Responder al reclamo de la sociedad sobre la corrupción, es una tarea que efectivamente obliga el ejercicio de los gobiernos íntegros, transparentes y que rindan cuentas, pero sin duda también exige de una pujante y responsable participación ciudadana; el tamaño y la complejidad del problema no amerita menos.
Regenerar el armazón general de una vida nacional que se debate entre la desigualdad, la violencia y la corrupción, implica reconocer el nivel de agotamiento de amplios sectores sociales frente a la permanencia de malas conductas que han originado el deterioro institucional y social que ahora padecemos.
Se tiene enfrente el reto de reestructurar el andamiaje público existente y fortalecer el funcionamiento de nuevas estructuras diseñadas para reconocer nuestras taras sistémicas, el abandono intencional de áreas y procesos administrativos completos, con el propósito de “capturar” los puestos, los presupuestos, las decisiones y procurar una lejanía estratégica de la justicia, como menciona Mauricio Merino y la Red para la Rendición de Cuentas ( RRC ).
Será indispensable la integridad del comportamiento individual para lograr los cambios que tanto demandamos socialmente. Desafíos que se deben enfrentar con la honradez personal, pero que sería vano esfuerzo de no contar con las herramientas técnico administrativas y normativas que aseguren el cumplimiento de las leyes, que rompan la impunidad y las arbitrariedades. Que cambien la forma de pensar sobre las instituciones.
Se habla de una merma de al menos el diez por ciento del PIB nacional por el proceso mismo de la corrupción; de que por cada 100 000 habitantes hay 30 000 eventos de corrupción. Somos un país en caída libre en los estándares internacionales de medición de la percepción de la corrupción y por ende de las instituciones responsables de enfrentarla. Nada o mal se ha hecho de las tareas correctivas. Un reto histórico para una deuda histórica respecto de un tema tan central en la discusión social, es complicado, difícil, pero no imposible de desmontar.
La RRC y el CIDE presentaron al Sistema Nacional Anticorrupción hace unos días, un documento denominado “Hacia una Política nacional anticorrupción. Bases para una discusión pública” en el que establecen cuatro ejes generales y uno transversal que son:
i) La profesionalización y generación de capacidades;
ii) La simplificación y vigilancia de los puntos de contacto entre la ciudadanía y los gobiernos;
iii) Acciones de mejora del ejercicio de la responsabilidad pública, y;
iv) Detección, prevención y desmantelamiento de redes de corrupción.
v) “Un quinto eje que funcionaría de manera transversal es el que tiene que ver con el fomento de la participación ciudadana y mecanismos de gobierno abierto. Se trata de acciones que fortalezcan los espacios de participación ciudadana y fomenten el uso de nuevas tecnologías, la utilización de información gubernamental para el combate a la corrupción, acciones de fortalecimiento del capital social, así como la mejora en la vigilancia de las decisiones de autoridad”.
Porque reitero, responder al reclamo de la sociedad sobre la corrupción, es una tarea que efectivamente obliga el ejercicio de los gobiernos íntegros y de todos los entes públicos que define el sistema nacional anticorrupción pero sin duda también exige de una comprometida participación ciudadana que se asuma como parte sustantiva de la solución a tan complicada y lacerante problemática.
DE LA BITÁCORA DE LA TÍA QUETA
En Veracruz, el caso de Ayahualulco de los hermanos Morales, es un botón que muestra la visión privatizadora de los bienes públicos que distingue a muchos “representantes populares”. |
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