Por Héctor Raúl Rodríguez Díaz
Los acontecimientos históricos han forjado la forma de nuestro mundo. Cada uno de los hechos, acciones y decisiones del pasado de los pueblos han influido en su presente y han determinado sus condiciones actuales, que a su vez influirán en su futuro.
La historia, entendida como un proceso, permite conocer no solo el desarrollo de los pueblos, sino las decisiones que han tomado frente a circunstancias y problemas concretos para buscarles solución, y comprender cuáles han sido las consecuencias y resultados de esas decisiones.
Así asumida, coincido con Hegel y Marx en el sentido de que la historia es un proceso dialéctico, un ciclo que se produce en el tiempo, donde la tesis se plantea como una situación concreta en un momento determinado, de la cual emerge una antítesis, formada con las contradicciones e insuficiencias de la primera, para luego derivar en una síntesis que resuelve el conflicto, llegando a un nuevo estado de cosas que se convierte a su vez en una tesis, y así sucesivamente.
En ese sentido, conocer los acontecimientos históricos permite estar mejor preparados para enfrentar los retos y problemas del presente, a fin de no repetir errores o decisiones que no dieron los resultados esperados en el pasado, lo que implicaría un retroceso o una regresión histórica en términos de planes de gobierno y políticas públicas, con las evidentes consecuencias de atraso para los pueblos.
Los desafíos del mundo contemporáneo son enormes, en términos sociales, económicos, tecnológicos, ambientales, de salud, educativos, de bienestar y calidad de vida, pero también es cierto que en un mundo globalizado, interdependiente, el nivel evolutivo y el grado de desarrollo de la humanidad ofrecen nuevas y mejores herramientas y recursos para hacerles frente.
La pandemia de Covid 19 registrada a nivel mundial a finales de 2019 y hasta 2021 en su fase más crítica, con saldo de millones de pérdidas de vidas humanas y una crisis económica que tuvo impacto en todos los países del orbe, confirmó la importancia de que los Estados contemporáneos se aboquen a resolver temas básicos que no pueden postergar, como una adecuada y sólida infraestructura de salud, innovar en sus sistemas educativos y crear estrategias para respaldar a los sectores productivos, a fin de proteger el empleo y la calidad de vida de los ciudadanos y sus familias.
A finales de 2022 la economía de la mayoría de los países del mundo apenas ha comenzado a recuperarse para regresar al nivel que tenía en 2019, antes de la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus.
En este proceso otro factor que ha incidido negativamente ha sido la guerra de Rusia contra Ucrania, que impactó en las cadenas de producción y distribución de bienes a nivel mundial, provocando a su vez un efecto en los precios, derivando en una ola inflacionaria.
Los dos factores externos citados han influido en mayor o menor medida en los países del mundo, pero su impacto ha sido mayor donde los gobiernos estaban menos preparados, tomaron malas decisiones o las tomaron de manera tardía, como fue el caso de México.
En términos de salud, la pandemia sorprendió a México en medio de un proceso de transición política donde el actual gobierno había tomado la decisión de desaparecer un modelo de atención como el Seguro Popular, por otro que en los hechos nunca funcionó, como el Insabi, que a su vez está siendo sustituido por el IMSS-Bienestar.
Otra mala decisión fue cancelar el esquema de adquisición de medicamentos, pero sin antes contar con otro que evitara el desabasto de medicinas e insumos en clínicas y hospitales públicos. Y a esto habría que sumar la subordinación del equipo a cargo de conducir la estrategia y acciones contra la pandemia a criterios políticos, más que científicos, lo que retrasó medidas básicas entre la población como el uso generalizado del cubrebocas.
El saldo fueron más de medio millón de mexicanos muertos – cuando el escenario oficial más catastrófico no superaba los 60 mil -, hospitales saturados durante meses y sin medicamentos ni insumos básicos para atender la crisis sanitaria.
En el aspecto económico, las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia derivaron en el cierre de actividades productivas y en la pérdida de empleos, pero el actual gobierno de México y sus apéndices en los estados se negaron a respaldar a la planta productiva o lo hicieron solo de manera parcial y claramente insuficiente, dejando a su suerte a millones de trabajadores y sus familias.
El saldo fueron cientos de miles de micro y pequeñas empresas quebradas y millones de empleos formales e informales perdidos con la consecuente falta de ingresos y de poder adquisitivo de millones de familias mexicanas, muchas de las cuales pudieron subsistir sólo gracias a los subsidios oficiales vía pensiones, pero en los hechos, la pandemia sumada a las malas decisiones del gobierno aumentaron el número de pobres en el país.
A esta situación, ya de por sí adversa, para la salud y la economía de los mexicanos, hay que sumar el costo social y económico de la inflación generada por la guerra de Rusia-Ucrania, lo que da una idea de la situación real que hoy enfrentan las familias en el país.
Tal es la situación actual de México, derivada solo de dos factores externos, de carácter mundial, a las que habría que agregar las presiones generadas de manera interna por el actual modelo de gobierno, que ha buscado centralizar la toma de decisiones para concentrar el poder, lo que ha tenido un impacto directo en la gobernabilidad.
La marcha de cientos de miles de mexicanos en defensa del INE y la Democracia, en alrededor de cien ciudades del país, registrada el pasado 13 de noviembre, para rechazar la reforma electoral que pretende el presidente Andrés Manuel López Obrador, fue la más clara expresión de la inconformidad social que se ha gestado durante la actual administración federal y de la polarización que existe en torno a dos visiones de país:
De un lado la vuelta al control gubernamental de los procesos electorales y de la vida pública de México, que representan Morena y la Cuarta Transformación, como en los tiempos del viejo PRI, lo que significa una regresión histórica que echaría por tierra tres décadas de ciudadanización de los órganos electorales, y del otro, la defensa de la democracia y de las libertades ciudadanas y políticas para que los mexicanos sigamos teniendo instituciones electorales autónomas y el derecho a decidir, de manera libre, a través del voto, quién o quiénes deben gobernar.
Desde mi perspectiva, esta es la actual situación histórica que se plantea en el país como un nuevo conflicto dialéctico; tesis y antítesis de las que habrá de surgir una nueva síntesis en las elecciones presidenciales de 2024.
La lucha es de forma y fondo, y en el centro del debate están la democracia y sus resultados, es decir, su buen funcionamiento para mejorar la vida pública del país y la calidad de vida de los mexicanos. El nuevo proyecto de país debe tener una visión puesta hacia el futuro, no hacia al pasado que pretende consolidar una regresión autoritaria.
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