El próximo año se celebrará el proceso electoral para elegir a nuevos representantes populares (500 ahora, 400 si se aprueba la propuesta de la reforma electoral), también 17 gubernaturas, mil 300 legisladores locales, 680 presidentes municipales, además, 3 mil 500 juzgadores federales y locales. Actualmente, de las 32 entidades federativas 13 son gobernadas por mujeres, un mapa político muy susceptible de variar después de los comicios de 2027. Esta sujeta a la reforma electoral en ciernes la participación de la presidenta Sheinbaum si en la referida reforma se aprueba la revocación de mandato para el próximo año y no en 2028 como está establecido en la Constitución General. En todo caso, será un paquetazo para el INE organizar un mega proceso electoral que de cabida a un proceso electoral inédito. Ya falta poco para conocer el texto definitivo de la reforma electoral, que se espera se presente ante una de las Cámaras legislativas a más tardar en la segunda semana de febrero próximo.
Al momento, lo único seguro es que estamos ante la verificación de un proceso electoral que podría cambiar el mapa político del país, porque el oficialismo busca consolidarse políticamente a través de ese proceso. Lo saben en el Partido del Trabajo y en el Verde Ecologista, que han elevado sus pretensiones a cambio de sumar sus votos a MORENA en vías de lograr la reforma constitucional antes dicha. En cuanto a la oposición partidista, tendría que suceder algo extraordinario para que adquiera potencial competitivo, porque ni el PAN ni Movimiento Ciudadano y mucho menos el PRI tienen capacidad como fuerza opositora, acaso en alianza pudieran alcanzar cierto rango competitivo, porque cada uno por su lado simplemente actuarán para la anécdota. Obviamente, este es un diagnostico generalizado, porque en cada municipio, Distrito electoral y entidad federativa las circunstancias imperantes juegan un rol importante. Y entre esta fecha y los comicios de 2027 todavía correrá mucha agua bajo el puente. |
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