Más que un mensaje, la detención del ex secretario de Gobierno de Veracruz, Rogelio “N”, fue un golpe político directo y una sopa de su propio chocolate al ex gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y a la alianza opositora “Veracruz Va”, del PRI-PAN-PRD, primero porque se trata del personaje que ocupó el segundo puesto más importante del organigrama estatal en el bienio anterior y segundo, porque – se dice – encabezaría la lista de diputados federales plurinominales del Sol Azteca en la entidad.
No obstante, más allá del discurso de cumplimiento de la ley o del combate a la impunidad, sea quien sea quien la infrinja, la decisión política de proceder contra el ex secretario de Gobierno le mete ruido al proceso electoral porque revive la lógica de la judicialización de la política, muy en boga en el bienio anterior, lo que de paso ha prendido los focos de alerta en la oposición en su conjunto, no solo a nivel nacional con la airada respuesta del dirigente nacional perredista, Jesús Zambrano, sino sobre todo en los ámbitos estatal y municipal, entre ediles y ex funcionarios del Gobierno del Estado.
Sin duda el ex gobernador Yunes Linares conoce bien la estrategia y sabe de lo que se trata: perseguir y acorralar a los opositores haciendo uso del aparato de procuración de justicia y de los organismos de Fiscalización, utilizados como brazo de control político del Estado.
Lo de menos es decir que en el juego de la política, los carniceros de ayer son las reses de hoy, y así seguirá siendo hasta el final de los tiempos, o que con la vara que midas serás medido.
Por un lado, la estrategia en Veracruz parece ser la misma que a nivel nacional ha emprendido el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para ajustar cuentas con algunos de sus adversarios, en pleno proceso electoral.
Sin embargo, el problema de fondo es que la judicialización de la política introduce un elemento que atenta contra los principios de imparcialidad y equidad en el proceso electoral, pues supone que el Estado hace uso del aparato de procuración de justicia para influir en los resultados y en ese sentido, las instituciones, que deberían ser neutrales, se convierten en parte del aparato electoral, lo que en esencia estaría impidiendo la libre participación democrática de los ciudadanos en las elecciones.
En Veracruz, el caso recuerda la historia del “bombazo winckleriano” cuando el ex Fiscal Jorge Winckler presumió en pleno proceso electoral de 2018 que haber reactivado la denuncia, ficha roja y solicitud de extradición en contra de Karime Macías de Duarte había significado un gol jurídico que le dio a Miguel Ángel Yunes Márquez – entonces candidato de la coalición PAN-PRD-MC a la gubernatura del estado – al menos 5 puntos en las encuestas que – según él - le permitieron romper el empate técnico que sostenía con el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia y actual gobernador, Cuitláhuac García Jiménez.
Es decir, al difundir esa información entre sus incondicionales y vanagloriarse de sus méritos en campaña, el propio Winckler aceptó el uso político-electoral de la Fiscalía para tratar de impulsar la candidatura del primogénito del entonces gobernador.
El problema es que a la luz de los resultados de los comicios de junio de 2018, la estrategia de judicialización no sirvió de nada, si acaso, sólo le metió más ruido al proceso y exacerbó el encono y el rechazo de los veracruzanos hacia el primogénito del entonces mandatario, quien al final perdió la elección.
Tres años después, la pregunta sería ¿de qué tamaño será la preocupación de quienes hoy están en el poder ante los próximos comicios, como para que se vean obligados a echar mano de recursos que ante el ojo agudo de los veracruzanos parecieran medidas desesperadas?
Esa es la cuestión. |
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