José Miguel Cobián
Cuando López Obrador estaba amenazado por el desafuero en tiempos de Fox, fue la sociedad civil la que salió a las calles, para defenderlo, incluso quiénes no simpatizaban con él, pero que consideraron que era incorrecta la decisión del presidente Fox, salieron a defender a Andrés Manuel. Fox, a pesar de tener todos los fundamentos jurídicos para llevar a cabo el desafuero, decidió escuchar la voz del pueblo de México.
Xóchitl Gálvez parece que continuará gozando de fuero a pesar de pedir licencia para iniciar su campaña por la presidencia de la República. A pesar de ello, pende sobre ella la amenaza de encarcelar a su hija, ya que dentro de las acusaciones que se han vertido hacia ella, incluyen en dos demandas a su propia hija.
No sólo será desgastante para Xóchitl estar defendiendo su libertar y su verdad en tribunales en medio de una campaña electoral, sino que también penderá sobre ella la posibilidad de que Morena tramite su desafuero, o peor aún, que su hija sufra la pérdida de su libertad.
Con esto no estoy diciendo que Xóchitl sea culpable de nada. Eso no le importa a este gobierno. Lo hemos visto exonerar a culpables, como es el caso del Búho Ovalle y el fraude de quince mil millones de pesos en SEGALMEX. También en este gobierno, hemos visto cómo la voluntad del presidente está por encima de la justicia, con lo que con cualquier pretexto se ha encarcelado a inocentes.
Por lo tanto, la posibilidad existe, y la sociedad civil debe de estar lista para salir en un número aún mayor que cuando del desafuero de AMLO se trató, para defender a Xóchitl y a su hija de cualquier ilegalidad que quisiera cometer el gobierno federal en su contra, con el fin de evitar que gane la contienda electoral.
Por otra parte, los partidos políticos nos han quedado a deber, en particular el partido Acción Nacional, pues Claudia Sheimbaum cometió un acto de ilegalidad propio de un tirano, cuando envió a doscientos granaderos (de esos que ya no existen), a tomar por asalto la delegación donde despacha Sandra Cuevas. El pretexto, fue una llamada anónima, que avisaba que había propaganda en contra de la propia Claudia.
Para medir la magnitud del acto ilegal que cometió Claudia, baste considerar que cualquier delito de alto impacto que se denuncie en la ciudad de México, tiene que pasar por todo el protocolo y procedimiento de la fiscalía de la ciudad. Presentar la denuncia, ratificarla, presentar pruebas iniciales, y en el caso de delitos como violación, padecer el examen médico y los comentarios lascivos de los funcionarios en turno.
Cualquier delito que se denuncia en la ciudad de México en teoría comienza a investigarse cuarenta y ocho o setenta y dos horas después de haberse denunciado. Digo teóricamente, porque en realidad sabemos que más del 90% de los delitos que se denuncian jamás son
investigados, igual como sucede en todo el país. El índice de impunidad alcanza el 97 y 98% en algunos estados, lo que indica que sólo 2 o 3 delitos de cada 100 son investigados y castigado por las autoridades correspondientes.
Pues en el caso de la supuesta llamada anónima, Claudia violando cualquier cantidad de artículos penales, tomó la decisión de enviar a la fuerza pública bajo su mando, a iniciar un cateo sin la correspondiente orden judicial, violando incluso preceptos constitucionales, motivada exclusivamente por su ego herido.
Esos actos ilegales cometidos por Claudia, sumados a la negligencia en el mantenimiento del metro que ha causado muertes, accidentes, heridos y retrasos enormes, así como daño patrimonial al erario de la ciudad de México, debían y deben de ser denunciados ante las autoridades correspondientes, incluyendo su posible responsabilidad en el tan conocido asunto del colegio Rébsamen, o el uso experimental de ivermectina sin la autorización de los ciudadanos conejillos de indias, durante la epidemia de COVID.
Me podrán decir que no sirve de nada denunciar pues la fiscalía capitalina no es independiente, sino sumisa a las órdenes de quién mande en la ciudad de México o en el país. Eso es un pretexto falaz, denuncias de ese tipo, si no son investigadas, pueden generar nuevos actos jurídicos directamente por parte del poder judicial, y no sólo eso, pueden presentarse también en instancias internacionales. El darle puntual seguimiento y la consiguiente presión política y ciudadana, pueden de alguna manera hacer tablas las demandas judiciales, aún y cuando las que se presenten contra Claudia sean jurídicamente aceptables, y las que se presenten contra Xóchitl sean infundios, utilizados exclusivamente para engañar a los seguidores de morena, o para aplicar un uso faccioso de la justicia.
Quiénes deseamos rescatar a México de las garras de Morena, debemos de estar muy atentos y prestos a participar activamente en cualquier forma de protestas a que se nos convoque por parte de los grupos ciudadanos o de la dirigencia del frente amplio por México, con el fin proteger a Xóchitl de algún acto dictatorial desde el palacio de Cortés.
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