En un régimen democrático, ni las victorias ni las derrotas son para siempre. Eso quedó claro en México en 2012 – cuando el PRI recuperó la presidencia de la República luego de 2 sexenios panistas -, y en 2018, cuando la coalición Juntos Haremos Historia – conformada por Morena, PT y PES – sacó nuevamente al PRI de la Presidencia.
Quizá la experiencia mexicana durante las primeras dos décadas de este siglo ayude a entender que cuando un partido o coalición gana las elecciones y se convierte en gobierno, no recibe en automático un cheque en blanco firmado por los electores para hacer y deshacer a su antojo con el presupuesto público y las instituciones, pensando que, haga lo que haga, volverá a ser votado y refrendará la victoria.
No fue tal el caso del PAN, que tras ganar holgadamente con Vicente Fox la elección del 2000 para concretar la primera alternancia político-electoral del país , a duras penas pudo ganar la elección de 2006, con Felipe Calderón, en medio de acusaciones de fraude electoral, para finalmente perder la Presidencia en 2012 con su candidata Josefina Vázquez Mota.
Tampoco lo fue con relación al PRI de Enrique Peña Nieto, que ganó con amplio margen en 2012, pero perdió abrumadoramente en 2018 con José Antonio Meade frente a Andrés Manuel López Obrador.
Y en ese sentido tampoco tendría por qué ser diferente en 2024, si los mexicanos perciben excesos, abusos o desviaciones en el ejercicio de gobierno de quienes actualmente ejercen el poder.
Lo anterior es válido también para el caso de un estado como Veracruz, donde los ciudadanos han demostrado habilidad para evaluar correctamente a los actores políticos, pero también para corregir, a través del voto, las desviaciones, omisiones o insuficiencias en los procesos de gobierno.
Según la teoría de sistemas, para que un sistema funcione las partes que lo conforman deben trabajar – crear sinergias - por un objetivo común que ha de prevalecer sobre los intereses particulares o específicos de las partes. Sin embargo, cuando estos se anteponen a los intereses colectivos o generales del sistema el resultado es la entropía, el desorden y, de no corregirse a tiempo, el colapso.
A grandes rasgos esto es lo que parece haber ocurrido en Veracruz en las últimas dos décadas. El sistema político local generó cada vez más entropía –energía negativa, desorden- porque una de sus partes – alguna o algunas de las élites gobernantes - antepusieron de manera reiterada sus intereses a los intereses colectivos o generales de los veracruzanos.
Ocurrió en tiempos de Fidel Herrera – cuando su prioridad fue dejar un sucesor a modo en lugar de buscar consensos con los diferentes grupos políticos que respaldaron su gobierno -; se dio con Javier Duarte, con su visión patrimonialista del ejercicio público; se dio con Miguel Ángel Yunes Linares, cuando pretendió heredarle la gubernatura a su primogénito, y parece estar ocurriendo con Cuitláhuac García, entre otras cosas, cuando no ha sabido interpretar el mandato de las urnas y se erige como el representante de Morena, no de los intereses colectivos de los veracruzanos.
Es decir, en Veracruz no se ha cumplido con el pacto político que simboliza el voto ciudadano, que si bien por un lado legitima al gobernante, lo hace a cambio de que éste cumpla con su oferta de campaña, con las propuestas y demandas de los electores, y al hacerlo se legitime a través de la toma de decisiones.
De acuerdo con la teoría democrática, el sistema político otorga a los ciudadanos varios mecanismos de control para que los gobernantes no se desvíen de sus propósitos. Entre estos se destaca la labor de vigilancia que ejercen los partidos de oposición, los cuales aspiran a convertirse en gobierno y por lo tanto están a la expectativa para detectar y denunciar desviaciones, abusos, excesos o insuficiencias de quienes gobiernan, con el objetivo de recuperar o ganar la confianza de los electores.
También están los medios de comunicación, a través de los cuales los ciudadanos disponen de una imagen de quienes gobiernan y de sus adversarios, para evaluar si quien está en el gobierno realmente está cumpliendo, o en caso contrario, castigarlo con un voto en contra en las siguientes elecciones.
El código gobierno-oposición es parte sustancial de la democracia, y gracias al derecho de votar de los ciudadanos, en la próxima elección quienes hoy son gobierno pueden convertirse en oposición o viceversa.
Por lo pronto, los veracruzanos acudirán a las urnas en las elecciones intermedias de 2021; en 2022 como parte de un derecho constitucional de participar en la consulta ciudadana de revocación de mandato – lo que podría no ocurrir en caso de imponerse la reforma electoral recién aprobada para evitar que el gobernador se someta a la consulta -, y en las elecciones federales y estatales de 2024. |
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