Por Omar Zúñiga
La figura de la violencia política en razón de género ha sido mucho muy socorrida últimamente por diferentes actores políticos, para denunciar que son objeto de diferentes campañas en su contra y con esa figura jurídica, denunciar a periodistas, que lo que hacen es hacer uso de la libertad de expresión
Ejemplos hay muchos, desde la denuncia de la diputada del PT Elízabeth Morales contra los reporteros gráficos Beto Gato, Rigoberto Suárez y contra el sureño Pablo Jair Ortega, que cuando causó estado por parte del TEV, causó de manera paralela, la sorna de la esposa de la diputada contra los compañeros reporteros (ahí nadie dijo nada).
Otro de los casos, el cual incluso se publicó en este espacio el 15 de mayo pasado, es el de Ángel Camarillo.
En ese momento dijimos que “al término de la campaña del 2021, en que se eligieron presidencias municipales, el medio de comunicación para el que trabaja, le dio una orden (nota trabajada, se llama. De nada) sobre el porcentaje de familiares que habían resultado electos en la jornada del 6 de junio”.
“El trabajo fue publicado después de la elección, el lunes 7, muy buen trabajo por cierto”.
“Se revelaron las cifras de acuerdo con los números del PREP y se realizó la contextualización de consanguineidad para conocer los lazos existentes entre autoridades electas y los alcaldes en funciones, que al final deberían dejar la silla en manos de él o ella, pues había tanto varones como mujeres”.
(…) “En este contexto, a una persona candidata (para no caer en el juego de el, ella o elle) no le gustó que le hicieran saber que su papi era el alcalde y que heredaría el cargo, que al final se quedó como candidata perdedora”.
Denunció (o presento una queja) por violencia política en razón de género contra Ángel Camarillo y otros colegas ante el INE, instancia que le dio la razón a los demandados, mandando a paseo a la quejosa por no encontrar elementos para configurar la violencia política en razón de género”.
(…) “El exhorto, respetuoso pero firme, para que se tomen cartas en el asunto, tanto la CEAPP, como al mismo Mecanismo Federal, tomen este caso y que llegue a donde tenga que llegar, pero jamás sentar un precedente de esta naturaleza”.
Pues bien, mes y medio después de la publicación, finalmente la CEAPP, en voz de su presidente, el colega y amigo Luis Ramírez Baqueiro, y a pregunta expresa, dijo que en el estado de Veracruz se ha incrementado el número de denuncias presentadas contra periodistas por presuntos casos de violencia política en razón de género, una situación que, lejos de garantizar justicia, pone en riesgo la libertad de expresión y el ejercicio periodístico.
Reveló que al menos nueve comunicadores han sido denunciados en un solo caso, lo que muestra un uso desmedido de esta figura jurídica. Señaló que el problema radica en la laxitud de los juzgadores y en la falta de claridad por parte de las autoridades electorales.
“La cuestión no está del lado de la Comisión, sino del lado juzgador y de la autoridad electoral. Los jueces deberían ser más estrictos y decir: ‘esta denuncia no procede porque el periodista tiene derecho a cuestionar’”.
Además, Ramírez Baqueiro pone el dedo en la llaga al señalar que algunos juzgadores, con tal de obtener beneficios personales o mantener cercanía con quienes presentan las denuncias, dan trámite a cualquier señalamiento, incluso si carece de sustento legal. “Cualquier juzgador, con tal de granjearse algún apoyo o trato parental, acepta la denuncia”.
“Es lamentable que quienes transitaron del periodismo a la función pública no tengan la sensibilidad de respetar la libertad de expresión y, en cambio, busquen aprovecharse de esta figura para silenciar voces”.
“Está en la cancha de los legisladores establecer límites claros para evitar que se abuse de esta figura. La autoridad electoral también debería fijar lineamientos específicos y más sensibles”.
Casi inmediatamente después de la primera publicación, en mayo, el caso de Ángel Camarillo fue retomado por Reporteros Sin Fronteras y Artículo 19, y bueno…, aunque la CEAPP se tardó nomás mes y medio, finalmente también ya lo tiene.
Los señalamientos de su presidente son fuertes, esperamos que no sean un grito en el desierto y que el tema no sea flor de un día, sino que realmente lo tomen y lo retomen -los casos que sean necesarios-, y que actúen como hace la FGE cuando no hay denuncia de un hecho relevante, es decir por noticia criminal y se abran los expedientes correspondientes, tanto para evitar una injusticia, como para evitar un crimen mayor, que es atentar contra la libertad de expresión.
En momentos como los que vivimos, en los que a una sociedad le urge decir las cosas, alzar la voz precisamente contra injusticias y atropellos, tiempos en los que quedarse callado, es la peor de las opciones.
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Para documentar el optimismo…, el OPLE, a través del Acuerdo OPLEV/CG295/2025 determinó que conforme a la legislación vigente, la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, debe recaer en la persona de Rosalba Hernández Hernández, mientras que la del Tribunal de Conciliación y Arbitraje será para Luz María López Aburto.
Parte del acuerdo dice “(…) si bien el Tribunal Superior de Justicia y el de Conciliación y Arbitraje forman parte del Poder Judicial del Estado, se trata de dos órganos jurisdiccionales distintos, destacando que, el Tribunal de Concillación y Arbitraje al no integrar el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, una integrante de dicho Tribunal Laboral no podría presidir el de Superior de Justicia”.
Dicho acuerdo ya fue turnado al Congreso del Estado para su conocimiento “y lo conducente”.
Así las cosas, Rosalba Hernández es la magistrada presidenta electa del TSJ, que serña constitucional a partir del 1 de septiembre.
¡Enhorabuena!
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
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