“Una fotografía dice más que mil palabras” es una expresión muy a propósito para aplicarse al conjunto de vínculos y complicidades de ciertos políticos con la delincuencia organizada; es en ese contexto entreverado y perverso donde se combina el poder político con el delito frente al cual la sociedad sale perdiendo, pues contempla, asombrada, la degeneración social que abruma al país. La radiografía no permite diagnostico optimista pero da la pauta para actuar en defensa propia: una fotografía exhibe al gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, reunido con capos de la delincuencia; en diferente tiempo pero en lógica secuencia otra fotografía pone a la vista de todos algunos alcaldes de Morelos reunidos con gente de uno de los cárteles con predominio en esa región de México. En Sinaloa, el capo Mayor, Ismael Zambada, involucra al gobernador de esa entidad, Rocha Moya, con vínculos con el crimen organizado. En Tabasco, el gobernador acusa a sus antecesores en el cargo de nombrar al frente de la seguridad ciudadana aun jefe de la mafia local y uno de los políticos denunciados es actualmente el Jefe de la JUCOPO del senado de la república. Al actual senador por Guerrero, Salgado Macedonio, se le recuerda haber permitido la entrada del crimen organizado a Acapulco cuando fue alcalde de ese municipio. Al exgobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, se le reprocha haber abierto de para en par las puertas de esa entidad a la delincuencia organizada y ser omiso en acciones para combatirla. Del actual gobernador de Tamaulipas Américo Villarreal, se dice de una carpeta de investigación integrada en estados Unidos donde se le involucra por haber tenido cercanos nexos con Sergio Carmona, asesinado en Nuevo León en 2021, e investigado por encabezar el huachicoleo en gran escala en aquella zona fronteriza. En la Operación Enjambre implementada en el estado de México policías, jefes policiacos, alcaldes etc., fueron detenidos acusados de extorción y desaparición forzada. Aun está fresca la imagen de la alcaldesa de Chilpancingo en cercano dialogo con un jefe de Plaza de ese lugar. Cabe el axioma jurídico: “a confesión de parte, relevo de pruebas”.
Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de las 50 ciudades más peligrosas del mundo 20 son mexicanas, siete de ellas están en los primeros 10 lugares de la lista, Ese escenario parecería muy propio para un caso de lo increíble, aunque para nuestro infortunio resulta cierto, totalmente compatible con la percepción que se tiene en los Estados Unidos de nuestro país respecto del dominio territorial del crimen organizado en buena parte de la geografía nacional. Los hechos son incontrastables, nuestra realidad lo avala. Frente a esa dramática realidad se implementan las acciones del gobierno de la presidenta Sheinbaum, que trabaja a marchas forzadas para demostrarle a Trump la forma en cómo combate a la delincuencia. Pero los seis años de la administración anterior fueron de irrebatible omisión en materia de combate a la delincuencia, esa “estrategia” provocó un desmesurado crecimiento de bandas delincuenciales cuya influencia permeó cuerpos policiales de bajo y alto rango, ahora se nada contra la corriente. En pocos días se cumplirá el plazo para que Trump decida si aplica o no su amenaza de imponer aranceles a nuestras exportaciones, nos dañaría si lo hiciere, salvo que en el ínterin suceda alguna novedad de trascendencia. No está el horno para bollos, y aprovechando las circunstanciasesa tesitura ahora el Mayo Zambada reclama al gobierno mexicano solicite su extradición hacia nuestro país, más presión para el gobierno. “Ya éramos muchos cuando parió la abuela”. |
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