PODRIAMOS NO coincidir en muchas cosas que, a fin de cuentas, al Presidente ni le van ni le vienen, pero comparto, sin duda, el llamado que Andrés Manuel López Obrador ha hecho a los funcionarios de su Gobierno y de otros partidos e, incluso, al sector privado y a todos los mexicanos sin distingos -a propósito de la detención y proceso de la ex Secretaria de Desarrollo Social, Territorial y Urbano, Rosario Robles Berlanga-: es necesario “apelar a la reflexión para resistir todas las tentaciones del poder y de buscar dinero fácil. Que le piensen bien. Porque, imagínense la vergüenza para un corrupto. Puede ser que con argucias y maniobras evadan la acción de la justicia, pero cada vez es mayor la condena social. Que legalmente no haya pruebas, pero en la calle, donde estudian sus hijos ¿qué culpa tienen de un papá corrupto? ¿Por qué deben cargar esa mancha que no se quita ni con el agua de todos los océanos?”. Y vaya que AMLO tiene razón, y ya la historia registra muchos casos en donde, por ambición desmedida o excesos de poder, ex Gobernantes terminan en prisión o condenados por la sociedad, y ahí está el caso de Javier Duarte de Ochoa que si bien podría salir muy pronto de la cárcel, ¿qué culpa tienen sus hijos y su familia de las atrocidades que cometió, y con qué cara sus descendientes buscarían aspirar a una posición?. Ejemplos para la posteridad quedaron muchos, y bastaría analizar los casos de Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari por solo citar algunos, cuyas descendencias quedaron marcadas por el infortunio. Aclaramos: no somos blancas palomas ni asustadizos y, mucho menos mojigatos, sin embargo, a pesar de la Cuarta Transformación se siguen viviendo muchos casos que en el pretérito costaron al PRI y al PAN ser bajados del poder, como la soberbia de funcionarios que tras obtener el voto popular ahora se rehúsan a atender al pueblo, y Veracruz es un caso que ni mandado a hacer, y ahí están los pensionados y jubilados a quienes el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez ni siquiera voltea a ver, y qué decir de grupos campesinos: cafetaleros, maiceros, citricultores, ganaderos que han tocado puertas sin que se abran.
DICE AMLO y dice bien que por tradición politiquera hay funcionarios que ven en el cargo la oportunidad para enriquecerse, tener bienes materiales, y a veces actúan como acomplejados, ya que inmediatamente compran o se mandan a construir mansiones, poseen carros de lujo y tienen a achichincles a su servicio e, insistimos: ojalá al Presidente le pasaran la película completa de lo que ocurre en el solar jarocho, donde hasta el funcionario de medio pelo trae dos y tres guardaespaldas con cargo al erario, y todos, absolutamente todos se transportan en lujosas suburban que tanto criticaban, algunas blindadas como la del Gobernador y los secretarios de Gobierno y Seguridad Pública que viajan precedidos de otras unidades, usando a policías que nos deberían resguardar a todos, y acaso por ello hasta las letras turísticas de Xalapa se roban a plena luz del día en el Parque Juárez, uno de los espacios donde el titular de la SSP presumió a policías montados para resguardar a la sociedad aunque, por lo visto, el programa de arranque fue tan solo una pose para la foto. En Veracruz hay nepotismo en casi todas las áreas de la administración pública, y en los tres poderes de Gobierno. Eso es secreto a voces y nadie hace ni dice nada, no al menos el Presidente que había prometido que semejantes prácticas estaban desterradas. También había dicho que las compras en lo oscurito estaban prohibidas y, sin embargo, el Gobierno de García Jiménez adquirió y en otros casos alquiló patrullas a precios exorbitantes y contrató medicamentos a las empresas del, ahora, ex súper delegado de Jalisco, Carlos Lomelí, lo que, entre otras cosas le costó el puesto al tapatío que ya había encontrado una forma de enriquecerse aprovechando su posición e incurriendo en conflicto de interés.
INSISTIMOS: NO somos mojigatos. Nos ha tocado ver –de cerca y de lejos, desde adentro y desde afuera- de todo, pero si hay una promesa de cambio que al menos en el ámbito nacional pareciera estarse cumpliendo, ¿por qué no cuidar a Estados como Veracruz donde el derroche en los viajes del Secretario de Gobierno son ya escandalosos, y el uso de helicópteros y aviones lo mismo?, y basta ver las bitácoras de vuelo a las que tuvimos acceso de manera subrepticia para percatarnos que aquí, la ley se hizo para violentarla, y que los MoReNos siguen tan soberbios o más que el Gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares –con quien no tuvimos trato comercial ni nada que se pareciera y, sin embargo, siempre fue cordial y atento a cualquier llamada-.
COMO EJEMPLO de que la austeridad en el Gobierno de Cuitláhuac García Jiménez se hace…pero en los bueyes de su compadre, está lo publicado este jueves en redes sociales por el colega Jair García en torno a los salarios que, para nada han sido equiparados a los del Presidente Andrés Manuel López Obrador, y que a continuación transcribimos textualmente, aclarando que los entre paréntesis son nuestros: “Del pasado mes de enero a la fecha, en que entró en vigor una Ley de Austeridad y una determinación a que nadie ganara más que el gobernador, muy pocos servidores públicos han cumplido. El gobernador Cuitláhuac García Jiménez percibe 76 mil pesos al mes, y entre quienes no aceptaron bajar su salario por debajo de ese monto están Alejandro Bonilla Bonilla, del Organismo Público Local Electoral, con 138 mil 697 pesos (y que acaso por ello se opone con todo a la desaparición del OPLE); la rectora de la Universidad Veracruzana, Sara Ladrón de Guevara, con 126 mil 364 pesos (aunque la casa de estudios superiores del Estado esté quebrada); el magistrado del Tejav, Pedro García Montañez, con 121 mil 387 pesos; la comisionada presidente del IVAI, Yolli García Álvarez (metida en escándalos de corrupción por su contralor), con 89 mil 159 pesos; el Fiscal General del Estado, Jorge Winckler Ortiz, con 85 mil 372 pesos (que aunque gana menos que AMLO sus percepciones superan a las del Gobernador), y la presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Namiko Matzumoto Benítez, con 80 mil 765 pesos. Los únicos dos titulares de un organismo autónomo con un sueldo por debajo del mandatario estatal son el auditor del Orfis, Antonio Portilla Vázquez con 74 mil 292 pesos (que ni necesita el salario dado los despachos contables que controla) y la presidente de la Ceapp, Ana Laura Pérez Mendoza, con 43 mil 555 pesos. De los diputados locales ni hablemos, pues gozan de sus 253 mil pesos al mes, mientras que los magistrados con 160 mil pesos al mes hasta se ampararon para evitar una reducción salarial”. Y por supuesto que le creemos a la investigación de Jair García, lo que nos hace dudar de la Cuarta Transformación, primero: porque a Cuitláhuac García Jiménez le importa poco lo que suceda en el estado ocupado como se encuentra en inventar nuevos pasos de salsa que le festinen sus corifeos y, segundo: porque el Presidente AMLO no puede ni podrá controlarlo todo, y en la medida en que reduzca salarios y prestaciones le harán lo que un secretario particular a cierto afamado Gobernador que se las daba de ranchero y muy macho: ándale viejo jij%&$ de la #)?¡. Por cada regaño que me des te agarro mil pesitos –de aquellos de los años setentas-, aunque aquí sería: por cada reducción salarial me despacho con una transa. Así de simple. OPINA carjesus30@hotmail.com
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