No es un tema menor. La inseguridad y la violencia son procesos construidos por años de omisiones de los deberes legales, de incompetencias solapadas por la lealtad, del usufructo del poder para sacar provecho de los caminos oscuros generadores de riqueza y más poder. La vida nacional ha visto crecer a las organizaciones criminales en tamaño y poder, incrementando sus capacidades de acción y control hacia más espacios de negocio, negro o blanco, de forma tal que casi nada queda fuera de su ámbito de influencia. El control territorial se incrementa proporcionalmente inverso al abandono gubernamental.
La complejidad de nuestra circunstancia actual no se ha generado espontáneamente, y aunque cierto que es un problema añejo, también es cierto que se encontraba acotado en puntos conocidos del territorio nacional, y con actividades también identificadas. Por eso es que la exponencial expansión de su fuerza y control de territorios y actividades, permite avistar la fuerza y capacidad que el crimen organizado adquirió en los últimos 7 años y con ello la definición de verdaderas redes de macrocriminalidad, potenciadas por el giro en la política de combate que ya no persigue criminales sino que se orienta al combate de “las causas”. Los abrazos no balazos ha sido la más cínica y nefasta política pública de seguridad nacional, en la que caben desde la confabulación y el negocio negro, hasta el abandono social disfrazado de un nuevo humanismo mexicano y de respeto a los derechos humanos.
Sin aminorar la responsabilidad histórica de los gobiernos del pasado pre transformador en la aportación al marco de violencia e inseguridad en que nos encontramos, nada puede superar el nivel de indecoro y connivencia alcanzada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Hoy por hoy se cuenta con evidencia suficiente para conocer la criminal responsabilidad alcanzada por su administración, la documentada corrupción existente en su gobierno, solapando por interés la ignorancia o la comisión de delitos, desplegando un uso político faccioso de la opacidad como estrategia de
seguridad nacional que solo pretendió cubrir sus trapacerías para las acciones públicas y políticas.
Por eso destruyó y/o capturó todas las instituciones con que contaba nuestro estado democrático y republicano, porque el apego a derecho le resultaba un estorbo a sus planes de negocio. Desvelado su comportamiento, toca que rinda cuentas ante la tragedia incrementada, ante el rompimiento de compromisos para con sus seguidores pero particularmente para con el país que fue desatendido y abandonado por sus intereses facciosos y su vil mantenimiento del poder sobre la corrupción y pactos inconfesables que tienen en jaque a la nación, en una herencia sucia que veremos qué respuesta obtiene de una presidenta que cada vez aparece más acorralada aun y si tomamos en cuenta lo sucedido con el abatimiento de este fin de semana.
DE LA BITÁCORA DE LA TÍA QUETA
La propuesta de reforma electoral del poder autoritario será el último escalón legal de la ruta autocrática. |
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