A diferencia de otros sexenios y gobernadores, cuando la presentación del Informe de Gobierno - un ejercicio democrático de rendición de cuentas ante los veracruzanos -, era una fiesta cívica y un acto simbólico de celebración de las instituciones, la clase política y los diversos sectores sociales y productivos de la entidad con motivo de los logros cumplidos a lo largo de un año, el Segundo Informe de Gobierno del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, este 15 de noviembre, ha quedado lejos de esa tradición.
Para explicar lo anterior, podrían citarse las siguientes razones:
En primer lugar, la pandemia de Covid 19 ha sido un factor determinante para evitar aglomeraciones y riesgos sanitarios entre la población, tomando en cuenta que en Veracruz van más de 38 mil 322 contagios en 207 municipios y 5 mil 197 decesos, siendo el puerto de Veracruz, Xalapa, Orizaba, Coatzacoalcos y Córdoba los municipios con mayor número de contagios y víctimas fatales.
Un segundo factor tiene que ver con el estilo de ejercer el poder de la llamada Cuarta Transformación, el cual ha sido definido desde la Presidencia de la República en el marco de la llamada austeridad republicana, para diferenciarse de los excesos faraónicos de gobiernos anteriores.
En el caso de Veracruz, un tercer factor tendría que ver con el clima de confrontación que prevalece entre las fuerzas políticas de la entidad luego del homicidio de la alcaldesa de Jamapa (surgida de la coalición PAN-PRD) y las acusaciones de alcaldes perredistas sobre presuntas presiones y amenazas para que apoyen a la coalición gobernante en los próximos comicios de 2021, en que se renovarán los 212 Ayuntamientos y los 50 diputados del Congreso local, así como diputados federales al Congreso de la Unión.
Por esta última razón, el segundo Informe de Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, al igual que el primero, se da en un contexto de polarización política, donde los ánimos se encuentran exacerbados por la violencia física y simbólica que afecta no solo a los actores políticos, sino a los veracruzanos en general debido a la percepción de inseguridad que prevalece.
En este sentido, cabría preguntarse - más allá de filias y fobias - hasta qué punto las instituciones políticas de la entidad, a casi dos años de gobierno, están funcionando de manera conveniente para resolver las demandas y expectativas de los veracruzanos.
Y en este punto, a propósito de la presentación del Segundo Informe de Gobierno, la pregunta sería si los veracruzanos están mejor que hace dos años en términos de salud, seguridad, educación, generación de empleos, infraestructura carretera, agua y saneamiento, medio ambiente, desarrollo de los sectores productivos del campo y empresariales.
Habría que preguntarse si los veracruzanos están mejor en términos de desarrollo social y abatimiento de la pobreza y las desigualdades sociales; en materia de alimentación, vivienda, acceso a los servicios básicos y tienen una mejor calidad de vida.
También, cabe preguntarse si los veracruzanos están mejor en materia de respeto a los derechos humanos, de procuración e impartición de justicia, o si ésta es pronta y expedita; o si en materia de respeto a los derechos políticos y electorales, los veracruzanos, en suma, vivimos en un estado de derecho con gobernabilidad democrática e inclusión social.
Habría que preguntarse si en la entidad se han respetado principios y valores fundamentales como la tolerancia, la legalidad, el respeto a la pluralidad y la diversidad de opiniones o las libertades ciudadanas de expresión, manifestación y libre tránsito.
Quizá no le falta razón al politólogo Miguel Beltrán Villalba, cuando afirma en su ensayo “Administración y gobernación en el análisis de las políticas públicas”, que una presencia tan general de la acción pública tiende a pasar desapercibida cuando las administraciones públicas funcionan bien y en épocas de bonanza histórica.
“Pero cuando renquean a causa del exceso de papeleo o tardan más de lo razonable, cuando los ciudadanos se sienten tratados con arrogancia o de manera distante, o si la coyuntura es desfavorable o el horizonte contiene demasiada incertidumbre, entonces la acción pública adquiere un relieve inesperado y se convierte en un elemento de opresión y malestar. Y con frecuencia, además, se olvida que detrás de cada Administración pública hay una instancia política, última responsable a fin de cuentas de los males y bienes que pueda percibir el ciudadano”.
Como corolario, en el caso de Veracruz, habría que subrayar que este 15 de Noviembre, durante la entrega al Congreso del Estado del II Informe de Gobierno, la Jefa del Programa de Gobierno, Waltraud Martínez, –acompañada por el secretario Eric Cisneros Burgos -, consideró necesario aclarar, tal vez para exorcizar fantasmas, que éste no será el último informe del mandatario morenista, cuando es público y notorio que su sexenio concluye en 2024, es decir dentro de 4 años más.
Ya lo decía el Divo de Juárez: “¿Pero qué necesidad?” |
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