AUNQUE LA directora del DIF Estatal, Rebeca Quintanar Barceló ya exoneró a Araly Rodríguez Vez, la empleada de la Secretaría de Educación de Veracruz a la que varias dependencias del Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez le otorgaron contratos sin licitar por más de 100 millones de pesos, lo que de entrada entraña un delito. lo cierto es que la señora no es nadie para eximir de un probable ilícito a la mujer que, según el titular de la SEV, Zenyazen Roberto Escobar García ya fue despedida, pero no basta con ello. Hay más de cien millones que le otorgaron en contratos sin que, a simple vista demostrara ser poseedora de solvencia económica, incluso, para pagar las fianzas que por obligación deben presentar para el caso de incumplimiento. Araly no ha dado la cara, y queda claro, por lo tanto, que alguien de muy arriba la está protegiendo y temen que al comparecer ante la Fiscalía General del Estado pudiera embarrar a quienes la metieron en esta aventura. Lo lamentable sería que a la mujer le ocurrieron algo, pues aunque como dice Manuel Huerta Ladrón de Guevara, ni era tanto como en el duartismo, lo cierto algo no queda claro, ya que la dama se ignora donde se encuentra. Es más, ni siquiera hay fotografías de ella, como si algunos quisieran tapar el sol con un dedo. Con todo y ello, Araly Rodríguez debe ser presentada ante las instancias pertinentes –en caso de existir- para que se defienda y rinda declaración en torno a sus padrinos, cuanto le pagaban por fungir como prestanombres y que sea la justicia quien ponga a cada cual en su lugar, incluido el Gobernador ya sea por su participación o ignorancia, porque la desidia o indolencia también se debe castigar. Y es que el papa del Gobernador, el profesor Atanasio Jarca Durán podrá decir que su hijo es blanco y puro, y otra muy distinta lo que tenga que decir la prestanombres ante la ley, aunque si su caso es llevado a la Fiscalía General del Estado lo más probable es que la indulten y hasta la premien.
POR ELLO, el dirigente Estatal del PRI, Marlon Ramírez Marín que fue quien sacó a flote el caso, no debe quitar el dedo del renglón y exigir que el tema se lleve hasta las últimas consecuencias, pues lo que está en juego es dinero de los contribuyentes, ese que utiliza el Presidente Andrés Manuel López Obrador en la compra de consciencias, los programas sociales, lo que mantiene al País sin crecimiento y estancado en la producción alimentaria; a los hospitales sin medicamentos, a quienes padecen VIH/Sida sin retrovirales, y a niños sin maestros que cubran ausencias, como el caso de la escuela primaria "Benito Juárez García" de la localidad Monte Verde municipio de Alto Lucero, cuyos padres de familia tomaron las instalaciones de la SEV ya que, desde que inició el ciclo escolar carecen de un profesor de quinto año. Pero no es el único caso, en el norte, centro y sur se padece el mismo problema, porque la SEV no tiene dinero para enviar profesores debido al subejercicio al que los obliga a incurrir el Presidente.
LO QUE llama la atención es que en el caso que nos ocupa, hasta el Secretario de Finanzas y Planeación, José Luis Lima Franco admite el hecho, aunque como buen morenista se lava las manos y reparte culpas como si con ello se solucionara ese acto de presunta corrupción. Porque atrás de Araly Rodríguez debe haber un pez gordo que mece la cuna, pero Lima Franco acaso tratando de protegerlo, reconoce que nunca revisaron si el domicilió fiscal de la prestanombres correspondía, cuando es lo primer que se debe hacer, lo que podría indicar que habría más casos.
PERO MUY ingenuo insiste en que nunca revisaron si el domicilió fiscal de Araly Rodríguez Vez correspondía a ella, e igualmente dijo que el pago hecho por cada dependencia a ella como proveedora es culpa de esas dependencias. Primero definió que para poder contratar a cualquier persona física o moral por parte de una instancia gubernamental, sólo se puede hacer a quienes estén inscritos en el padrón de proveedores. Sin embargo en el caso de Araly existen por lo menos dos contratos por parte de la Secretaría de Salud, donde no aparecía aún en dicho padrón, lo que ya configura un delito para quienes la contrataron por no cumplir con los lineamientos que establece el Gobierno del Estado
Y ES que, incluso en un par de casos el Órgano de Fiscalización Superior observó esas irregularidades en la cuenta pública 2020 a la Secretaría de Salud, por lo que Lina Franco termina por aceptar que si alguna dependencia estatal le asignó y pagó los contratos a un proveedor incluso antes de estar empadronada, es una irregularidad que es exclusiva de los trabajadores que lo aprobaron. "La ley es muy clara, no se puede contratar y mucho menos pagar a una empresa o particular que no esté en el padrón de proveedores, y serán ellos quienes respondan", hizo énfasis en torno a los casos encontrados en las secretarías de Salud y Seguridad Pública, así como del DIF Estatal. En cuanto a la parte de Sefiplan dijo que para registrar a cada proveedor, primero tiene que cumplir con una serie de requisitos, entre los cuales está su domicilio, pero nunca revisaron si efectivamente era el señalado en su registro. El funcionario Cuitláhueco refiere que la Sefiplan sólo revisa todo en papel, y posterior a ello, revisa su declaración patrimonial para ver que estén al corriente tanto a nivel federal como estatal. Después se verifica que no aparezca en el listado de empresas fantasma y con eso basta.
QUEDA CLARO que alguien proteger a Araly Rodríguez, ya que a diferencia de otros casos, el gobernador no se ha pronunciado porque se llegue hasta las últimas consecuencias, y solo reconoce que la empresa de la susodicha podría ser fantasma, pero hasta ahí, cuando las denuncias ya deberían estar en la Fiscalía Estatal, y ojalá Marlon Ramírez no se cruce de brazos seducido por el poder, ya que tiene en las manos un verdadero garbanzo de a libra. El caso es ya un escándalo nacional, pero acaso por instrucciones presidenciales nadie dice nada, apostándole a que el tiempo todo lo cura, aunque estamos ante un delito que podría destapar la cloaca de la 4T, con todo y las defensas que a priori ya comenzaron a realizar algunos a favor de Araly.
Y ES que tiene razón el Senado Julen Rementeria cuando expone que el caso de las empresas fantasma para obtener contratos millonarios del Gobierno del Estado, tiene más involucrados, y por ello se debe investigar a fondo. No es secreto que el gobernador Cuitláhuac García Jiménez reconoció esa irregularidad, y por lo tanto debe cumplir con su palabra de llegar hasta las últimas consecuencias, pues Araly Rodríguez es identificada como burócrata del gobierno estatal y, sin embargo, fue favorecida con contratos por más de 100 millones de pesos en dependencias como la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública y el Sistema DIF Estatal. Vaya caso. OPINA carjesus30@hotmail.com
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