Estos días se discute mucho sobre la próxima reforma fiscal que equipara a crimen organizado la evasión fiscal. Todo comenzó con que el gobierno de Peña relajó la vigilancia en las compensaciones, lo cual provocó un incremento sin precedente de esta práctica por parte de particulares. Sumado al gran negocio del sexenio pasado, que fue la venta de facturas falsas, al grado que incluso integrantes del ORFIS las ofrecían para ayuntamientos y dependencias gubernamentales, quienes hicieron su agosto comprobando gastos y desvíos con ellas, así como los grandes contribuyentes, que con mayor miedo también las utilizaron para evadir el pago de impuestos.
Todo lo mencionado en el párrafo anterior es verdad. Pero ello no justifica que paguen justos por pecadores. Equiparar un delito de evasión fiscal a crimen organizado, implica que en función de la decisión de un auditor corrupto, de los que había y seguro sigue habiendo muchos, un contribuyente puede recibir prisión preventiva. Pero no sólo eso, no se trata nada más de la pérdida de la libertad, se trata también de que la autoridad puede disponer de los bienes de ese contribuyente y rematarlos, para resarcir al fisco de un daño todavía no comprobado ni determinado por un juez. Si al final del proceso, el contribuyente logra una buena defensa y demuestra que no evadió al fisco, va a resultar que un inocente estuvo en la cárcel y vio como vendían sus bienes. La ley viene tan mal manejada y redactada, que resulta que si es inocente, entonces el fisco le devolverá el importe de la venta de sus bienes, pero…. Si el hombre tenía una fábrica, con terreno, nave industrial y maquinaria, que fueron rematados al 30% de su valor actual, sólo recibirá el 30% del valor de sus bienes, con lo que no podrá comprar un terreno, levantar una nave industrial y comprar maquinaria nueva equivalente a la que vendió el fisco. Es decir, a fin de cuentas, la pérdida patrimonial, el daño económico y la pérdida de empleos está garantizado por la nueva ley.
Se violan principios básicos de seguridad jurídica y presunción de inocencia, lo cual abona todavía más a la desconfianza para invertir en el país. Además de que favorece la corrupción en el SAT ya que se otorga mucho poder a los auditores fiscales, y todavía peor, puede ser utilizado contra los críticos y los enemigos del régimen. Por último, pone en peligro la vida de los funcionarios, ya que no faltará el contribuyente que siendo víctima de abuso, y ante la ausencia de una justicia pronta y expedita decida que la venganza debe ejercerla dañando o privando de la vida a los funcionarios que determinaron su suerte, con razón o sin ella.
Adicionalmente ante la total inefectividad de la lucha contra el crimen organizado y la amnistía real que todos los grupos violentos gozan desde la llegada del nuevo gobierno, suena desproporcionado que un evasor voluntario o no de impuestos, sufra penas tan graves, mientras que asesinos y criminales gozan de plena libertad para seguir realizando sus fechorías. Resulta obvio que el gobierno tiene todo el
interés de recibir más dinero de quienes trabajan y producen, mientras que al mismo tiempo no protege ni vidas ni bienes de los gobernados.
Ante la evidencia de que más del 50% de los entes productivos del país, industria, comercio y servicios viven en la economía informal, los contribuyentes establecidos se preguntan si es éticamente correcto lo que plantea la reforma fiscal, que solo afecta a unos cuantos mexicanos y no a todos.
Aunado a ello, quienes de fiscal y auditoría conocemos, sabemos que la reforma fiscal busca apretar todavía más el embudo en el que están las sectores productivos del país. Ante la absoluta incapacidad del SAT para auditar y castigar a las empresas que venden facturas falsas, o evaden al fisco, le causa molestias adicionales a los contribuyentes cumplidos.
Todos y cada uno de los argumentos que se han presentado a favor de la reforma fiscal se abaten con una buena fiscalización. La cual es responsabilidad del SAT. Y si ellos no son capaces de cumplir su función correctamente, no es válido crear más problemas a los contribuyentes cumplidos para resolver un problema del SAT. De por sí, la productividad de las empresas en México se ve mermada ante tanto trámite, aunado al decálogo firmado por CONCANACO y CONCAMIN que le cargan todavía más el costo de la vigilancia fiscal a los contribuyentes. Sin atreverse a señalar que el problema son las ineficiencias e incapacidades del SAT. Incluso, si ellos despidieron auditores, es problema de ellos, no de los mexicanos productivos. Si no saben cumplir con su trabajo que renuncien.
A todas luces inequitativa la reforma propuesta, pues a los funcionarios públicos que hoy todavía siguen desviando recursos públicos no se les vigila ni sanciona desde el gobierno. Al contrario, ellos son una clase privilegiada con patente de corzo para continuar con la sana costumbre de medrar con el presupuesto público. Los ahorros que se podrían lograr combatiendo la corrupción, pero de manera efectiva, no nada más en las conferencias mañaneras, sino otorgando recursos adicionales a la secretaría de la función pública y verdaderamente vigilando a todos los entes de gobierno, pero, curiosamente se redujo su presupuesto para el próximo año.
La idea en los contribuyentes, es que nos invadieron unos piratas, ellos pueden disponer de los recursos públicos a su antojo, pero los ciudadanos debemos pagar cada día más impuestos. El derecho de piso que pretende establecer el gobierno mexicano es el más caro, pues atenta contra la libertad, el patrimonio, el estado de derecho, la seguridad jurídica y la presunción de inocencia.
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