EN OCTUBRE de 2019, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular, el dictamen a la minuta que reforma los artículos 108 y 111 de la Constitución Política del País, para precisar que el Presidente de la República (y todos los servidores públicos protegidos por el llamado Fuero Constitucional) durante el tiempo de su encargo, podrán ser acusado por actos de corrupción, delitos electorales y los contenidos en el segundo párrafo del artículo 19 de la Carta Magna que son: abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción, ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquier modalidad, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos. La idea era contribuir a desaparecer la brecha entre inmunidad e impunidad, algo que en México no se ha logrado, y uno de los ejemplos palpables fue el ex candidato a Gobernador de Guerrero y actual Senador Félix Salgado Macedonio, quien no obstante haber sido denunciado por varias mujeres de violación y abusos sexuales, fue exonerado por la propia Comisión de Honestidad y Justicia de MoReNa, partido al que pertenece, con el visto bueno y la complacencia del Presidente Andrés Manuel López Obrador que luchó para que siguiera como abanderado, hasta que la presión social y el Instituto Nacional Electoral lo hicieron renunciar e imponer a su hija como candidata en un acto por demás cínico y abusivo. Pero no son los únicos casos sonados de protección desde el poder e impunidad en contra de un legislador por parte de MoReNa, ya que en ese tenor se encuentra inscrito el diputado Federal, Benjamín Saúl Huerta Corona, quien ha sido señalado de abuso sexual de dos menores e, incluso, existen denuncia penales en su contra, pero el fuero –y el poder de Palacio Nacional- lo sigue protegiendo, aunque tal vez este miércoles, tras mucho batallarle perderá la inmunidad.
MÉXICO HA sido, sin dunda, un País de impunidad para quienes tienen el privilegio de ser bendecidos por el poder, algo que Estados Unidos no comparte. Apenas el pasado viernes seis, el Presidente de Estados Unidos, Joe Biden “sugirió” públicamente la renuncia del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo por acusaciones de acoso sexual. “Debería renunciar a la luz del informe de la Fiscalía de Nueva York que le acusa de haber acosado sexualmente a varias mujeres, la mayoría empleadas y exempleadas, entre 2013 y 2020”, opinó Biden. El mandatario estadounidense había evitado pedir la dimisión de Cuomo a pesar de las múltiples acusaciones en su contra por acoso sexual, pero el informe publicado el martes anterior por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, le hizo cambiar de opinión, y aunque no quiso pronunciarse sobre si Cuomo debería enfrentar un juicio político en caso de que se niegue a renunciar, si dejó en claro que esa es “una posibilidad” a la que se arriesga el gobernador, muy a pesar de que Cuomo pertenece al Partido Demócrata, el mismo en el que milita Biden.
ESTE MARTES, sin embargo, acorralado por las circunstancias y por la “sugerencia” de Biden, Andrew Cuomo renunció como gobernador de Nueva York y se disculpó con las 11 mujeres a las que el fiscal general dijo que Cuomo acosó sexualmente. Y aunque llamó al informe “falso”, afirmó que su decisión de irse era lo mejor para la gente de Nueva York, pues indicó no acosó sexualmente a nadie intencionalmente y que acepta “toda la responsabilidad” si ofendió a alguien. “El informe decía que acosé sexualmente a 11 mujeres. Ese fue el titular que la gente escuchó, vio y reaccionó. La reacción fue de indignación, debería haber sido, pero también fue falsa“, declaró el ahora ex gobernante. Este martes, comentó que su “instinto es luchar contra esa controversia porque creo que tiene motivaciones políticas”, pero que no quería someter al estado a procesos prolongados de juicio político.
EN SUMA, el Presidente Joe Biden demostró honor, y no proteccionismo e impunidad en favor de militantes de su partido acusados de la comisión de delitos graves, algo que en México está muy lejos de ejercerse, más aun cuando este Gobierno Federal y los Estatales emanados de MoReNa han hecho suyo el principio juarista de: a los amigos justicia y gracia, a los enemigos justicia a secas. En México queda claro que el fuero constitucional ya no puede ser considerado durante más tiempo como privilegio conferido a determinados servidores públicos; las responsabilidades que deben cumplir no deben ser omitidas, aun durante el periodo que dure su encargo, y la principal razón es no continuar salvaguardando al servidor público con la excusa de que se hace al cargo o por eventuales acusaciones sin fundamento. La inmunidad aludida en Octubre de 2019 con la nueva reforma permite un ejercicio de la acción penal más libre –por lo menos en la redacción-, y evita proteger a servidores públicos que han incurrido en algún delito. De esa manera, la figura vigente del fuero constitucional no promueve la responsabilidad pública, por lo que se debe modificar. No hay motivo por el que el servidor público quede protegido y se permita determinar si su conducta que le imputan constituye o no algún delito”.
EN CUANTO al artículo 111 constitucional, se precisa que, para proceder penalmente contra el Presidente de la República sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 110. En este supuesto, el Senado resolverá con base en la legislación penal aplicable. Sin duda, una reforma que en la práctica sigue sin ejercerse, pues actualmente un diputado Federal acusado de violación a dos menores, otros por enriquecimiento ilícito y un Fiscal denunciado por operaciones con recursos de procedencia ilícita siguen protegidos debido a los intereses de grupos parlamentarios. Nadie se atreve a poner en charola de plata las testas de sus correligionarios, a pesar del negativo mensaje que mandan a la sociedad de que en el poder, contra lo que diga AMLO, la impunidad sigue siendo la llave de los intocables. En la actualidad, con lo dispuesto por el artículo 111 constitucional, diputados federales y senadores de la República pueden ser procesados penalmente por la comisión de cualquier delito, para lo cual es necesario que sean sometidos al procedimiento comúnmente conocido como desafuero, en el cual la Cámara de Diputados debe declarar por el voto de la mayoría absoluta de sus integrantes presentes, si hay o no lugar a proceder contra el inculpado, y ahí es donde la puerca tuerce el rabo ya que interponen intereses de grupos y partidos, y la ley se la siguen pasando por el arco del triunfo. Así de simple se ejerce justicia en México. OPINA carjesus30@hotmail.com
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