SEGÚN EL artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo prestará la protesta de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Esta misma protesta la debe rendir el titular del Ejecutivo al iniciar su encargo, en los términos que establece el artículo 87 constitucional; los miembros del Poder Judicial, conforme a lo establecido en el artículo 97; y los miembros del Poder Legislativo como se mandata en los artículos 15 y 60 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, para Diputados y Senadores, respectivamente. También los gobernadores de los Estados, Diputados Locales y Presidentes Municipales. La obligación no es nueva, ya que los antecedentes los encontramos desde la Constitución de Apatzingán, pasando por la de 1824, las Leyes Constitucionales de 1836, las Bases Orgánicas de 1842, la Constitución de 1857, hasta la Constitución de 1917. Lo curioso es que esa protesta, una y otra vez, ha sido ignorada en el pasado y sigue siendo ignorada en el presente, y los ejemplos recientes del incumplimiento lo vemos a diario en la violencia excesiva que se replica en todas partes, y que el Presidente Andrés Manuel López Obrador se rehúsa a atender con la fuerza del Estado, anteponiendo su religión a los deberes que le obliga el máximo ordenamiento del País, convirtiendo a esa obligación en un requisito más, y ha sido ese desprecio a lo que le mandatan las leyes lo que ha engendrado los altos índices de inseguridad.
Y ES que el artículo 21 de la misma Constitución establece que la seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las Entidades federativas y los Municipios cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, “de conformidad con lo previsto en esta
Constitución y las leyes en la materia”, y por si no quedara claro refiere que “la seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos”. Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, insiste, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
LO QUE establece la carta magna es más que contundente: “los fines de la Federación, Entidades federativas y Municipios son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas”, algo que no está ocurriendo, no al menos en este País y Estado, donde las desapariciones siguen a la orden del día, y ahí está el caso de 16 desaparecidos en Ixtaczoquitlán que no los encuentran por ninguna parte, en tanto el alcalde Miguel Ángel Castelán Crivelli que solapó durante tanto tiempo a Octavio Alejandro Pérez Romero, ex director de Gobernación prófugo y responsable de la policía, sigue como sin nada, como si se burlara de las familias de las víctimas que este miércoles, agobiadas por tanto sufrimiento, realizaron una marcha por la avenida principal de la cabecera municipal para exigir la presencia del gobernador Cuitláhuac García Jiménez que anda eufórico invitando a los veracruzanos a estar presentes el domingo en el festejo del Presidente Andrés Manuel López Obrador por su primer año de haber sumido la Primera Magistratura del País, y de paso a ver si por fin lo saluda y le levanta aunque sea un dedo tras la negativa de recibirlo en fechas anteriores. Al mandatario estatal le vienen guangas las protestas de los gobernados que, al fin y al cabo, ni siquiera se trata de su familia a la que por cierto ya blindó con caravanas de guardaespaldas, lo mismo que a familiares de sus funcionarios consentidos, como puede verse por las calles de Xalapa. Los familiares acudieron a la comandancia de la Policía Municipal para solicitar información sobre las investigaciones realizadas para dar con el paradero de sus seres queridos, pero ni siquiera el munícipe Castelán Crivelli los atendió. Envió al secretario del Ayuntamiento, Francisco Vázquez Portilla quien les ofreció una audiencia con el alcalde a las 5 de la tarde, y en aras de que cumpla, los manifestantes se apostaron en el Palacio Municipal.
AHORA BIEN, pero si eso ocurre en Ixtaczoquitlán, Paso del Pacho, Atoyac, Yanga y Cuitláhuac donde los levantones y desapariciones son escandalosas, en Santiago Tuxtla, tierra de la encargada de la Fiscalía General del Estado, Verónica Hernández Giadáns no cantan mal las rancheras, ya que en ese municipio un grupo armado se llevó hace 10 días a cuatro jóvenes a quienes sacaron del bar “El Diamante”, ubicado en el barrio el Marquez, y qué cree usted: del paradero de los muchachos nada se sabe aun cuando, insistimos, es el terruño de quien debiera procurar justicia, y los desconsolados familiares exigen que aparezcan. Se sabe, extraoficialmente, que solo uno de los jóvenes fue liberado al día siguiente severamente golpeado, pero del resto, parece que se los tragó la tierra, literalmente hablando.
LA PROTESTA constitucional no es una expresión de disgusto o insatisfacción. Significa el compromiso de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanan, y la señora Fiscal, al momento de asumir el cargo lo hizo, comprometiéndose a aplicar puntual e ineludiblemente las disposiciones constitucionales y legales en el ámbito jurídico que le corresponda y hacer que se apliquen. Esa es la obligación que se adquiere al rendir la protesta constitucional, la cual es sinónimo de promesa o juramento pero, por lo visto, el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y los secretarios responsables de la seguridad pública y social que, también, rindieron protesta, se siguen burlando de la Constitución, a tal grado que resulta tedioso insistir en el número desproporcionado de muertos, secuestrados, descuartizados, feminicidios, asaltos, robos con y sin violencia y extorsiones que a diario experimenta el solar jarocho, y que pareciera no importarle a estos señores, insistimos, blindados como se encuentran ellos y sus familiares a costa de las contribuciones de los veracruzanos. Así de simple…OPINA carjesus30@hotmail.com
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