EN MEXICO comienzan a normalizarse los asesinatos de alcaldes y sacerdotes –además de otros actores de la vida pública, social y cultural del País, sin menoscabo de los medios de comunicación cuyas instalaciones son baleadas a mansalva y sus trabajadores secuestrados-, y basta con un trillado: -estamos investigando, este crimen no quedará sin castigo, condenamos la violencia, no habrá impunidad- para que los adoctrinados seguidores de la Cuarta Transformación se apacigüen o serenen, echando culpas, como siempre, al pasado, a los enemigos públicos número uno del Movimiento de Regeneración Nacional, en este caso al ex Presidente Felipe Calderón y a su ex secretario de seguridad, Genaro García Luna. El hecho más reciente corresponde al sacerdote indígena Marcelo Pérez, ocurrido el domingo 20 de este mes en el estado de Chiapas, y la indiferencia de la Presidenta: “se está haciendo la investigación”, aunque después lamentaría y hasta condenaría el brutal asesinato. Pero no basta lamentar y hasta condenar, como tampoco hacerlo parte de un discurso gastado y recurrente, sino evitar que esos deleznables crímenes se sigan repitiendo, ignorando en su momento los llamados de los agredidos, como el caso del prelado que, previamente denunció amenazas de muerte contra su persona por su activismo en pro de la paz en aquel violento Estado del sureste, como tanto otros del sur, centro y norte del País. Según la Fiscalía General del Estado de Chiapas, el religioso y activista por los derechos de los pueblos indígenas salió a oficiar misa en la parroquia del barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de las Casas, y abordó una camioneta Ford Titanium, pues se dirigía a la iglesia de Guadalupe. Minutos después dos sujetos a bordo de una motocicleta se acercaron y abrieron fuego contra el vehículo cegándole al instante la vida. Lo cierto es que la condena de la mandataria nacional nada resuelve, pues la existencia del querido sacerdote no va a volver, pero podrían evitarse nuevos homicidios si Claudia Sheinbaum decide aplicar la ley y hace a un lado la fallida política amlista de los abrazos y no balazos, como si dieran patente de corso a la delincuencia organizada y, de paso, a la autorizada.
Y ES que, concatenado al asesinado del estimado sacerdote que ha merecido la condena de organismos internacionales, incluida la ONU, en el arranque de la presidencia de Claudia Sheinbaum van tres alcaldes asesinados, uno de estos, el ocurrido el pasado 7 de octubre cuando Alejandro Arcos, Presidente Municipal de Chilpancingo fue decapitado y su cabeza exhibida en el toldo de un vehículo, mientras que el cuerpo del munícipe yacía al interior de la unidad. Arcos llevaba apenas seis días como alcalde, tenía 43 años, y aunque en su momento se juró y perjuró no habría impunidad y hasta se condenó el crimen, lo cierto es que no hay avances, provocando irritación entre seguidores que dudan que Sheinbaum sea capaz de procesar el asesinato o de abordar la epidemia de violencia liderada por los cárteles que asolan a México desde hace más de una década. Y es que el martes pasado otro alcalde, Román Ruiz, fue asesinado a puñaladas en su casa en la comunidad Candelaria Loxicha, del estado de Oaxaca. Arcos y Ruiz se encuentran entre las 1 mil 247 víctimas de homicidio en las primeras dos semanas de la administración de Claudia Sheinbaum (aunque, ahora, se sabe, van casi 2 mil), según mostró el análisis de los datos del gobierno de la encuestadora TResearch, en tanto la asombrosa tasa de homicidios de México continúa en la nueva administración. La atención que despertó el asesinato de Arcos, impactante incluso para Chilpancingo, una ciudad notoriamente peligrosa, es una prueba crucial para determinar si la primera presidenta de México puede romper el dominio de los cárteles, combinando el enfoque más social de Andrés Manuel López Obrador con un mejor intercambio de información y coordinación entre las organizaciones gubernamentales y una Guardia Nacional reforzada. Los crímenes “son una advertencia del crimen organizado en general de que no tienen miedo”, asume Mike Ballard, director de inteligencia de la firma de seguridad internacional Global Guardian, quien se refirió al asesinato de Arcos como “casi un acto de terrorismo”.
ADICIONALMENTE SE encuentra el caso de Hildeberto Salinas Mariche, presidente municipal de Cuajinicuilapa, Guerrero asesinado a balazos, ataque en el que, también fue ultimado su hermano, hechos ocurridos cuando sujetos armados dispararon desde un auto en movimiento contra el alcalde y su familiar al momento de encontrarse ambos en el sitio de taxis del centro de la población; los hermanos eran reconocidos por su papel como líderes del transporte local. Y aunque al lugar arribaron elementos de las policías municipal y estatal, así como de la Guardia Nacional para tomar conocimiento de los hechos, el alevoso acontecimiento sigue impune. Salinas Mariche había asumido recientemente el cargo como presidente municipal tras ser electo por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Con el asesinato de Hildeberto Salinas Mariche ya suman tres alcaldes ultimados en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum, quien asumió el cargo el pasado 1º de octubre. Hay otro caso que no le toco a Sheinbaum, pero fue días antes de que asumiera el poder: el de Enrique Rodríguez Cayetano, quien ni siquiera alcanzó a posesionarse como Presidente Municipal de San Felipe Xochiltepec en Puebla, luego de que el pasado 12 de septiembre fuera asesinado a tiros cuando se encontraba en su vehículo.
PERO NO solo sacerdotes y políticos –sobre todo de oposición- son víctimas de la violencia en este naciente régimen. También los medios de comunicación, como las instalaciones del periódico El Debate en Culiacán, Sinaloa, atacadas a balazos el pasado 17 de este mes por sujetos que se trasladaban en dos vehículos, en tanto un repartidor del medio fue secuestrado al día siguiente. La Federación Internacional de Periodistas expresa su más enérgico repudio ante esos atentados y reclama la aparición con vida de Sergio Cárdenas Hernández, pero los hechos siguen impunes. La sede del medio fue agredida poco antes de las 23 horas, según informaron medios locales, cuando dos autos se detuvieron frente al edificio y una persona disparó con un arma larga contra la fachada y contra cuatro vehículos particulares que se encontraban en el lugar, y a la mañana siguiente, como si no fuera suficiente, el repartidor del periódico Sergio Cárdenas Hernández, de 53 años de edad, fue secuestrado y aún no ha sido hallado, mientras el Gobernador Rubén Rocha Moya –que se encuentra sobre el filo de la navaja por el crimen del ex rector de la Universidad de aquel Estado, Héctor Melesio Cuén, reconocido académico y político de Sinaloa, quien de acuerdo a la FGE no fue asesinado en una gasolinera sino en la finca donde secuestraron a Ismael el Mayo Zambada, quien presuntamente sostendría una reunión con el gobernante.
EN FIN, muchas cosas habrán de emerger y otras tantas serán encubiertas por esta naciente administración que amenaza seguir la fallida política de AMLO en materia de inseguridad, y el encubrimiento para los integrantes “distinguidos” de la 4T, en tanto la sociedad que no comulga con ellos comienza a desesperarse, como ya ha ocurrido en varias partes del País donde patrullas policiales son detenidas e incendiadas ante los abusos solapados del Gobierno. A ver que sigue en este País sin rumbo. OPINA carjesus30@hotmail.com
|
|
