Con solidaridad y respeto a Cuitláhuac García Jiménez, Eric Patrocinio Cisneros Burgos, Ricardo Ahued Bardahuil y Rafael Hernández Villalpando
En política no mata perder, mata el ridículo. En mi opinión, en términos de legitimidad, AMLO llegó a la presidencia de la República en una posición diametralmente distinta a la de Felipe Calderón Hinojosa.
El estudioso Luis Astorga apunta en sus conclusiones que el "antiguo poder de regulación del Estado" frente a las organizaciones criminales "había perdido fuerza y eficacia en la misma medida en que se transitaba del monopolio a la pluralidad del poder político".
Pero para construir una política de seguridad de Estado se requiere tener en cuenta la añeja debilidad institucional en policías pero no sólo en ese campo, la vulnerabilidad añadida con las alternancias, y la metamorfosis que han vivido las organizaciones criminales, que no sólo ya van más allá del negocio de los enervantes sino que, advierte Astorga, se llegan a constituir en grupos paramilitares que disputan al Estado las rentas de negocios lícitos.
No cabe duda que frente a este panorama, AMLO ha optado por crear por un lado una Guardia Nacional y militarizada y, por otro, un discurso preventivo basado en programas sociales; pero su política de seguridad no está cimentada mediante un acuerdo nacional explícito e incluyente.
AMLO tienta al destino al creer que la legitimidad de su movimiento sobra para lograr la contención efectiva de los criminales.
Comete un grave error si cree que puede pasar por encima de opositores a la hora de determinar unilateralmente un diálogo de la Federación, con grupos armados.
Ojalá el Presidente de los mexicanos busque todos los apoyos posibles para enfrentar ese mal.
Sería una paradoja de terribles consecuencias para México que AMLO le pasara lo mismito que a Calderón: que su reputación, tan revestida de legitimidad, se viera tragada por el baño de sangre que no supo contener.
Como lo he comentado en anteriores opiniones, históricamente, se ha entendido a la oposición como el conjunto de grupos, partidos, cuerpos legislativos o cuerpos deliberantes que impugnan las actuaciones y propuestas de gobierno.
La oposición, la ejercen quienes están en el sector contrario al poder establecido o dominante.
El derecho a la oposición no ha existido siempre y por eso hay que defenderlo y fortalecerlo democráticamente.
Ricardo Haro, en su libro Constitución Poder y Control, señala que la oposición política es de vital trascendencia. Aquí está en juego la legitimidad del sistema y de la oposición en el sistema, porque la oposición es "en la democracia" y no "contra la democracia"; es para promoverla y ayudarla, y no para sofocarla y distorsionarla.
La oposición funcionará como contestaría, no del sistema democrático, sino del gobierno.
Un gobierno sin oposición corre el riesgo de convertirse en un gobierno tiránico, que aplasta a las minorías perdiéndose el equilibrio en la representación política y en las relaciones del poder.
Se debe gobernar con la oposición y las minorías, no a pesar de ellas.
Nadie está en el poder para siempre.
La alternancia es parte de la democracia, el gobierno pasa a ser oposición y la oposición pasa a ser gobierno.
La oposición es un componente básico del funcionamiento de las democracias pluralistas.
Una legítima oposición democrática asegura que el gobierno haga las cosas con argumentos y lo mejor posible, sin usar la descalificación y el descrédito.
La oposición también debe cooperar con el gobierno y buscar influir en el mismo, apoyando las acciones o planes que coincidan con sus propuestas.
Y retomando el inicio de esta columna, reza un conocido refrán "No es que no puedan ver la solución, es que no pueden ver el problema" en sí entonces es aquello que impide o complica el logro de algo la existencia de una situación desagradable y que puede llegar a agravarse.
Desde 2009, la Seguridad Ciudadana y la prevención social del delito emergieron en México como el paradigma contrapuesto a la estrategia de combate del delito, mediante el uso de la fuerza del Estado.
La propuesta de amnistía encontró un fuerte rechazo, toda vez que no ofrece a las víctimas de la delincuencia la justicia tan anhelada como postergada, tampoco el conocimiento de la verdad, la reparación del daño ni condiciones de no repetición de los hechos, menos les ofrece medidas para lidiar con la pérdida, el dolor y el miedo.
A pesar de los esfuerzos que ha representado la transición hacia un sistema penal garantista que pudiera ayudar a despresurizar esos reclamos, el nuevo modelo acusatorio se encuentra en entredicho.
A nivel de tierra, el acceso a la justicia parece imposible.
Los ciudadanos no perciben cambios con relación al anterior modelo inquisitorio.
Al menos 4 factores inciden en ello, uno es el abuso de la prisión preventiva oficiosa impuesta sin importar la gravedad del delito, tal como lo señaló Héctor Gutiérrez de la Garza, el uso de la prisión preventiva " representa un aparente pero expontáneo, éxito de la investigación, retrasando la famosa puerta giratoria", sin embargo, no produce justicia, al contrario, resulta, en muchos de los casos violatoria de dos principios que distinguen al nuevo modelo acusatorio: la presunción de inocencia y el respeto al debido proceso, resultando su aplicación indebida, exorbitada, injusta y costosa.
Otro factor son los niveles de impunidad que prevalecen en el país, el 93.2% de los delitos no se denuncian.
De lo anterior da cuenta claramente Francisco Javier Martínez, al señalar que el objetivo que se propuso en el actual gobierno es abatir la impunidad y la cifra negra delictiva.
Un tercer factor es la condición periférica o de "frontera".
Finalmente, a ello se suma el poco valor que la población le otorga la ley.
Tal como señala Aguilar Camín, a la construcción de este imaginario colectivo ha contribuido significativamente la falta de consenso sobre el contenido de las leyes, sin importar si éstas emanan de procesos formales.
Siempre existe la posibilidad de evadir la ley en lugar de obedecer su mandato.
La ley es negociable y siempre maleable.
El tiempo pasa y es inflexible, no acepta ni escucha lamentos de quienes no supieron vivir el momento.
Difícil no estar de acuerdo con los postulados de AMLO, para combatir corrupción, beneficiar a los pobres, aumentar el salario mínimo, apoyar a los jóvenes, honrar su palabra, imponer una austeridad que borre excesos, buscar opciones como Guardia Nacional contra inseguridad.
Su popularidad aún se mantiene en altos niveles.
Insiste en que el país saldrá adelante y que los mexicanos están felices con su gobierno.
El bono democrático aún es muy alto y se retroalimenta cotidianamente con las mañaneras.
Comunicar es sin duda una de las fortalezas de AMLO, con su muy particularidad forma disuasiva. No dudo que sus intenciones sean realmente impulsar un desarrollo más equilibrado entre regiones y población.
Muchos lo han intentado, lo que hoy cambia es el método. La realidad es necia.
Pese a todo no crecemos.
Aún cuando se anunciaron más de 400 mil millones de pesos para proyectos de infraestructura en asociación con el sector privado, es fecha que no sabemos de ninguno que sea trascendente aún si fuera regional.
Generar confianza entre inversionistas requiere de certeza, de apego a la legalidad, de transparencia. Si bien permanece inversión extranjera, en parte porque pagamos las más altas tasas de intereses de Latinoamérica.
Disminuye nuestra capacidad de reacción frente a choques económicos del extranjero y revela que la recaudación no fue la esperada, pese al subejercicio del gasto.
El discurso del primero de septiembre fue triunfalista, lo cual no sorprende.
Dio por satisfecho su administración.
Dijo que gracias a los apoyos sociales hay más gasto y se activa mercado interno, Pero estos paliativos no combaten el fondo del problema de la pobreza.
Una política social que no rompe causas de miseria, sólo la prolonga.
En el Presupuesto de 2020 que próximamente se conocerá, podremos realmente evaluar si las metas y los programas para mejorar calidad de vida de la población son adecuadas y alcanzables.
Ya no podrá, reconoce AMLO, seguir mirando hacia atrás en busca de culpas.
Si bien entiende la necesidad de mantener finanzas públicas sanas, los márgenes se estrechan. La realidad es única.
No hay manera de escapar de ella.
Si bien AMLO busca privilegiar lo político sobre lo económico, este binomio debe mantener equilibrios porque las leyes del mercado no conocen de ideologías.
Además hay que recordar que en México el 70% de la economía se genera en el sector privado, sólo el 30% lo hace el sector público, la mayor parte a través de sus empresas productivas, hoy también en riesgo.
AMLO llegó a su Primer Informe de Gobierno, todavía cargado con buena parte de la fuerza simbólica del presidencialismo de toda la vida, con una colección nutrida de varias peleas reales y otros tantos rounds de sombra.
Nos hace falta servidores públicos de carrera que permanezcan en sus puestos por méritos y no por pertenencia a un grupo político que toma el poder.
Y recuerde por denominación religiosa, al Presidente lo aprueba el 66% de los católicos, el 85% de los cristianos evangélicos y el 54% de quienes no profesa ninguna religión.
Además, la aprobación supera el 70% entre quienes asisten a servicios religiosos con frecuencia, y cae a 60% entre quienes no van nunca a las iglesias, congregaciones o templos.
Así los públicos más afines al Presidente. |
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