El asunto de la Cuenta Pública 2021 en Veracruz no es cosa fácil, por donde se le quiera ver y como dijo el descuartizador, vamos por partes.
El 30 de septiembre pasado, el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), que se encarga de revisar y auditar todos los recursos públicos que circulan por este estado –y todos es todos-, que para eso se lleva unos 9 meses, de los cuales el 20 por ciento más o menos es de planeación, el resto es revisar, hacer cuentas, pedir documentación y un largo etcétera a los sujetos obligados, en los que se involucran alrededor de 300 pelaos muy bien capacitados, para realizar esta tarea que a algunos se les antoja titánica, pero indispensable para el correcto caminar de la entidad.
Pues bueno, conforme lo establece el Artículo 26 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Veracruz, la fiscalización inicia el primer día hábil del año siguiente que se revisa, es decir, para el año que nos ocupa, empezó el 1 de enero de 2022.
Formalmente a partir del requerimiento de información, mediante las órdenes de auditoría se inició la revisión. Los primeros oficios fueron emitidos el 24 de marzo y las primeras notificaciones a los municipios se dieron el 30 de marzo siguiente, es decir, una semana después.
Ergo, decir como dijeron los diputados, que el Orfis no tomó en cuenta los dictámenes emitidos por los municipios, es no considerar que los recibió el ente fiscalizador, extemporáneamente, pues para entonces ya se estaban emitiendo los "Pliegos de Observaciones".
La remisión de los dictámenes del Congreso al Orfis, se realizaron del 2 de mayo al 29 de junio.
El primer pliego de observaciones se concluyó el 7 de junio y se notificó al día siguiente, es decir, el 8 de junio y conforme al Artículo 52 de la misma Ley, se otorgan 15 días para presentar las aclaraciones y la documentación para solventar las observaciones formuladas.
Luego entonces, luego de su recepción y análisis de la documentación aclaratoria, se reveló la problemática que fue “falta de documentación idónea” y causas son muchas, a saber:
Fueron presentadas copias simples; copias mal certificadas; obstáculos por parte de la administración municipal actual para entregar documentos certificados (el caso de Tamiahua es muy ilustrativo al respecto y del cual le hemos dado testimonio oportuno); falta de permisos de obra; falta de documentos para acreditar propiedad de inmuebles; los documentos remitidos por el Congreso (dictámenes) llegaron después de iniciado el procedimiento de fiscalización, cuando ya se tenía la muestra técnica y se encontraba muy avanzada la fiscalización, es decir, el Orfis resolvió con los elementos técnicos y jurídicos aportados por los municipios en tiempo y forma, de acuerdo a como lo marca la Ley, no se sacó de la manga los dictámenes y alguien se levantó por ahí de malas y dijo –Hoy le vamos a dar en la madre al exalcalde de San Juan de las Pitas por que me cae mal y es compadre del diputado hijo de Sue, que también me cae mal y le vamos a hacer la vida imposible- (Sue es una señora estadunidense), pues no señores, aunque muchos en el Poder Legislativo quisieran que así fueran las cosas, en la realidad no funcionan así, hay un marco jurídico que debe respetarse y el argumento que ha dado la Comisión de Vigilancia del Congreso, no por justo y bien trovado, deja de ser puro cuento, porque…, ¡porque no ha dado argumento alguno!
Y no es defender a nadie, pero en este tenor, el diputado junior, el jovencito Fararoni, que dicen sus colegas lo mejor que sabe hacer es quedarse callado, se creyó eso de que era él el presidente de la Comisión de Vigilancia –y no un puppet del verdadero poder (puppet: mono regularmente de trapo manejado por la mano de otra persona –de nada)- y en la sesión de la Comisión de Vigilancia del 19 de octubre, es decir sólo 20 días después de recibido el documento del Orfis, decidieron que el dictamen va en el sentido de rechazar la Cuenta Pública 2021 “para hacer una nueva revisión y solventar las observaciones que algunos exalcaldes ya presentaron (…) es una mejora al trabajo, estamos proponiendo una nueva oportunidad al Orfis para mejorar su informe de resultados", con esa soberbia este jovenzuelo se da el lujo de darle en la madre al trabajo de esas 300 personas involucradas, especialistas ellos y ellas, que tardaron más de 6 meses en revisar.
Y todo esto sin presentar una sola prueba de su dicho.
Y más allá de que estamos mal per sé, no quisiera creer las versiones que apuntan a que una diputada dolida por no haberséle cumplido un berrinche pero con la influencia suficiente para convertir un tema de la mayor relevancia para la vida de Veracruz, en una vendetta personal que esté ocasionando todo este desgarriate.
Me niego a creer, sinceramente, que sea esto un entramado tipo Game of Thrones región 4, algo así como The Tantoyuca Leaks o qué se yo…
El tema es que retomo una frase de un gran compañero y amigo “ya veremos cuando los integrantes de la Comisión de Vigilancia se reúnan con el Orfis y empiecen a pedir favores para acreditar tal o cual cuenta de determinado municipio”, ahí es donde saldrán las máscaras volando y veremos quién es quién en este absurdo juego de un poder inexistente, en el que además, pareciera que el señor gobernador no está enterado.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
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