POR SI quedaban dudas en torno a los procesos penales que aún tiene pendientes el ex Gobernador Javier Duarte de Ochoa en Veracruz, la reciente detención el pasado domingo del ex Secretario de Finanzas en la parte final de esa administración, Antonio Gómez Pelegrín, quien había conseguido ampararse en Mayo pasado para evitar que se ejecutara la orden de captura en su contra, y el dictamen del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que ordena a Mauricio Martín Audirac Murillo, también, ex Secretario de Finanzas con Duarte, que devuelva 944 millones 398 mil pesos al erario, pues el ex funcionario, según el órgano de justicia Federal, ocasionó un daño a la Hacienda Pública por ese monto derivado de irregularidades en el pago de la nómina a maestros de la Entidad, fueron solo un aviso a quien busca beneficios para acortar su sentencia y salir de la cárcel en menor tiempo del fijado. Y es que ahora, independientemente de los dos primeros, el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa, Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez vinculó a proceso a otros cuatro exfuncionarios duartistas por desvió de 2 mil millones de pesos aportados por SEP, todos ellos, también, del área de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), aunque hay quienes aseguran que en Veracruz, al procesar a los ex colaboradores de Duarte de Ochoa solo se le estarían allanando el camino rompiendo el hilo por lo más delgado, a fin de proteger al ex mandatario que, por otra parte, trascendió que fue pieza fundamental en el financiamiento de la primera campaña de Cuitláhuac García Jiménez a la Gubernatura del Estado, cuando perdió ante Miguel Ángel Yunes Linares.
COMO BIEN se recuerda, la Auditoria Superior de la Federación practicó más de 300 auditorías de distinta índole al gobierno de Duarte de Ochoa, de tal suerte que fueron detectados probables malos manejos por 96 mil millones de pesos, y de ese total las autoridades estatales consiguieron esclarecer (o en su defecto reponer) 34 mil, apenas la tercera parte del monto total observado. Ello revela que hay 62 mil 38 millones de pesos cuyo destino y correcta utilización se desconoce hasta el momento, y que forma parte de procesos abiertos por la Fiscalía que por el momento guarda sepulcral silencio. Del monto anterior, 18 mil 314 millones corresponden a la cuenta pública de 2016 (año en que hubo elecciones locales que perdió Cuitláhuac pese al respaldo Estatal), y 15 mil 682 millones son de 2014. Se trata de los años con mayores desfalcos reportados. Como resultado de las revisiones practicadas, los auditores identificaron por lo menos 412 movimientos o hechos posiblemente fraudulentos en esa administración, desde subejercicios y pagos no autorizados hasta transferencias ilegales de los recursos federales, y en ese contexto, cuatro exfuncionarios del gobierno de Duarte de Ochoa del área de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) fueron vinculados a proceso penal la noche del 27 de este mes por un presunto desvío de 2 mil millones de pesos aportados por la Secretaría de Educación Pública (SEP) al gobierno de Veracruz en el 2012.
LO QUE llama la atención del juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Xalapa, Francisco Enrique Manuel Negrete Márquez, es que desechó el imponerles la medida cautelar de prisión preventiva solicitada por los fiscales, porque los imputados siempre han concurrido a las audiencias, según argumentó, lo que hace sospechar que se está allanando el camino a Duarte de Ochoa para que tenga un proceso terso cuando abandone el reclusorio Norte y enfrente los pendientes. Por lo pronto, los procesados son: Tomás José Ruiz González y Fernando Charleston Hernández, ex Secretarios de Finanzas; así como Gabriel Deantes Ramos, ex subsecretario de Finanzas y José Francisco Díaz Valenzuela, ex subdirector de Operación Financiera de la Sefiplan. De acuerdo con lo publicado por el diario Reforma, el juez procesó a los cuatro ex funcionarios por el delito de peculado y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria, siendo este, hasta ahora el presunto desvío de mayor cuantía que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva ante los tribunales contra ex colaboradores del ex Gobernador de Veracruz, preso en el Reclusorio Norte.
LA AUDIENCIA de imputación inició a las 8:00 de la mañana del miércoles y concluyó a las 21:30 horas, y en la misma los fiscales federales Rodrigo Arellano Sandoval y Gilberto Salazar Aguilar atribuyeron a los ex funcionarios haber tenido bajo su administración y desviado 2 mil millones de pesos, derivados de la “Solicitud y Entrega de Apoyos Financieros Extraordinarios No Regularizables”, del 12 de diciembre de 2012. Estos recursos fueron aportados por la Federación con base en el Convenio de Apoyo Financiero celebrado por la Secretaría de Educación Pública con el Gobierno de Veracruz. Formalmente, el Gobierno de Duarte de Ochoa tramitó la solicitud del financiamiento como un apoyo para solventar gastos inherentes a la operación y prestación de servicios en educación en el Estado, con base en la disponibilidad presupuestaria del ejercicio fiscal 2012. De acuerdo con los informes recabados, esa nueva imputación judicializada tiene su origen en una denuncia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y en los testimonios rendidos por Tarek Abdalá, ex Tesorero de Duarte y hoy testigo colaborador de la FGR. Tarek Abdalá presuntamente estuvo relacionado con el desvío de 57 mil millones de pesos en el Gobierno de Javier Duarte, y por tal motivo se le iniciaron 11 averiguaciones previas y 32 carpetas de investigación, por lo cual se le giró orden de aprehensión, pero el 31 de octubre de 2018 consiguió la inmunidad penal al negociar un criterio de oportunidad con la FGR para colaborar en los juicios contra otros imputados.
TAREK ABDALÁ asegura que por órdenes de Javier Duarte, la Sefiplan de Veracruz omitió información en los estados financieros para no romper sus acuerdos con bancos y acreedores, ocultó déficits presupuestarios y reportó ahorros netos inexistentes. En la cuenta pública consolidada del año 2011 se había establecido que existía un ahorro neto del ejercicio que ascendía a 2 mil 699 millones 141 mil 7 pesos, cuando en realidad existía un déficit presupuestario de aproximadamente 12 mil millones de pesos anuales. Con base en sus dichos y las denuncias de la ASF, en breve la FGR presentará nuevas imputaciones contra diversos ex funcionarios duartistas. El delito imputado a los cuatro procesados se castiga con una pena que va desde los 2 años y 8 meses de prisión hasta los 18 años con 8 meses de prisión debido al monto, y porque se trata de aportaciones federales, según la fracción primera del artículo 223 del Código Penal Federal, pero estos protegidos ex funcionarios gozan de cabal salud, y ojalá no sea el caso de Duarte cuando deje la cárcel y enfrente sus pendientes en Veracruz. OPINA carjesus30@hotmail.com
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