ENTRE ENERO y Julio del año en curso más de 400 policías han sido asesinado en el País, y no es sorpresa que los Estados con mayor incidencia sean Guanajuato, Guerrero, Estado de México, Chihuahua, Puebla, Jalisco y Veracruz, y aunque las autoridades tratan de esconder o minimizar los hechos, lo cierto es que en esta última Entidad pareciera un reto para el gobierno en turno que, a decir verdad, aun busca la cuadratura del círculo a esos los dos flagelos: inseguridad y violencia que han provocado el cierre de empresas y comercios, y han ahuyentado al turismo. Lo peor es cuando la delincuencia pierde el respeto a las instancias de seguridad, y sin mayores miramientos asesina a elementos policiacos a sabiendas de que no pasará nada, ya que ni el “fuchi” ni el “guacala” ha cuajado en el ánimo delincuencial y ni siquiera en las madres o abuelas de los malandros. Por ello el domingo, el ex comandante de la Policía Municipal de Tezonapa y Coordinador de la Secretaría de Seguridad Pública en Río Blanco, Jonathan Jesús Martínez García fue acribillado en pleno centro de este último municipio, a la vista de decenas de personas que hacían sus compras en la populosa Bodega Aurrerá ubicada en el Camino Nacional sin que el crimen haya hecho mella en el ánimo oficial. Según el parte informativo oficial de la SSP, la agresión fue reportada al Servicio de Emergencias 911 a las 12:07 horas de ese día: sujetos armados a bordo de una camioneta Ford Explorer color gris realizaron detonaciones en contra del vehículo Seat Toledo, color azul, con placas YEB956A del estado de Veracruz. Las versiones extraoficiales hablan de al menos 15 disparos en contra la humanidad del jefe policiaco cuyo cuerpo quedó tendido al lado del vehículo y, curiosamente, en esos momentos no había en los alrededores ni una sola patrulla o elementos policiacos pese a que el negocio es de los más concurridos.
EL AGREDIDO no era cualquier sujeto. Era un alto jefe policiaco que si bien no cayó en cumplimiento del deber ya que, tácitamente, fue venadeado, lo cierto es que se trata de un servidor público que merecería, mínimo, un reconocimiento del Gobierno en turno para alentar a otros uniformados que se sienten desprotegidos por la autoridad. Ciertamente, la violencia no es algo nuevo en la zona centro, y menos en Tezonapa en donde prestó servicios como comandante. Apenas en Mayo de este año, José Aurelio Ríos Avendaño, otro comandante de la policía municipal de Tezonapa y ex delegado de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) en Fortín fue privado de la libertad y asesinado entre la noche del jueves 9 y la madrugada del viernes 10 de ese mes. Ríos Avendaño había tomado el mando policial en Junio pasado, después del ataque armado que dejó cuatro uniformados municipales muertos en Laguna Chica, y con su muerte, para entonces, sumaban 11 los policías asesinados en Veracruz de Diciembre a Mayo. Por aquel crimen nadie dijo ni hizo nada, lo que seguramente alentó la impunidad de las bandas que al ver que asesinar a un policía no trae castigos, han continuado esa lesiva práctica que deja menores en la orfandad y viudas a quienes de paso se les regatea los seguros de vida de sus conyugues y alguna beca para que sigan estudiando los menores.
EN SEPTIEMBRE de este año, en menos de 24 horas fueron asesinados dos comandantes policiacos, uno -de la llamada Fuerza Civil- en Álamo a donde había acudido a visitar a su novia o pareja; otro sobre la carretera Córdoba-Paso del Pacho a la altura de Amatlán, y en ambos casos ni el Gobernador Cuitláhuac García Jiménez ni el Secretario de Seguridad Pública, Hugo Gutiérrez Maldonado (y mucho menos, el de Gobierno Eric Patrocinio Cisneros Burgos) dijeron nada, y mucho menos la flamante Fiscal Verónica Hernández Giadans que, con todo respeto, se ignora a que se dedica puesto que a la fecha no ha anunciado haber resuelto un solo feminicidio de los cientos ocurridos en el Estado que ha convertido en casi deporte asesinar mujeres. Ni una esquela, ni una condena, ni una fingida consternación y advertencia de que irán, hasta las últimas consecuencias, contra los ejecutores, lo que permite deducir que en Veracruz los elementos de seguridad son, para sus jefes, ciudadanos de tercera o cuarta. Hace poco comentamos en este espacio que en Mayo del año en curso, el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump dejó en claro que los criminales que matan a oficiales de la policía deberían ser condenados a la pena de muerte, reiterando de esta manera su demanda de un castigo más severo contra delincuentes. “Las emboscadas y ataques a nuestra policía deben terminar, y deben terminar ahora mismo”, aseveró Trump. “Creemos que los criminales que asesinan a oficiales de la policía deben, de forma inmediata y a través de un juicio, obtener la pena de muerte, pero rápidamente. El juicio debe ir rápido. Tiene que ser justo, pero tiene que ir rápido”. Y lo de Trump no son balandronadas, ya que de siempre, en aquella Nación a un policía se le respeta, porque son los garantes de la seguridad de los gobernados –sean buenos o malos como en todas partes-, pero en México, concretamente, en Veracruz, se regatea a los deudos, incluso, el seguro de vida, pensiones para la esposa y los hijos pequeños y el compromiso de que continúen sus estudios hasta la mayoría de edad.
VERACRUZ SE ha convertido en un pueblo sin ley, en donde los asesinados siguen a la orden del día, sobre todo de mujeres dando la impresión que no hay autoridades que coordinen la seguridad. Los elementos policiacos son enviados a las plazas comerciales –entre otras de Xalapa- a verificar si los vehículos estacionados son robados o se encuentran en regla, mientras que otros conforman retenes en avenidas principales de las ciudades para dar la impresión de que se está trabajando, mientras que la delincuencia de la periferia sigue haciendo de las suyas. Y es que, se quiera o no aceptar, las bandas delincuenciales no operan en el centro de la ciudad y las aparatosas revisiones son solo para aparentar que se trabaja y que los “jefes” ganen puntos, sin embargo, no hay resultados ni avances que demuestren, como dice el Gobernador, que la incidencia delictiva ha bajado hasta en 20 por ciento, y menos en municipios como Coatzacoalcos o Minatitlán, en la zona centro y hasta en la capital del Estado. Hay sin duda un alto grado de simulación, y lo peor es que se comienza a faltar al respeto a la policía, lo que a decir verdad es grave ya que si eso sucede, que le espera al ciudadano común atosigado con el cobro de piso que muchas veces acaba con la ejecución de quienes se niegan a pagar. Es evidente que las cosas no se están haciendo bien, y si no hay castigos ejemplares contra los ejecutores de policías las cosas se pondrán peor, más aun cuando el Gobierno del Estado sigue demostrando que matar a un policía no tiene la mayor importancia. OPINA carjesus30@hotmail.com
|
|