EN MENOS de 24 horas, dos comandantes policiacos fueron ejecutados en territorio veracruzano, uno –de la llamada Fuerza Civil- en Álamo Temapache, donde había acudido a visitar a su novia o pareja; otro sobre la carretera Córdoba-Paso del Pacho a la altura de Amatlán, y en ambos casos ni el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez ni el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado (y mucho menos, el de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos) han dicho nada; ni una esquela, ni una condena, ni una fingida consternación y advertencia de que irán, hasta las últimas consecuencias, contra los ejecutores. Pareciera que en Veracruz, los elementos de seguridad son, para sus jefes, ciudadanos de tercera o cuarta. En Mayo del año en curso, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó en claro que los criminales que matan a oficiales de la policía deberían ser condenados a la pena de muerte, reiterando de esta manera su demanda de un castigo más severo contra delincuentes. “Las emboscadas y ataques a nuestra policía deben terminar, y deben terminar ahora mismo”, aseveró Trump. “Creemos que los criminales que asesinan a oficiales de la policía deben, de forma inmediata y a través de un juicio, obtener la pena de muerte, pero rápidamente. El juicio debe ir rápido. Tiene que ser justo, pero tiene que ir rápido”. Y es que en aquella Nación a un policía se le respeta, porque son los garantes de la seguridad de los gobernados –sean buenos o malos como en todas partes-, pero en México, concretamente, en Veracruz, se regatea a los deudos, incluso, el seguro de vida, pensiones para la esposa y los hijos pequeños y el compromiso de que continúen sus estudios hasta la mayoría de edad.
APENAS EN Abril del año en curso, ex trabajadores de la desaparecida Policía Intermunicipal Poza Rica-Tihuatlán-Coatzintla se manifestaron en Xalapa para exigir las liquidaciones que quedaron pendientes desde su despido en 2015. Se trata de 400 empleados policiacos que fueron despedidos sin mayor explicación, sin liquidación, sin un gracias por los años entregados a la SSP. De ellos algunos ya murieron pero otros, al menos cien, exigen el pago de prestaciones salariales a las que tenían derecho, pues de acuerdo a Bartolo Olmedo, uno de los afectados, han transcurrido cuatro años de lucha y de tratar de buscar acuerdos con el Gobierno del Estado para poder obtener las liquidaciones sin lograrlo. Y uno se pregunta: ¿Por qué ese trato a los policías cuyas viudas, cuando uno de ellos pierde la vida en el cumplimiento del deber, deben pedir apoyo social para sepultar al occiso? ¿Por qué negarle a los hijos o descendientes el derecho a una pensión, si ésta no es exigida mediante canales legales, cuando debería ser en automático?.
LA NOCHE del martes, uno de los comandantes de la Fuerza Civil en Xalapa fue asesinado en Álamo. Se trata de Jorge Quiroz Juárez a quien conocían sus subordinados con el mote de “El Tigre”, y si bien no estaba en servicio sino de vacaciones que aprovechó para visitar a su novia en aquel municipio, lo cierto es que se trata de un integrante de la Secretaría de Seguridad Pública asesinado al interior de un domicilio en la calle Benito Juárez, entre Bucareli y Cuauhtémoc, y eso ocurrió a las 21:00 horas del martes, y hasta la tarde de este miércoles ni la dependencia a la que servía ni, mucho menos, la Fiscalía General del Estado, han dicho nada; de hecho, la nueva Fiscal está como encuevada, diseñando las estrategias que le ordenan desde Palacio de Gobierno para tratar de llevar al ex Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y algunos ex colaboradores a la cárcel, lo mismo que a su antecesor, Jorge Winckler Ortiz, pues desde que asumió funciones la violencia en Veracruz continúa como en el pasado reciente, e incluso se han perpetrado varios feminicidios, pero de la señora que “procura” justicia ni sus luces, salvo para muestrearse en una foto con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero como presumiendo que está bien palanca con la justicia de este País, esto es, que tiene sus contactos y que se cuiden los malos y buenos, porque hasta en cuestiones de asuntos Federales ya tiene quien la respalde.
YA EN la mañana de este miércoles, cuando transitaba en su vehículo, un modesto Chevy color gris, sobre la carretera Estatal Paso del Macho-Córdoba, el segundo comandante de la policía municipal de Atoyac, Efrén Zúñiga Sánchez, de 34 años, fue baleado a la altura de la comunidad el Oasis, municipio de Amatlán, y aunque trató de defenderse de la agresión, los esfuerzos fueron inútiles ya que le dispararon desde otro vehículo en movimiento. El crimen provocó que esa transitada carretera fuera cerrada durante tres horas, ya que los elementos de la Fiscalía Estatal se apersonaron en el sitio 1 hora y 40 minutos después, lo que engendró protestas de la población, automovilistas y choferes de camiones de carga que argumentaron que son muchas horas las que elementos de la FGE tardan en llegar y recabar pruebas para que nada resuelvan, y vaya que tienen razón. En éste, como en el caso de Álamo, la Fiscal encargada del despacho, Verónica Hernández Giadáns nada ha dicho ni lo hará, y mucho menos el Gobernador que ahora cree que los policías solo son sus empleados o, incluso, vasallos.
LO PEOR es que los asesinatos de hombres y mujeres continúan, siguen en Veracruz y van al alza, y la noche del martes una conocidísima empresaria restaurantera y odontóloga de Coatepec fue asesinada en el lugar conocido como “El Cascajal” perteneciente a la zona de Campo Viejo, en aquel municipio conurbado con Xalapa. Los indicios indican que a la dama de nombre Elvia “N” intentaron robarle sus pertenencias y al oponerse terminó apuñalada. Ella era socio de uno de los restaurantes de mariscos más importantes de aquella ciudad cafetalera, y su muerte ha causado gran consternación, y no precisamente al Gobernador García Jiménez que este miércoles, cuando le preguntaron en torno al hecho, en ese su estilo atropellado, respondió: “si, hubo un asesinato. Así es, así es y qué bueno que están sobre esto, porque cuando estaba Winckler sucedían cosas peores lamentablemente”, respuesta que con todo respeto es majadera e insensata para la familia que está padeciendo esas pérdidas por la incapacidad del Estado de garantizar la seguridad que le ordena la Constitución, y este señor, insensible, sigue politizando el tema Jorge Winckler, en una defensa absurda a su flamante Fiscal que, a decir verdad, no ata ni desata. Señor Gobernador, le diríamos con respeto, que cuando no sepa qué responder al cuestionamiento de periodistas, mejor no diga nada, porque de otra manera queda como un ser indolente y ajeno a los problemas de sus gobernados.
EN FIN, ese es el escenario que presenta el Estado, con jefes policiacos acribillados –y no se descarta que en otra de sus puntadas el Gobernador culpe a Yunes-Winckler de ello-, mujeres asesinadas para robarles o tras no pagar sus familiares el monto de un secuestro o, porque sus maridos saben que en Veracruz no pasa nada y las matan; robos, asaltos, secuestros, extorsiones, y ya no se vale echarle la culpa al pasado. Cuitláhuac debe asumir su responsabilidad y dejar las ocurrencias para quienes no son gobierno. OPINA carjesus30@hotmail.com
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