El pecado del PRI es doble, porque de los diputados de Morena no podemos esperar los mexicanos la mínima capacidad de raciocinio ni comprensión de la historia del país. Los diputados de Morena, se excluyen de lo que vamos a comentar, porque ellos no engañaron a nadie, cuando fueron candidatos, informaron a la población que votaría a favor de todo lo que enviara AMLO a la cámara baja. Están cumpliendo su promesa de campaña, pues dejaron claro que AMLO y sus intereses están por encima de los intereses de la Patria.
En el caso de los diputados del PRI y de Alito en particular, la traición a la Patria es doble, porque en general son personas que entienden de política y están plenamente conscientes de los resultados de sus acciones. Independientemente de que afirmen –como algunos ya lo han hecho- que están seguros de que la reforma al transitorio constitucional que permite ampliar el plazo de permanencia de los militares en las calles, no pasará en el senado (lo cual está por verse).
Todos los países civilizados y democráticos, mantienen fuerzas civiles, al mando de civiles, para garantizar la seguridad pública en su interior. En México estamos conscientes de que las policías municipales y estatales no han sido de lo mejor a lo largo de la historia, y aunque los mexicanos no estemos conscientes, tampoco el ejército ha dado resultados en garantizar la seguridad interna.
Deliberadamente se ha venido dinamitando la seguridad pública en manos de civiles desde tiempos de Fox, y me refiero a su presidencia, porque en ella se establecieron las bases de un fortalecimiento de la seguridad en estados y municipios, con fondos y programas para lograr policías eficientes y efectivas en la prevención del delito.
Únicamente el presidente Calderón dedicó dinero y esfuerzos a fortalecer una policía federal civil, la misma policía federal que Osorio Chong decidió debilitar e ignorar durante la presidencia de Peña, y la misma que el presidente López decidió extinguir.
Fuera de ello, la distribución de fondos para seguridad pública, se utilizaba para beneficiar negocios y amigos del gobernante en turno. Para comprar impunidad, o para cualquier cosa, menos para capacitar policías capaces de prevenir los delitos.
El mal uso de los fondos de seguridad se debió a que no hubo jamás un control efectivo, ni la intención de estados o municipios de mejorar la seguridad de sus habitantes. Únicamente en municipios como Orizaba, se dedicó a fortalecer en lo posible a su policía municipal. Un caso de excepción.
Pero en la mayoría de los casos, se usara para bien o para mal, el dinero no alcanzaba, y desde el sexenio de Fox, se tiró mucho dinero en seguridad, sin que se hubiera generado un cuerpo civil que pudiera enfrentar los retos que hoy representan los grupos del crimen organizado, con pequeños ejércitos capaces de controlar grandes extensiones territoriales y someter bajo fuego a cualquier cuerpo de seguridad estatal o municipal.
Junto con el saboteo por intereses económicos de la seguridad civil, tampoco se fortalecieron los órganos de investigación del delito. Las procuradurías o fiscalías, las defensorías del pueblo, han sido históricamente olvidadas por parte de las autoridades estatales. Lo mismo vemos con los juzgados estatales, la mayoría de los cuales no tienen ni tinta ni papel, para ejercer su función, igual que las oficinas de la fiscalía.
Esto demuestra el escaso o nulo interés de los gobiernos pasados y del actual para procurar y administrar justicia para los mexicanos. Algo que los propios mexicanos aceptan pues no reclaman al respecto.
Si no se prolonga la presencia de las fuerzas armadas en las calles, el gobierno federal (si es que tiene un ápice de responsabilidad), tendría la urgencia de formar una fuerza civil y dejar de tirar tanto dinero en los militares, dinero que solo ha logrado incrementar la corrupción en el seno de las fuerzas armadas.
Por lo tanto, si Alito y sus diputados mascotas pensaran como estadistas, buscarían a la brevedad rendición de cuentas y el fortalecimiento de las fuerzas del orden civiles, pues es lo que beneficia a la próxima generación. Sin embargo, disfrazan el caer en las amenazas y chantajes del presidente, con el pretexto de que la población quiere a las fuerzas armadas en las calles.
Las estadísticas muestran que es solo percepción de la población, pues los resultados no han mejorado con esa presencia. Pero justifican su voto, pensando en las encuestas, en la próxima elección (lleva pérdidas 14 gubernaturas el PRI), cuando todos entendemos que Alito vendió la seguridad de México a cambio de impunidad para él.
Es inmoral que un gobierno chantajee a diputados y senadores. Es inmoral que diputados y senadores con conflictos de interés ejerzan en sus cargos. Estamos en México, país en el cual la ética y la moralidad se quedan en los libros, pues ni al gobierno ni al pueblo le interesan en lo más mínimo.
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