VAN CUATRO meses de Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo y, paralelamente, cuatro periodistas asesinados en ese corto lapso, lo que avizora tiempos difíciles para el gremio de comunicadores, pues de seguir la tendencia como hasta el momento, en un año los crímenes podrían remontarse a 12 –o más-, y en seis años (lo que durará su gestión) a 72 de no frenarse esa violencia que, tácitamente, emerge desde las entrañas del poder, ya sea directa o indirectamente al permitir la impunidad. Y es que, en Tabasco, la Fiscalía General del Estado emitió el viernes una ficha de búsqueda tras la denuncia por la desaparición del periodista Alejandro Gallegos León, y el sábado el cuerpo del comunicador fue encontrado en un terreno baldío en el municipio de Cárdenas. Gallegos, de 51 años, era, también, catedrático y director de la revista La Voz del Pueblo. El día de su desaparición vestía una guayabera beige y zapatos negros, pero horas después se confirmó su deceso tras ser ejecutado en el Km. 5 de la carretera que va al poblado C28, municipio de Cárdenas. Y como siempre, el gobernador de aquel Estado, Javier May (al igual que lo hacía Cuitláhuac García Jiménez y otros del mismo corte), lamentó la muerte del comunicador e informó que la fiscalía estatal ya investiga el hecho, pues “el compromiso de nuestro gobierno es cero impunidades” y, sin embargo, Tabasco en un infierno, pues el mismo sábado dos personas fueron ejecutadas en Villahermosa cuando comían en un puesto de tacos a pocos metros de la terminal de autobuses ADO, entre estos una mujer. Lo que llama la atención es que May Rodríguez organizó una marcha por la paz en la que participaron miles de morenistas incrustados en distintas dependencias, dizque apoyando las políticas de seguridad del mandatario que ha sumido a la Entidad en un verdadero abismo. Pero el tema, lejos de convertirlo en un asunto de Estado, los grupos en pro y en contra le dieron un cariz político: los morenistas marcharon en Villahermosa en una movilización organizada en apoyo de Javier May Rodríguez y sus políticas de seguridad con la presencia de funcionarios, diputados locales y representantes de los partidos aliados de Morena, y durante el evento, el dirigente estatal de la 4T, Jesús Selván García, destacó que la lucha contra la delincuencia requiere del esfuerzo conjunto de gobierno y ciudadanía, por lo que exhorto a “no bajar la guardia”, pues dijo que, “aunque se han logrado detenciones importantes (¿?), la seguridad es una responsabilidad compartida”. Fue por ello que el presidente del PRD Tabasco, Rafael Acosta León convocó a la oposición a unirse en un mismo frente para exigir a la administración estatal “que ya dé resultados para devolver la tranquilidad a la población”, y en ese tenor convierten la desgracia en una tramoya donde pierde el pueblo.
DE ACUERDO a la Organización de Estados Americanos, los actos de violencia contra periodistas tienen un triple efecto: 1.-Vulneran el derecho de las víctimas a expresar y difundir sus ideas, opiniones e información; 2.-Generan un efecto amedrentador y de silenciamiento en sus pares; 3.-Violan los derechos de las personas y las sociedades a buscar y recibir información e ideas de cualquier tipo y, 4.-Más aún, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de todos los responsables puede generar una violación adicional a los derechos al acceso a la justicia y a las garantías judiciales. En ese sentido, la OEA determina que los Estados tienen la obligación de proteger a aquellos periodistas cuyas vidas o integridad física están en peligro mediante la adopción de medidas concretas de protección. En ese contexto, el Estado está obligado a identificar el riesgo especial y advertir al periodista sobre su existencia, valorar las características y el origen del riesgo, definir y adoptar oportunamente las medidas de protección específicas, evaluar periódicamente la evolución del riesgo, responder efectivamente ante signos de su concreción y actuar para mitigar sus efectos. El Estado debe prestar especial atención a la situación de aquellos periodistas que, por el tipo de actividades que desarrollan están expuestos a riesgos de una intensidad extraordinaria. Cuando existe una situación estructural sistemática y grave de violencia contra periodistas y trabajadores de medios, la Relatoría Especial ha recomendado a los Estados establecer programas especiales de protección para atender a estos grupos.
PERO ESTOS no han funcionado, no al menos en México donde van cuatro comunicadores asesinados en solo cuatro meses de gestión Federal. El primero fue perpetrado contra Mauricio Cruz Solís, en Michoacán, tras ser emboscado luego de entrevistar al alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo. Dos minutos después de la entrevista. Solís recibió dos balazos mortales, y no pasaron ni 24 horas, cuando la reportera de sociales, Patricia Ramírez González, fue acribillada en Colima en el momento en que atendía su propia fonda de comida. Cruz Solís, de 31 años, era director del medio digital Minuto x Minuto, salió el pasado 29 de octubre a las calles de Uruapan entre las 8 y 9 de la noche para realizar su primera transmisión en vivo del programa La Jiribilla NaiChow, un espacio “para chacotear” sobre política, que usualmente se transmitía desde su casa cuando fue baleado, mientras que Patricia Ramírez González tenía una destacada trayectoria como reportera de espectáculos. Ambos se convirtieron en las primeras víctimas del gremio periodístico en el sexenio de Claudia Sheinbaum, y el tercero fue Calletano de Jesús Guerrero, el viernes 17 de este mes de Enero. El ahora occiso era subdirector de Global México, un portal informativo que se edita en el Estado de México, y el crimen ocurrió pese a ser beneficiario del mecanismo de protección de la Secretaria de Gobernación. En suma, cuatro crímenes alevosos contra periodistas en el Gobierno de Sheinbaum, y ninguno aclarado, como ocurre casi siempre en la comisión de esos delitos.
LO QUE llama la atención es que, en medio de la violencia contra el gremio, la inútil La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas, que no es otra cosa que una organización integrada por serviles al poder, hizo un exhorto al gremio periodístico a colaborar y mantener un clima de paz y orden social, esto luego de que el escolta de una reportera que está en el mecanismo de protección, hizo disparos al aire, no se sabe si ante la sospecha de alguna agresión contra su clienta. La CEAPP, en un comunicado, en vez de investigar las razones, prefirió ponerse del lado del poder y no de la periodista, haciendo “un respetuoso exhorto a las y los comunicadores del estado a llevar a cabo un comportamiento ético y profesional en su vida pública y privada contribuyendo a mantener la tranquilidad social en la entidad veracruzana”. O sea, a todos los comunicadores, ni siquiera lo hizo a quienes provocaron el incidente. Lo anterior, dicen los alfiles de MoReNa, en relación al incidente en el que se vio envuelta una comunicadora, que se encuentra bajo el protocolo del mecanismo federal de protección. En dicho suceso y en un asunto entre particulares que nada tiene que ver con el ejercicio del periodismo, uno de los escoltas que tiene asignado realizó un disparo al aire con el aparente propósito de amedrentamiento. Ni hablar, los integrantes de la CEAPP defienden su “chayote oficial”, y que lastima que, en vez de defender a los suyos por convicción, defiendan a los que les dan su limosna con conveniencia, pues bien lo decía don Porfirio Díaz: perro con hueso en la boca, ni ladra ni muerde. OPINA carjesus30@hotmail.com
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