DE CARA al 2021 –cuando se renovarán la Cámara Federal de Diputados, el Congreso local y las 212 alcaldías del Estado-, en Veracruz comienzan a enturbiarse los escenarios políticos, de tal manera que mientras para algunos se está perpetrando una especie de persecución política cuyos daños colaterales alcanzan a partidos, para otros, de plano, el crimen es la salida, como ha ocurrido en las últimas dos semanas en Gutiérrez Zamora, donde la noche del 19 de Febrero fue asesinado el joven abogado Alberto René Cancino Álvarez, de 27 años, asesor y secretario del actual alcalde Wilman Monje Morales, y una promesa frustrada para la alcaldía de ese lugar. El cobarde atentado ocurrió cuando llegaba a su domicilio en la calle Azucena, donde sicarios lo esperaban para arrebatarle la existencia; fueron tres, cuatro o cinco balazos para confirmar que realmente había sido ejecutado. Era, como dijimos, un joven profesionista muy querido en su tierra por su don de gente de bien, atento y educado, y su muerte fue motivo de exigencias al Gobierno para que esclarecieran los hechos, pero han pasado 15 días de aquello y nadie sabe, nadie supo, qué fue lo que sucedió, quiénes pagaron para asesinarlo cuando, incluso, había montado un despacho consultor en la cabecera municipal que serviría de plataforma para sus proyectos futuros, truncados por mentes maquiavélicas y criminales porque, insistimos, Cancino se perfilaba para alcalde.
PERO ALGO está pasando en Gutiérrez Zamora, ya que la mañana de este jueves, José Ramón Pérez Cano, dirigente municipal del Partido Verde Ecologista de México en aquel municipio fue acribillado de dos balazos por la espalda cuando se encontraba en un negocio de filtros y lubricantes para autos ubicado frente al Parque Pinocho, a la entrada de esa ciudad, un sitio muy transitado que no obstante, fue el escenario para ese crimen que manda otra señal política negativa para el municipio y la región, ya que el político acribillado este día contaba con el apoyo no solo del Verde Ecologista para la alcaldía sino con el respaldo de priistas y otras fuerzas, e incluso para buscar una diputación local por aquel distrito, algo que fue malogrado por sus asesinos que, se supone, lo siguieron hasta el lugar para acribillarlo a mansalva y acto seguido darse a la fuga. Pérez Cano era esposo de la regidora segunda del municipio de Gutiérrez Zamora, Silviana Rodríguez Martínez, y con él suman 11 políticos asesinados en lo que va del sexenio de Cuitláhuac García Jiménez, ya que el 15 de Febrero en Acayucan fue acribillado el regidor de Sayula de Alemán, Héctor Velázquez Vázquez, ejecución que ocurrió casi enfrente de las instalaciones del PRI, partido por el que fue aspirante –junto con el PVEM- a la alcaldía de Sayula de Alemán. Al edil lo mataron dentro de su camioneta, y a diferencia de los funcionarios del Gobierno del Estado, no traía seguridad pese a que recientemente logró salvarse de un atentado que lo mantuvo retirado de sus actividades casi dos meses. Velázquez Vázquez era esposo de la juez municipal de Sayula, y como corolario baste decir que el primero de Febrero fue asesinado en la zona sur Jorge Baruch Custodio, ex alcalde panista de Soconusco.
BARUCH CUSTODIO fue alcalde en el periodo 2011-2013 y militaba en el Partido Acción Nacional (PAN). Al término de su mandato fue nombrado delegado de Sedesol en la región sur de Veracruz, aunque debe destacarse que era integrante de una familia política muy respetada en la zona, ya que su padre Jorge Baruch Márquez, también, fue alcalde del mismo municipio, al igual que sus hermanos Cuauhtémoc y José Francisco Baruch Custodio. Y si en Veracruz las cosas no van bien en política, a nivel nacional están en la misma tesitura que en el Estado, pues en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador han sido asesinados al menos 50 funcionarios, de los cuales ocho eran alcaldes y 20 ex alcaldes –28 en total-, ocho regidores, directores de alguna dependencia municipal, tres síndicos y otros cinco servidores públicos de diversas áreas.
ES INDISCUTIBLE que Veracruz está plagado de grupos fuera de la ley, pero los crímenes en muchos casos no son perpetrados por estos sino entre políticos, por la ambición del poder, como ocurrió el 24 de abril de 2019 cuando fueron acribillados la alcaldesa en funciones de Mixtla de Altamirano, Maricela Vallejo Orea, en la sierra de Zongolica, y con ella perecieron su esposo Efrén Zopiyactle Tlaxcaltecalt y su chofer Sabino García, y por esos hechos fueron detenidos la ex alcaldesa del mismo lugar, María Angélica Méndez Margarito, y su esposo, Ricardo Pérez Marcos, que fungió como síndico en la administración de Maricela, la munícipe quien perdió la vida al no someterse al cacicazgo de ambos ejecutores intelectuales que, para variar, militaban en el Partido Acción Nacional que en los últimos días se ha visto inmiscuido en actos de corrupción como los perpetrados por el alcalde y síndica de Actopan, Paulino Domínguez, y la Síndica, Jazmín Barradas, esta última ya detenida, ambos de filiación blanquiazul. Dicen los que saben que la persecución se extenderá a otros partidos, e incluso a ex aliados infieles como el diputado Erik Iván Aguilar López a quien le retiraron el fuero y ahora lo buscan, incluso, por agravios contra la encargada de la Fiscalía -y protegida de Eric Patrocinio Cisneros Burgos, secretario de Gobierno-, Verónica Hernández Giadáns.
OTROS CRÍMENES políticos perpetrados en tiempos de la administración cuitlahueca han sido en contra de Adalberto Moreno Lara, exalcalde de San Juan Evangelista, el 13 de febrero de 2019, cuando fue emboscado muy cerca de la congregación de Juanita. También se recuerda el asesinato de Lauro Ávila Mena, alcalde suplente de Atoyac, privado de su libertad durante 19 días a partir del 15 de Abril de 2019 y encontrado muerto. El año pasado, pero el 21 de Julio, fue asesinado, también, el expresidente municipal de Yecuatla, Rogelio Ayala Palomino, tras ser secuestrado cuando viajaba en una motocicleta, y en ese tenor se circunscriben el crimen contra el diputado local del PRI, Juan Carlos Molina Palacios, acribillado el 9 de Noviembre de 2019 en su rancho Santa Rosalía ubicado en el municipio de Medellín de Bravo, o el crimen de Pedro Muñoz Mora, exalcalde de Omealca, asesinado el 11 de Diciembre de 2019, o la ejecución del tres veces alcalde de Paso del Macho, Rafael Pacheco Molina, hechos ocurridos el 16 de Diciembre en su tierra natal y a unos metros del Palacio Municipal. Si a lo anterior se suma la persecución política, incluso, contra medios de comunicación y empresarios, como ocurre en Córdoba, donde Eric Patrocinio Cisneros Burgos acusa ligeramente a los hombres del dinero, incluidos empresarios periodísticos de proteger a grupos fuera de la ley y de promover la violencia, claro, sin aportar pruebas y solo acusando en defensa de su protegida, la nefasta alcaldesa Leticia López Landeros, la situación está que arde en el Estado y amenaza convertirse en un infierno que terminará por quemar a muchos. Al tiempo. OPINA carjesus30@hotmail.com
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