Para alguien ignorante de la ley como quien esto escribe, escuchar al presidente López Obrador hablar de una consulta popular para juzgar a los ex presidentes sonaba muy bien, la idea de que la población decidiera si se juzga o no a quien presuntamente ha cometido actos de corrupción era excelente, sobre todo, porque al confiar en los tribunales, sabríamos si las acusaciones son reales y fundamentadas, o simples consejas populares sin mayor sustento, como tanta información que nos llega de todos lados.
El presidente ha ofrecido que habrá una consulta apegada a la constitución, y a partir de allí comienzan los problemas al analizar la propuesta. El primer punto donde surge el problema es la fecha, ya que el presidente quiere se haga el primer domingo de julio de 2021 y la constitución indica que debe llevarse a cabo el primer domingo de agosto, es decir no se puede empatar con la elección, y allí comienza a oler un poquito a atole la propuesta.
Consultando con abogados penalistas, ellos indican que la Suprema Corte de Justicia tendría que dar su visto bueno para que se lleve a cabo. A partir de allí, comentan que si la consulta es constitucional, ésta no puede proceder acorde a la ley, ya que un impedimento para realizar ese tipo de consulta es cuando se basa en temas de derechos humanos, y ese tipo de consultas violenta los derechos humanos, ya que todos tenemos derecho al debido proceso. Que implica que si hay elementos, debe aplicarse la ley, y si no hay elementos no se puede enjuiciar a nadie. Es decir, la consulta es innecesaria, ya que si la autoridad federal actual, conoce de delitos llevados a cabo por los ex presidentes Peña, Calderón, Salinas, y el que ustedes quieran, la propia autoridad federal está obligada a iniciar los procedimientos penales que la ley señala. Lo cual nos deja con el olor a operación política, es decir, simple atole con el dedo para sus simpatizantes.
Cualquier político en vísperas de un proceso electoral estaría feliz de movilizar a sus bases de simpatizantes. Anunciar que hará una consulta para enjuiciar a ex presidentes, es obvio que cuenta con la simpatía de toda la ciudadanía, pues nadie defendería a un delincuente en caso de que hubiera pruebas de que lo sea. Por lo tanto, desde hoy sabemos que el resultado sería positivo si la consulta no fuera ilegal.
Imaginemos a esas bases tratando de obtener los 3.5 millones de firmas para lograr que se solicite en primera instancia el llevar a cabo dicha consulta. La población sentiría que está participando y ayudando a su presidente para lograr justicia. Dentro de la ignorancia de la población, -misma que yo compartía hasta investigar al respecto-, esta movilización y obtención de firmas generaría simpatía y reavivaría el activismo de las huestes morenistas y de sus simpatizantes. Pero, sería ilegal.
En el momento en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación la declare ilegal, el presidente tendrá varias opciones, la primera será insistir en que la justicia de la nación está al servicio de los
corruptos y poderosos, y podría iniciar una andanada más en contra del poder judicial y respetar el laudo. También podría decidirse por realizar una consulta patito, otra más de las que ya se han convertido en burla nacional e internacional, en víspera de las elecciones, con el fin de obtener un beneficio político y resultados electorales positivos para su proyecto y sus aliados.
Incluso, sabemos que es una burla la consulta, porque cualquier delito que pudieran haber cometido en el ejercicio de su mandato los ex presidentes Salinas, Zedillo y Fox, seguramente ya prescribió. Por lo tanto no hay elementos para juzgarlos. En el caso de Calderón y Peña, habría que analizar los delitos por los cuales se les iniciaría un proceso. Sin embargo, reitero, en caso de haber elementos probatorios de conductas que pudieran tipificarse como delitos, la autoridad federal no necesita la consulta, al contrario, por mandato de ley, está obligada a iniciar los procedimientos adecuados mediante la fiscalía general de la República para allegarse elementos probatorios de la realización de los delitos por los cuales se deseara acusar a algún ex presidente.
Muchos mexicanos consideramos que hubo corrupción en todos los sexenios, incluido el actual. Sin embargo, no basta con suponer, pensar o sospechar. Las leyes mexicanas son muy claras, quien acusa está obligado a probar su dicho.
Desde esta óptica, la consulta no será aprobada, porque no se puede preguntar a la población si aplica la ley o si no la aplica la autoridad. Tenemos que tener claro, que si existiera un sistema de justicia en México, en caso de que hubiera pruebas, están obligados a presentarlas y juzgarlas, y si no las hay, pues no las hay. El show mediático, la consulta, el linchamiento público, está totalmente fuera de la ley, es un gran engaño por parte del presidente cuyo único fin es electoral.
Si la consulta es una cortina de humo, una más de las tantas que se usan en los gobiernos, para desviar la atención de la realidad de la situación de salud con y sin la epidemia, de la realidad económica que vivimos los mexicanos, y de la realidad de seguridad que vivimos en todo el territorio nacional.
Considero que es una cortina de humo, porque el fiscal está obligado a aplicar la ley, con o sin consulta. Por lo tanto, perder el tiempo, conseguir las firmas, tener a miles de personas consiguiendo las firmas para solicitar una consulta que es inconstitucional es un absurdo, salvo que todos estén conscientes de que es un acto electoral, engañando a la población para darle lo que todos conocemos con atole con el dedo.
Incluso, ventilar ciertos posibles delitos en que pudieran haber incurrido los ex presidentes, puede viciar el debido proceso y permitirles salir impunes de cualquier tipo de señalamiento que pudiera generarse. Hacer todo público como ha dicho el presidente es bueno para el chisme y el comentario, pero malísimo para un juicio. Así que incluso, el manejo político y electoral de los posibles delitos cometidos, impide la acción de la justicia.
Si de verdad queremos que se juzgue la corrupción de sexenios anteriores hay que exigir que se lleve a cabo conforme a la ley. Lleve a cabo o no lleve a cabo la consulta patito, después de las elecciones veremos que de nada sirvió. O peor aún, veremos que la justicia en México se aplica la ley conforme a la conveniencia electoral, cuando la aplicación de la ley debe de ser ajena totalmente a cualquier evento político o electoral, lo cual sería un gran retroceso para la procuración y administración de la justicia en el país.
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