Presidente Andrés Manuel López Obrador por diferencias en la política económica del mandatario, y en su carta de dimisión lo dejó muy claro cuando expresó que “discrepancias en materia económica hubo muchas. Algunas de ellas porque en esta administración se han tomado decisiones de política pública sin el suficiente sustento”, y agregaba: “Estoy convencido de que toda política económica debe realizarse con base en evidencia, cuidando los diversos efectos que esta pueda tener y libre de todo extremismo, sea este de derecha o izquierda”. Dejó en claro aquella dimisión que durante su gestión “las convicciones anteriores no encontraron eco. Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimiento de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés. Por los motivos anteriores, me veo orillado a renunciar a mi cargo. Muchas gracias por el privilegio de haber podido servir a México”, y su firma acompañando la renuncia.
APENAS EL 19 de febrero de este año, el lunes que falleció, Carlos Manuel Urzúa Macías –que se desempeñaba actualmente como asesor financiero de la candidata del PAN, PRI y PRD a la Presidencia-, público horas antes un artículo de opinión en el que enumeraba “Veinte distractores presidenciales” de AMLO. Urzúa puntualizó en su última entrega: “Está por terminar el sexenio y las últimas iniciativas que propondrá Andrés Manuel López Obrador acaban de llegar al Congreso. Son veinte y se pueden clasificar en tres grupos. El primero lo componen las iniciativas que él ha mencionado muchas veces y a fuerza de hacerlo son ya lugares comunes. Un ejemplo: ningún funcionario público debe ganar más de lo que percibe el presidente (sin contar, obviamente, las millonarias prebendas en especie que él disfruta en Palacio Nacional). Otro ejemplo: deben extinguirse los organismos autónomos (en defensa de los cuales hemos escrito aquí). El segundo grupo lo integran las iniciativas que son tan banales que hasta contienen párrafos que son simples chistes. Un ejemplo: en la Constitución no debe hablarse de “empresas productivas del Estado”, sino de “empresas públicas del Estado” (por aquello de los déficits de la CFE y de Pemex). Otra ocurrencia, que ya se está volviendo un clásico entre los mexicanos, es que en la Constitución debe establecerse que se prohíben los “vapeadores” (cigarrillos electrónicos). El tercer grupo es el de sustancia, el que contiene las manzanas envenenadas. Una de esas iniciativas, por fortuna inadmisible para la oposición, es reformar el sistema electoral. Entre las trampas está el reducir de 500 a 300 el número de diputados y de 128 a 64 el número de senadores, una vez que se elimine la posibilidad de que haya legisladores por la vía plurinominal y senadores que sean primera minoría. Con esta reducción el presidente pretende que, en las elecciones de junio Morena, junto con sus partidos satélites, obtenga la mayoría calificada (más de dos tercios de los legisladores), o al menos la mayoría absoluta (más de la mitad).
OTRA TRAMPA en esa misma iniciativa -sostenía Urzúa- gira sobre la revocación del mandato presidencial. Plasmada a fines de 2019 en la Constitución, esa disposición establece que para que una revocación pueda ser efectiva debe haber una participación en la consulta de, al menos, 40 por ciento de los electores. López Obrador pretende ahora reducir la cifra a 30 por ciento (el porcentaje actual de su voto duro se estima entre 20 y 25 por ciento). La otra iniciativa de gran riesgo gira alrededor del actual sistema de pensiones que fue creado en 1997 y fue modificado, para bien, en el 2020. Hace un mes detallamos en este espacio tal sistema, que involucra un incremento gradual en las contribuciones patronales y lleva a una tasa de reemplazo (el porcentaje del último salario percibido) similar al promedio de los países de la OCDE. Bueno, pues por razones electoreras López Obrador ya inventó que esa tasa sea del 100 por ciento. Para este año la iniciativa pretendería incluir a quienes se retiren con un salario mensual hasta los 16 mil 777 pesos. En el largo plazo esta propuesta tendría un impacto presupuestal gigantesco, pues todo el extra de la pensión sería cubierto con dinero público. Pero lo más absurdo es que el presidente cree que el dinero que se requeriría hoy, más de 60 mil millones de pesos, puede salir del llamado Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado y de las utilidades del Tren Maya y el AIFA. Lo que es no tener idea de la situación financiera de esos organismos. El instituto tiene más pasivos que activos y sus elefantes blancos tendrán pérdidas por mucho tiempo.
INSISTIMOS, CARLOS Urzúa falleció de un infarto fulminante al miocardio, un mal que puede ser acelerado por una fuerte emoción que bien podrían ser amenazas como las que han recibido, actualmente, infinidad de candidatos a cargos de elección popular de la oposición, lo que ha motivado renuncias inusitadas. Y es que las amenazas contra aspirantes o políticos opositores no se han hecho esperar, y en ese sentido, dos presidentes municipales del PAN ya renunciaron a la contienda electoral por esas causas, según relata el dirigente nacional, Marko Cortés, quien acusa inacción por parte del Gobierno Federal para atender la violencia que aqueja el actual proceso electoral. El líder del blanquiazul no da nombres, pero asume que se trata de dos presidentes municipales que fueron amedrentados junto con sus respectivas familias, mientras que a un aspirante a diputado local lo golpearon, aunque él sí decidió permanecer en la contienda. Por ello demanda una democracia donde los mexicanos decidan sin presiones del gobierno ni del crimen, “porque este gobierno amedrenta, amenaza con que le va a quitar a la gente el programa social o el apoyo, cuando eso no se lo puede quitar porque además ya están en la Constitución”. Lo más lamentable, insiste, es que deja que el crimen organizado, con esto de sus abrazos, baje candidatos, amedrente candidatos, golpee candidatos y hasta asesine candidatos, y el gobierno simplemente no hace nada”. Así las cosas. OPINA carjesus30@hotmail.com
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